¿Cuántas expropiaciones se han ejecutado durante el gobierno de Maduro?

La investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, Ana Carrasquero, destacó que aunque Maduro no ha dictado tantas ocupaciones como lo hizo su predecesor, sí ha ejecutado decisiones importantes «como digno hijo político» de Hugo Chávez. Los 474 procesos van desde medidas temporales, inmediatas, de urgencia, rescates de tierras, juntas administradoras, entre otros.
«Maduro no ha dejado de atacar a la propiedad privada», sostuvo durante una entrevista telefónica con El Estímulo y precisó que el año de mayores agravios fue 2016 con 243 ocupaciones temporales.
La socióloga indicó las expropiaciones que hubo en cada estado durante el año pasado: Amazonas (12), Anzoátegui (9), Apure (1), Aragua (15), Barinas (6), Bolívar (9), Carabobo (2), Distrito Capital (24), Falcón (7), Guárico (3), Lara (34), Mérida (12), Miranda (18), Monagas (10), Nueva Esparta (8), Portuguesa (18), Sucre (17), Trujillo (2), Vargas (19) y Zulia (21).
Recientemente, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) expropió la finca del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Carlos Albornoz, ubicada en el estado Guárico, como retaliación por su participación en las protestas contra el jefe de Estado convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La medida que aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial fue anunciada a finales de junio por el presidente del INTI, José Ávila, que la calificó como un “rescate autónomo de tierras”.
Carrasquero subrayó que la forma en que ahora se ataca a la propiedad privada ha cambiado en comparación con la gestión del fallecido presidente Chávez, pues el INTI no es el único organismo que utiliza el gobierno para arremeter contra un bien privado.
La investigadora recordó que desde la creación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) en enero de 2014, nueve meses después de la juramentación de Maduro como presidente, se han registrado 19.624 fiscalizaciones, 28.211 medidas de cierre y 15.250 multas.
Otra actividad que llamó la atención de la socióloga son los saqueos registrados en los últimos meses. En más de 120 días de protestas en 2017 fueron registrados 1.200 actos vandálicos distribuidos en 12 entidades del país, cifra que según Carrasquero supera la contabilizada durante todo 2016.
«Eso es parte de una política, en ningún momento apareció alguna fuerza policial para controlar esos hechos vandálicos. Hubo un ataque sistemático de los militares contra los civiles y eso es considerado un crimen de lesa humanidad. Ataques a casas, a vehículos, como pasó en Los Verdes (El Paraíso, Caracas), en La Isabélica (estado Carabobo) y otros lugares del país. Los ataques a la propiedad se convirtieron en un instrumento para infundir terror haciendo uso de los cuerpos militares. Eso es una tragedia», aseguró.
Comentó que en el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad hay varios casos de personas que han sido víctimas de atropellos por parte del Estado.
«La gente empieza en un peregrinar por todas las instituciones competentes. Hay gente que fue llevada a la Procuraduría, firmó un acuerdo amistoso y todavía está esperando por un arreglo. La administración pública es un rosario de calamidades, pelotean de un lugar a otro», manifestó.
Para Carrasquero es fundamental denunciar cualquier tipo de ataque o violación a la propiedad privada, sin embargo, reconoce que la mayoría de los ciudadanos no lo hacen porque «el gobierno maneja la mayoría de las instituciones, entonces ese mismo organismo que te hace daño te defiende, o sea te cobra y se da el vuelto».
Lamentó que las instituciones de derechos humanos ya califiquen la situación de Venezuela como una crisis humanitaria compleja y eso solo ocurre en países que están en guerra. En ese sentido, Carrasquero explicó que el país cuenta con cinco factores para entrar en esa clasificación: fragmentación del Estado, hundimiento de la economía formal, conflicto civil interno, hambruna y éxodo y migraciones forzosas.

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