La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) introdujo una demanda colectiva contra la junta administradora de la empresa y la Vicepresidencia de la República, en un intento para que se restituyan los derechos de los afectados por la estafa del concesionario La Venezolana, luego de más de dos años sin recibir respuesta alguna de las autoridades que se comprometieron a resarcir los daños.
La demanda busca que se clarifique el destino y uso que se darán a los recursos que fueron confiscados en mayo de 2014, cuando el gobierno nacional ordenó la intervención de la venta de autos que estafó a cerca de 7.200 personas, quienes cancelaron iniciales de al menos 30% de valor de vehículos chinos que nunca fueron entregados.
“Queremos que se precise qué pasó con los 162 autos que fueron incautados al momento de la intervención, las 40 camionetas blindadas que pertenecían a los propietarios del concesionario y los recursos en efectivo y en dólares que se supone pasaron a manos de la junta interventora”, precisó Roberto León Parilli, presidente de Anauco.
Con los recursos el vocero se refiere a los 991 millones de bolívares depositados en las cuentas de La Venezolana correspondientes a los aportes de los embaucados compradores, así como un millón de dólares colocados en la sucursal del banco venezolano Banesco en Panamá, además de los fondos entregados a la empresa Kawei, encargada de la compra de los vehículos de las marcas Brillances y Zotye; fondo que se cree podrían ascender hasta 4 millones de dólares.
“Creemos que tenemos buenas perspectivas de dar alguna respuesta a los afectados”, dijo León Parilli tras informar que este miércoles se logró concretar la firma de unos 1.500 afectados, aunque se espera que en los próximos días se sume el resto de los estafados.
– Guiso sobre guiso –
Todas las acciones que se van a ejecutar tienen como centro la Vicepresidencia de la República, ente al cual el presidente Nicolás Maduro encargó en 2014 tomar las riendas del caso. Para ese entonces, el despacho de Carmelitas era ocupado por Jorge Arreaza, quien según los afectados hizo todo lo posible por no dar una respuesta.
“La Vicepresidencia nunca nos dio respuesta. Cuando las acciones estaban a punto de concretarse, cambiaban a los funcionarios y los nuevos comenzaban de cero todo el proceso. Por eso se decidió llevar el caso hasta el Tribunal Supremo de Justicia”, señaló María Teresa Camargo, afectadas y quien por algún tiempo fungió como abogada del grupo.
De hecho fue así. Tras la intervención, se nombró una junta administradora ad hoc que debía dar cuenta de los bienes patrimoniales de la empresa y dar alguna respuesta a los afectados, pero la junta renunció sin ningún resultado. La siguiente junta reinició el proceso y cuando ya estaban planteadas algunas alternativas, cambios en la Vicepresidencia echaron por tierra todo lo andado, entre eso el sexto censo de los afectados.
Lo cierto es que los 200 vehículos incautados se encuentran circulando por todo el país y no justamente en manos de afectados por la estafa, mientras se desconoce el destino de los fondos en bolívares y en dólares.
“Nunca hubo voluntad política para resolver nuestro caso”, comenta Nayibe Ortiz, otra afectada, quien recuerda que durante la vicepresidencia de Arreaza se alcanzó un acuerdo para la entrega de vehículos del programa Venezuela Productiva Automotriz a los afectados que estuvieran dispuestos a esperar su turno (se entregarían 100 unidades mensuales) o se devolvería el dinero aportado.
“Pero el punto de cuenta nunca fue llevado al presidente Maduro para su aprobación. Nunca salió de la gaveta de Arreaza”, comenta Ortiz, quien señaló que para dar personalidad jurídica al reclamo colectivo se creó la Asociación Civil Por Defensa de los Estafados del Concesionario La Venezolana, que otorgó poderes a Anauco para que los represente en la acción civil y penal emprendida.
– Oferta chimba –
En noviembre pasado, y al calor de la contienda electoral del venidero 6 de diciembre, la Vicepresidencia planteó a los afectados una tercera alternativa que no contemplaba ni la devolución del dinero ni entrega del auto. En su lugar se daría prioridad a los interesados en comprar un auto Chery Arauca ensamblado en el país.
Obviamente, los interesados tendrían que cancelar 100% del monto del auto, y la única garantía que tenían era la promesa de una rápida asignación del cupo a través de Venezuela Productiva Automotriz para la entrega de 100 autos al mes.
Unos 100 afectados mostraron su disposición a aceptar el leonino contrato, quienes disfrutarían de su cero kilómetro antes de diciembre. Pero en la práctica solo se entregaron 69 unidades, pues aunque se asignaron los 100 vehículos, más de 30 fueron adquiridos por compradores externos al grupo de afectados. “Aquí alguien se enriqueció con esta acción”, destacó otro estafado que prefirió el anonimato.
De cualquier manera, la propuesta tuvo una vida fugaz y después de las elecciones parlamentarias se paralizó la entrega de vehículos, sin que a la fecha los afectados hayan recibido algún otro planteamiento de las autoridades.
Para los consumidores de energía, la situación sería más cómoda en 2022 respecto a este 2021 de fuertes alzas cuando el mercado estuvo bajo presión una producción aún limitada frente a las necesidades de la recuperación económica mundial. En próximos meses países de la OPEP y fuera de ella van aumentar su producción con fuerza.
De 0,7 dólares al momento de su lanzamiento, la moneda pasó a valer el lunes hasta 2.856 dólares. Ahora, su valor se fue a pique el martes (0,003). El sitio web de la moneda está fuera de línea y las redes sociales fueron cerradas
En todo el mundo, el crecimiento de la demanda será importante en los años venideros pero disminuirá progresivamente y se estancará en torno a 2035.
