Economía

Gobierno disfraza las expropiaciones para no pagar

Aunque las tomas de empresas evitan al Estado asumir los costos políticos y monetarios de una expropiación, los resultados son los mismos: la producción de la mayoría de las compañías intervenidas nunca logra remontar vuelo.

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Kimberly Clark
Foto: AVN

Pagarse y darse el vuelto. Esa parece ser la lógica que aplica el gobierno venezolano al momento de ocupar empresas privadas, una estrategia que le permite zafarse de la pesada carga -legal y monetaria- que representa decretar la expropiación de bienes, convirtiéndose en una salida revestida de legalidad para hacerse con unidades de producción sin pagar un solo centavo a sus legítimos propietarios.

Aplicada desde hace ya más de 10 años, la ocupación ha retomado protagonismo en los últimos días tras la toma de las empresas Kimberly-Clark y Guardian de Venezuela, las más recientes y emblemáticas de una práctica que suma más 540 casos entre 2007 y 2015, según la data que sobre el tema maneja el Observatorio de la Propiedad, ente asociado al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice).

“Desde cualquier punto de vista, la ocupación de empresas es una forma de apropiarse de algo sin que medie una expropiación y por tanto es una violación del derecho a la propiedad”, señala el experto en arbitraje Luis Alfredo Araque Benzo, quien aclara que al ser una “toma de hecho pero no de derecho” incumple con todos los fundamentos legales para asumir la propiedad del bien afectado.

El abogado asegura que no hay base constitucional alguna que respalde la ocupación o toma de una empresa, cuya legalidad apenas se sustenta en leyes “muy frágiles” que viabilizan que el Estado –en cualquiera de sus estamentos- se apropie de un bien aludiendo justificaciones como beneficio público o bien colectivo.

Recuerda además que de acuerdo con la legislación venezolana –y que se sustenta en un precepto legal internacionalmente aceptado- para que el gobierno asuma la propiedad de un bien, debe mediar un proceso expropiatorio que incluye un juicio, tasación para determinar el valor del bien y una justa indemnización al propietario.

“Con la ocupación se evita todo esto y en especial el pago”, dice Araque, quien como muchos de sus colegas estima que un proceso de revisión de cada una de la acciones llevada a cabo determinaría la devolución de los bienes confiscados a sus legítimos propietarios, tal como sucedió en las naciones de Europa del este tras el fin de la segunda guerra mundial.

Señala además que muchas de las empresas que en teoría fueron expropiadas –al menos así se vendió a la opinión pública- realmente fueron tomadas u ocupadas, por lo que no ha se ha dado proceso de pago alguno a sus propietarios.

– A lo macho –

Tras recordar que el Plan de Patria impulsado por el presidente Hugo Chávez tiene como principal objetivo reducir la presencia del sector privado en la vida económica del país, Carlos Larrazábal, vicepresidente de Fedecámaras, afirma que la política de confiscaciones y ocupaciones solo busca que el Estado tenga las empresas que no logró erigir.

“Se suponía que el Estado crearía empresas que le daría una mayor presencia, pero como no levantaron nada entonces toman compañías y fincas que luego dejan de ser productivas”, señala el también ex presidente de Conindustria, quien coincide con Araque Benzo en que la oleada de ocupaciones solo busca hacerse con empresas sin pagar ni un bolívar por ellas.

El abogado Luis Alfonso Herrera, coordinador del Observatorio de la Propiedad, señala que en efecto el gobierno ha echado mano de las ocupaciones como una vía para escabullir los no pocos conflictos que la ha traído tanto a lo interno como en el exterior la oleada expropiatoria que emprendió Chávez en 2005.

“Antes ocupaba empresas y tierras porque le daba la gana, ahora lo hace porque no le queda otra manera pues no hay recursos para pagar expropiaciones, pero en la práctica son procesos violatorios del ordenamiento jurídico establecido en la Constitución”, dice.

Tras recordar que la ocupación es “un atajo para evadir una expropiación, que es muy costosa, tiene garantías y no permite disponer del bien sino hasta al final de un juicio”, Herrera recuerda que al no haber ley o decreto-ley que tenga el interés general o el carácter de primera necesidad como sustento de una ocupación, el gobierno pasa a la toma forzosa con otros argumentos como la defensa de los trabajadores o la soberanía para fundamentar estos procesos.

De allí que tanto Araque Benzo como Herrera consideren que la mayoría de los casos están en un limbo legal, pues ni siquiera priva el precepto de utilidad pública, que daría cierto criterio legal a las medidas. “La mayoría de estos casos son decisiones que nadie revisa y en el fondo no se sabe en qué se sustentan”, señala Araque.

