Economía

Crisis económica quedó fuera del debate constituyente a tres meses de gestión

Durante las deliberaciones en la Asamblea Nacional Constituyente realizadas en su primer trimestre de gestión, aún no se han tomado decisiones en torno a la materia económica, tema que sus constituyentes prometieron en sus inicios. Ni siquiera el proyecto de presupuesto de 2018, entregado el 13 de octubre, ha sido discutido.

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Asamblea Nacional Constituyente
Foto: AVN | Archivo

«En las próximas horas habrá acciones importantes de la Asamblea Constituyente contra la guerra económica (…) se tomarán decisiones en relación con la estabilización de los precios», afirmaron varios de los 545 constituyentes tras la instalación de la ANC el 4 de agosto.

Pero a tres meses de su elección (31 de julio) aún no se han discutido las primeras leyes económicas ni se han tomado decisiones para tomar nuevas medidas que frenen la inflación y el precio de la divisa en el mercado paralelo, incremente la producción local y aumente el empleo formal.

Esta falta de acciones en materia económica ya tuvo las primeras críticas de los propios constituyentes y a su vez, consecuencias. El primer vicepresidente de la ANC, Isaías Rodríguez, denunció que esta instancia política no había analizado aún los principales problemas económicos del país. Tras sus declaraciones fue sacado de la directiva en una votación pública propuesta por Pedro Carreño.

El también constituyente David Paravisini declaró recientemente que la Comisión de Economía de la ANC, se encuentra en una «situación de indefensión» debido a la ausencia de información con respecto a las decisiones que pretende tomar la directiva y, aseguró que se niega a incluir en la agenda el debate sobre política económica.

Apenas este martes se aprobó la primera legislación: Ley de Creación del Consorcio Agroalimentario del Sur (Agrosur), con la que se busca la coordinación nacional para incentivar la producción de 20 rubros considerados prioritarios por el gobierno. Este miércoles, el constituyente Jesús Faría afirmó que se trabaja en la implementación de un programa económico «que atienda cada uno de los aspectos que están incidiendo en el tema cambiario».

Cuando el presidente Nicolás Maduro convocó la Asamblea Nacional Constituyente, enfantizó en que el objetivo de esta instancia además de redactar una nueva Constitución y reestructurar el Estado, abordaría la crisis económica, a la que se daría respuestas. La ANC se ha sumido en el debate político y el económico ha estado ausente.

– Las leyes de Maduro –

Durante la instalación de la ANC, el presidente Nicolás Maduro presentó ocho proyectos de ley enfocados en más controles de precios, fiscalización y concesiones en el Arco Minero del Orinoco que aún no han sido discutido por los constituyentes.

Estos proyectos son: Ley de abastecimiento soberano y precios acordados del Plan 50, la Ley de comités locales de abastecimiento y producción, la Ley de promoción y protección de inversión extranjera, la Ley de régimen tributario para el desarrollo soberano del Arco Minero, la Ley de regulación y funcionamiento para las casas de cambio en todo el territorio nacional, la Ley de impuestos a las grandes fortunas y patrimonios creados por la guerra económica, la Ley para crear régimen especial tributario y la Ley para crear el Consorcio AgroSur.

La ANC en agosto también se planteó cinco líneas de investigación de la crisis económica del país, agobiado por un proceso que raya en hiperinflación, escasez y devaluación, además de la recesión con una caída para 2017 de hasta 12%, según previsiones de analistas locales y organismos multilaterales. Esta instancia creó a su vez la Comisión de Economía Productiva y Diversificada.

La primera de esas líneas de acción estuvo enmarcada en la «Sustitución del petróleo como fuente de energía» y para ello se estableció un trabajo conjunto con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En segundo lugar, se estudiarían las «Reservas petroleras de Venezuela» y, tercero la «Reserva energética de Estados Unidos», de la cual estaría al frente Citgo Petroleum Corporation, filial de Pdvsa junto a la Comisión Internacional de la ANC.

En cuarto lugar se discutiría lo referente a los «Fondos de inversiones que impacten el desarrollo de la industria petrolera mundial», mientras que la última línea de investigación se refiere a lo que llamó la ANC «Partidos laboratorios versus Estado nación».

Hasta ahora tampoco se ha especificado en qué consiste cada uno de estos postulados.

La precaria situación del sector privado venezolano aún no ha sido objeto de análisis a pesar de contar la ANC con cinco empresarios entre sus integrantes: Orlando Camacho, Oscar Schemel, Gerson Hernández y Keila de la Rosa. Entre sus miembros también se encuentran varios productores agrícolas, comuneros y trabajadores.

La baja de los ingresos petroleros debido a una menor producción, la caída de las reservas internacionales, la disminución de las importaciones, los importantes pagos de deuda externa y las sanciones individuales y financieras de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, forman parte de los elementos de la crisis económica. El establecimiento de los controles de cambio y de precios durante más de una década, el excesivo gasto público y en consecuencia de la liquidez monetaria, además del auxilio financiero del Banco Central de Venezuela a las empresas del Estado, han sido caldo de cultivo de las actuales distorsiones macroeconómicas.

El gobierno se ha resistido a los ajustes necesarias en las políticas cambiarias, monetarias y fiscales y hasta ahora la Constituyente no ha mencionado el tema.

Mientras tanto el presidente Maduro decreta nuevas acciones que a todas luces incrementará el gasto público y la liquidez, responsables en gran medida de la inflación. Según las estadísticas del BCV, los recursos en bolívares que circulan en el país alcanzan la suma de 46 billones 73 mil 154 millones de bolívares mientras que los precios han aumentado 1.000% en el último año, según los cálculos.

El mandatario anunció varias «sorpresas», entre ellas un nuevo aumento del salario mínimo de 30% y un alza de 10 unidades tributarias para el bono de alimentación, con su consecuente incidencia en los aguinaldos para todos los trabajadores de la administración pública, pensionados y jubilados.

Otro punto relevante es la falta de discusión de la ANC del proyecto de ley de presupuesto de 2018 presentado por el Ejecutivo ante esta instancia el pasado 15 de octubre,en lugar de la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución y demás normas legales.

Los constituyentes no han informado al país de las principales premisas macroeconómicas como tipo de cambio, precio promedio del petróleo, crecimiento de la economía e inflación que se estiman para el próximo año. Aún los venezolanos desconocen aún el monto al que asciende el gasto y los ingresos previstos por el gobierno para 2018.

Pues bien, quedará esperar cuándo y cuáles serán las acciones para cambiar el «modelo rentista» de Venezuela e impulsar el desarrollo y la diversificación económica de un país que depende de los ingresos petroleros en un 96%.

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