47% de los comercios saqueados en 2017 en Zulia y Carabobo no volvió abrir

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad) informó que casi la mitad de los comercios –afiliados a las cámaras de los estados Carabobo y Zulia– que fueron saqueados durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro durante 2017, no volvieron abrir.

47% de los comercios saqueados en 2017 en Zulia y Carabobo no volvió abrir

Tiziana Polesel, presidente de la organización, indicó que a los comerciantes se les hizo difícil recuperar el negocio, entre otros aspectos, por los costos de las pólizas de seguro.
Destacó la importancia del sector comercio en la disminuida actividad económica privada venezolana, ya que 91% de la población ocupada trabaja en el sector del comercio y los servicios, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2017.
El comercio –tras 12 años de ataque a la propiedad privada– se ha convertido en el blanco de las actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro, afectando principalmente a establecimientos dedicados a la venta de alimentos.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) es el brazo ejecutor de las medidas violatorias de la propiedad privada, señala un estudio del Observatorio de los Derechos de Propiedad (ODP), de Cedice, que documentó los casos del año pasado, lapso en el cual el número de fiscalizaciones escaló a 9.341, por encima del promedio totalizado para el período 2005-2016 de 7.085.
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Ene 2017, hubo un total de 1.189 saqueos en todo el país, de los cuales 1.182 se registraron entre abril y julio, al calor de las manifestaciones de calle contra el jefe de Estado.
Ana María Carrasco, investigadora del ODP, afirmó que las fiscalizaciones son estacionales. Se dieron justo antes de un proceso electoral, de acuerdo con el comportamiento observado mes a mes en 2017.
En los casos de febrero y marzo, cuando hubo picos en las fiscalizaciones, respondieron a las inspecciones que se hicieron a las panaderías, tras la denuncia del gobierno de una supuesta «guerra del pan», que provocó la toma de algunos de esos comercios por parte de la Sundde y que las entregó a consejos comunales.
 
En total, el año pasado se dieron 11.852 violaciones de la propiedad privada, de acuerdo con el levantamiento de la información.
Las fiscalizaciones se han extendido a lo largo del país desde noviembre de 2013 –con el llamado Dakazo– y cada noviembre y diciembre hasta ahora, enfocadas a tiendas de ropa y calzado, juguetes y alimentos, rubros vinculados a la temporada navideña, dijo Fanny Maggliore, también investigadora del Observatorio de los Derechos de Propiedad.
Desde entonces ha sido la Sundde el organismo que ha estado al frente de las fiscalizaciones del «control del hambre», como lo denominó Cedice, mientras que entre 2005 y 2013 las medidas violatorias de la propiedad privada estuvieron centradas en la «guerra al latifundio» a cargo del Instituto Nacional de Tierras (INTI), con expropiaciones, confiscaciones o intervenciones de terrenos y de organismos al frente de la Gran Misión Vivienda Venezuela con la toma de terrenos urbanos para la construcción de unidades habitacionales.
El Observatorio de Derechos de Propiedad identifica 11 formas de afectación al derecho de propiedad, pero bien podrían incluir otras que se han sumado en los últimos meses como el «chantaje», dijo Maggliore para referirse a la situación que viven productores del campo tras haber participado en «el tractorazo». Esto fue parte de las protestas que se activaron en 2017 contra el gobierno de Maduro y por la cual las autoridades anunciaron la expropiación de nueve fincas, aunque en la práctica el procedimiento no se ha cerrado.
Todo esto lleva a Carrasco a concluir que «la propiedad privada está abolida de hecho».
 
 
 
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