Herrera, a su vez, recuerda que al no haber una decisión judicial que puede ser recurrida, en la casi totalidad de los casos los propietarios simplemente dan por desahuciada la posibilidad de hacer un reclamo y aceptan la pérdida de su propiedad.

“Son muy pocos los casos en que se ha recurrido la medida”, dice, recordando que la razón de peso para evitar entablar un juicio contra el Estado es la falta de independencia de los tribunales nacionales.

El también abogado experto en temas de arbitraje Leonardo Palacios, señaló recientemente a El Interés que “en un estado de derecho este tipo de acciones sería tomada como apropiación indebida de bienes”, lo cual sentaría bases para un juicio que difícilmente podría ganar el gobierno.

– Fuerte arremetida –

Para la mayoría de los analistas, la célebre frase pronunciada por Hugo Chávez “empresa cerrada, empresa tomada” y repetida por su autoproclamado hijo predilecto Nicolás Maduro, es más una muestra de bravuconadas de un gobierno debilitado en demasía que un intento real por resucitar la debilitada economía nacional.

Y lo peor es que este tipo de acciones tiene el efecto contrario esperado para apuntalar la producción endógena.

“En lugar de apoyar a tantas empresas que están paradas o semi paralizadas por falta insumos y muchas otras razones, el gobierno acude a una política de destrucción de lo poco que queda”, dice Carlos Larrazábal, aludiendo con ello la afirmación de Conindustria según la cual el sector industrial produce actualmente a cerca de 36% de su capacidad, lo que lo ubica el borde del cierre técnico.

“Esto simplemente profundiza la falta de confianza en un momento en el que Venezuela requiere dar señales positivas en cuanto a protección de la propiedad para atraer inversiones. En cambio se radicaliza un modelo socialista que ha destruido la soberanía que teníamos”, dice Larrazábal.

Aunque con otra óptica, Luis Alfonso Herrera refuerza esta opinión al recordar que las ocupaciones de las últimas semanas son una muestra preocupante de que esta política pueda incrementarse, con lo cual se apuntalaría una estadística en la que solo hay aproximaciones.

Refiere el experto que la data del Observatorio de Propiedad es solo una aproximación pues siempre habrá una “cifra negra” difícil de completar, tomando en cuenta que gobernaciones y alcaldía realizan acciones que por estar circunscritas al ámbito local, no logran trascender a la opinión pública y por ende servir de base estadística.

“Muchos afectados no presentan la denuncia por temor a acciones mayores, pero se estima que en la regiones el número es bastante elevado”, sentencia el coordinador del Observatorio de Propiedad.

De cualquier manera, la oleada violatoria a la propiedad que entre 2005 y 2007 sacudió al país ha tenido un recrudecimiento en el último año. De ello queda evidencia cuando se toma en cuenta las casi 111.000 acciones en contra al derecho a la propiedad contabilizadas por el Observatorio entre 2005 y 2015, y más de 97% se ejecutaron el año pasado.

– Con pies de barro –

En su mayoría basadas en decisiones arbitrarias de la Presidencia de la República o emanadas de tribunales, la mayoría de los casos se sustentan en justificaciones que no soportarían la más sumaria de las revisiones legales.

Los casos son muchos y algunos son tan lejanos como 2008, como el de la empresa Ruedas de Aluminio CA (Rualca), expropiada a solicitud de los extrabajadores de la compañía, que cesó su producción luego de que Sidor dejara de suministrar los aceros especiales que requería y que el gobierno negara la entrega de divisas para la importación de materia prima. Ocho años después, Rialca, como fue rebautizada, produce a menos de 10% de su capacidad.

Algo similar ocurrió con la corporación Clorox de Venezuela. Sin materia prima para producir, el gobierno decidió tomarla luego de que sus dueños anunciaran el cierre de operaciones en 2014, sin que hasta ahora su producción haya remontado el 20% de su capacidad, de acuerdo con datos suministrados por los propios trabajadores.

Kimberly-Clark también se inscribe en esta crónica de tomas ilegales. Obligada a cerrar paulatinamente las líneas donde producía papel higiénico, pañales desechables, toallas sanitarias y toallas húmedas por falta de materia prima, la empresa decidió en julio pasado cesar actividades en el país, lo que fue aprovechado por el gobierno para tomar sus instalaciones y reactivar la producción.

Aunque la meta de las nuevas autoridades es que para fin de año la compañía esté funcionando a 100%, el hecho de que apenas se haya reactivado una de las 14 líneas de producción, y el ejemplo evidente del fracaso en otras empresas tomadas y/o expropiadas, deja poco chance a la duda de la historia de Kimberly-Clark -ahora Cacique Tiuna-  será otra crónica de un fracaso anunciado.

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