El gobierno de Pedro Sánchez decidió bajar el IVA al servicio eléctrico a una tasa de 5%, para contrarrestar un poco la inflación por causa de la guerra en Ucrania. No detalló cuánto durará esta medida
El gobierno de España anunció el miércoles 22 de junio una nueva baja del IVA sobre la electricidad, con un tope de 5%, para limitar el impacto de la inflación récord exacerbada por la guerra en Ucrania.
«Hace un año rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10%. En el próximo consejo de ministros lo reduciremos del 10 al 5% para proteger a la ciudadanía de los efectos de la guerra», declaró en el Parlamento el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sin precisar la duración de la medida.
Esto es un intento por disminuir el impacto que el alza en los precios del servicio eléctrico ha tenido en la población. Sin embargo, la inflación es tan alta que, aun disminuyendo el IVA, afecta enormemente las economías familiares.
El gobierno debe adoptar otras medidas el sábado en un consejo de ministros extraordinario, con el fin de atenuar los efectos de la inflación, que en mayo llegó a 8,7% a ritmo interanual.
Lo que se espera en España
El ejecutivo no ha precisado qué otras medidas tomará el sábado. Pero hay algunas pistas, avanzadas sobre todo por la izquierda radical de Podemos, socio minoritario de los socialistas en el gobierno de coalición.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso una reducción del 50% del precio de los abonos para el transporte público y un cheque de 300 euros para las familias más vulnerables, tal y «como se ha puesto en marcha en Francia».
«La inflación está golpeando a las familias», tuiteó la ministra comunista.
Para financiar estas medidas, varios ministros han hablado de la posibilidad de instaurar un impuesto extraordinario a las empresas energéticas, cuyos beneficios aumentaron fuertemente el año pasado, como han hecho otros países europeos en los últimos meses.
Sería una decisión de «justicia», pero hay que ver «de qué manera lo podemos hacer mejor», dijo el martes la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, quien esbozó la posibilidad de aplicarlo en el próximo ejercicio fiscal, a principios de 2023.
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