Economía

800 trabajadores afectados por orden judicial contra Hermo de Venezuela

Una orden judicial paralizó la planta de Hermo de Venezuela ubicada en Santa Teresa del Tuy, atendiendo una demanda por contaminación ambiental interpuesta por las sociedades mercantiles Pulilavado V.I.P., C.A., Consorcio Imaca S.A., e Ingeniería M.A. C.A., representadas por el abogado Francisco Lepore Giron.

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En respuesta a la demanda de febrero de 2014, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital ordenó la ocupación y paralización de la planta de producción de Hermo de Venezuela, medida que se ejecutó en la tarde del viernes 3 de octubre. Más de 800 trabajadores a nivel nacional se ven afectados con la decisión adoptada por el tribunal la semana pasada.
La instalación es la única de su naturaleza que Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela mantiene en el país. Cuenta con tres agencias en Valencia, Barcelona y Maracaibo y dos centros de distribución en las dos últimas ciudades mencionadas.
De acuerdo con una fuente vinculada a la empresa, “desde el viernes en la tarde se está sacando la producción de materia cárnica descongelada para que no se dañara, lo cual se hará hasta mañana”.
En un comunicado Hermo de Venezuela fijó posición señalando que ha cumplido con los estándares permitido:
– Paralizar la planta de Santa Teresa por razones de emisión de H2S (ácido sulfídrico) no tiene asideros jurídicos ni técnicos, pues nuestras emisiones siempre han estado en el rango permitido por las normas vigentes y en la actualidad están en “cero”.
– Dentro de nuestra política de proteger el medio ambiente, desde hace 12 meses se ha introducido ante el Ministerio del Ambiente, una solicitud de adecuación de nuestra planta de tratamiento, con un plan de inversiones asociado superior a los 72 millones de bolívares. Estamos en espera de la respectiva aprobación de dicho plan de adecuación.
– En el juicio que antecedió la decisión, el juez de la causa no ha permitido que la empresa participe, violándose el Debido Proceso. La realidad es que se está utilizado la jurisdicción Contenciosa y la buena fe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (GNB) para resolver un conflicto de interés económico entre dos particulares.
– Hemos participado activamente en todas las reuniones relacionadas con las políticas de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria convocadas por la Vicepresidencia de la República. Durante todo el año hemos logrado abastecer el mercado a plena satisfacción, produciendo a nuestra máxima capacidad.
– Paralizar la planta de Santa Teresa significa detener la compra de más de 5.000 toneladas de materia cárnica (pollo, pavo, res y cerdo), toda 100% producción nacional, las cuales se transformarían en más de 7.000 toneladas de productos elaborados en favor de la familia venezolana.
– Con esta orden de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, estos requerimientos de compra de materia prima cárnica, deben ser suspendidos de inmediato, debido a la naturaleza en “cadena” del proceso productivo implícito: se paraliza la compra de insumos y se paraliza el abastecimiento del mercado.
– Hermo representa una fuente segura y confiable de suministro de alimentos cárnicos para más de 6.500 de puntos de ventas en todo el país y, de manera especial, para la cadena de comercialización del Estado (Pdval, Casa, Bicentenario), instituciones que esperan de nosotros y sin intermediación alguna, la entrega de más de 7.000 toneladas de productos para los meses octubre -diciembre.
– De mantenerse la paralización, será imposible cumplir con esta entrega. Para este viernes 3 de octubre los inventarios existentes apenas alcanzan las 400 toneladas, máximo 5 días de demanda del mercado nacional.
– De no ocurrir una revisión de esta medida y si se mantiene la paralización de la planta, se estaría afectando a más de 800 trabajadores. Somos la principal fuente de empleo estable y seguro de Santa Teresa del Tuy. Somos, a la vez, la principal empresa en el desarrollo de programas de RSE en la zona, logrando la capacitación de más de 2.000 personas en los últimos cuatro años.
– Informamos a todos nuestros proveedores y clientes que estamos haciendo todos los esfuerzos constitucionales y legales para que esta medida sea revocada de inmediato, por atentar contra las políticas de soberanía y seguridad alimentarias.]]>

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