Como una medida que distorsiona el mercado nacional, es vista la decisión adoptada por el gobierno nacional de intervenir 21 mataderos en el país, entre ellos, tres con usos industriales ubicados en el estado Táchira, precisó el presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira (Asogata), Leonardo Figueroa.
El presidente de Asogata rechazó de manera contundente la medida de injerencia de tres salas destinadas a la matanza industrial de ganado, ubicadas en los municipios Fernández Feo, Panamericano y Cárdenas del estado Táchira y señaló no estar de acuerdo con ningún tipo de intervención por parte del Estado en lo que siempre ha sido una actividad, netamente de la empresa privada.
“Sabemos que es lo que sobreviene cuando el Estado interviene. Es lo mismo que vivimos con las fincas; los hatos que fueron expropiado y hoy no tienen una oferta de carne similar a la producción que tenían anterior a la intervención, producción que concentraba un 20% de carne de la producción nacional que debería estar en el mercado actualmente y no es así”.
Mejorar la producción nacional, buscar la manera de lograr mayor producción de carne y no atacando es la mejor manera de solventar la problemática que se presenta, además del urgente control de los factores macroeconómicos -referentes a la hiperinflación- que agobian al país y de los que no escapan tanto los productores como la cadena de comercialización.
El gremio ganadero del Táchira se encuentra alertó y atento en lo referente a las intervenciones anunciadas por el ejecutivo nacional ante la poca información que manejan.
“Solo tenemos información de la intervención de estos tres mataderos en el estado por lo que nos encontramos en alerta de cómo será manejada la situación”, agregó Figueroa.
Mayor escasez
El representante ganadero, precisó que ante la situación del gremio a nivel nacional no se descarta una mayor distorsión en la distribución y venta de la carne.
“Se puede generar mayor escasez, frente al temor por parte de los ganaderos de no vender el ganado a perdida, teniendo en cuenta que la estructura de costos va en aumento con la inflación y se generan pérdidas al querer estancar el precio del rubro a unos niveles bajos para los productores”.
Desde la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) no ha habido ningún encuentro con autoridades del gobierno nacional para acordar los precios de la carne, por lo que los precios que se han fijado de BsS 420 el kilogramo de carne hasta el consumidor, es un precios que no cubre las estructuras de costos de producción, aseguró el vocero de Asogata.
En el estado Táchira, se encuentran ubicados ocho mataderos industriales, además de los mataderos municipales y salas de matanza. Representando una parte importante de la industria de carne, teniendo en cuenta que más del 50% de la producción nacional se ubica en el sur occidente andino (Sur del Lago, Táchira, Barinas, Apure).
En riesgo la producción
Por su parte, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez indicó que esta decisión lejos de solucionar el problema de la distribución de la carne, traerá mayor escasez y sobreprecio del producto.
El Gobierno nacional no tiene una estrategia real que permita que la producción llegue al consumidor final, pues «esta medida de ocupación lo que puede generar es una disminución de la producción por parte de los productores agropecuarios al considerar vulnerada su seguridad jurídica, lo que traería una escasez del producto».
En reiteradas oportunidades, -dijo Gómez- se les ha manifestado a los representantes del gobierno que a la hora de tomar decisiones debe privar la sensatez, por lo que “considero que una medida de ocupación no va a resolver el problema de la producción nacional”.
De acuerdo a la mandataria tachirense, desde su despacho se han hecho denuncias sobre el funcionamiento irregular de algunos mataderos municipales ubicados en zona de frontera, pero hasta el momento ningún organismo ha tomado cartas en el asunto.
“Me llama poderosamente la atención que a pesar de nuestras denuncias no hemos tenido conocimiento de la puesta en marcha de algún procedimiento o acción al respecto por parte de las autoridades pertinentes”, denunció Laidy Gómez.
Pidió al gobierno se den a conocer cuáles son los mataderos que van a estar sujetos a la medida, para desde la gobernación del Táchira, verificar quienes se dedican a actividades ilícitas que ya sido denunciadas con anterioridad.
Expertos coinciden en que el anuncio dejó algunas "ventanas abiertas" que pueden minimizar el impacto de las medidas. La 44A incluye un apartado que permite a las empresas que deseen trabajar con Venezuela solicitar licencias específicas
Con la ampliación en los últimos años de los negocios de Pdvsa con empresas de Irán y Rusia, no parece viable que Estados Unidos quiera volver a dejar de lado los negocios petroleros con Venezuela en un contexto geopolítico complejo en el que los escenarios bélicos están a la orden del día
Finalmente el Gobierno de EEUU no renovó la Licencia General 44, la cual suspendió por seis meses parte de las sanciones sobre el sector petrolero de Venezuela. La decisión se tomó a raíz del incumplimiento del acuerdo de Barbados
