El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Enrique Márquez (Unidad-Zulia), introducirá ante el Parlamento un proyecto de ley de reforma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que busca otorgar cinco millones de hectáreas expropiadas por el gobierno a productores y campesinos.
El diputado Márquez señaló que la reforma pretende desarrollar la productividad y producción en Venezuela. “Es una visión moderna y alejada del estatismo, de las expropiaciones, de las nacionalizaciones, centrada en el respeto de la propiedad privada”, subrayó.
Recordó que la AN está discutiendo actualmente una Ley de Producción Nacional que será aprobada en segunda discusión en los próximos días, cuando se inicie el segundo período legislativo de 2016.
Destacó que para combatir la escasez, la inflación y el desabastecimiento es necesario producir. «La producción está en el piso y no hay dólares para importar», recordó, al tiempo que dijo que es fundamental erradicar el modelo de producción impuesto por el gobierno que, a su juicio, fracasó.
Márquez reconoció los tiempos difíciles que vive el país aunque resaltó la importancia de entender el trabajo responsable, refiere una nota de prensa de la Asamblea Nacional.
– Propuestas de la reforma –
Fernando Camino, coordinador de Productores y Emprendedores de UNT y ex presidente de Fedeagro, explicó que la reforma de la Ley de Tierras está contenida dentro del «Plan Agroalimentario para el Pleno Abastecimiento” que presentó el partido Un Nuevo Tiempo como solución a la escasez y carestía de los alimentos.
«Tiene como punto fundamental otorgar la propiedad a los campesinos y productores que están padeciendo en este momento de una persecución despiadada del Instituto Nacional de Tierras (INT), que ha expropiado alrededor de 5 millones de hectáreas y que están improductivas», comentó.
Denunció que el INT «tiene alrededor de 15 millones de hectáreas improductivas mientras el pueblo se está muriendo de hambre».
Actualmente, el salario mínimo en Venezuela se mantiene en Bs. 130 mensuales, de acuerdo con el último decreto anunciado en marzo de 2022. Esto equivale a 6,4 dólares de acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV)
Nueva prórroga de OFAC para la entrada en vigencia de una licencia que permite a los acreedores de Pdvsa ejecutar el embargo sobre Citgo dura solo tres meses. Expertos ven riesgo claro de que Venezuela pierda la mayor joya de su corona.
Los 1.629 millones que el Ciadi ordenó pagar a Agroisleña en marzo son apenas el último caso de una larga lista de abusos de poder que le han salido caros a la República. El “socialismo del siglo 21” ha hecho 5.500 expropiaciones en 23 años, pero solo una fracción mínima pasó a tribunales internacionales: 59, para ser exactos
