El Sistema Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), adscrito al Ministerio de Salud, ha publicado en los últimos meses una serie de providencias que elevan sustancialmente las tarifas que deben pagar las farmacias por distintos trámites, inspecciones y permisos. Además, fija cobros por procedimientos que anteriormente no tenían ningún costo.
La medida, advirtió la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven) en un comunicado, amenaza sobre todo a las pequeñas farmacias, que ante la caída de las ventas producto de la escasez de fármacos y otros artículos del sector salud, carecen de músculo financiero para hacer frente a estas nuevas erogaciones.
«El Sistema Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) adscrito al Ministerio de Salud pretende elevar los costos de la salud a través de la aprobación de diversas providencias, que establecen onerosos cobros a un grupo de actividades que hasta hace poco eran gratuitas o se realizaban mediante un pago moderado», señala el texto.
El texto detalla sobre las nuevas normativas.
La providencia administrativa 146-2015, del 17 de agosto de 2015, establece las tarifas relacionadas a la obtención de permisos sanitarios otorgados por la Coordinación de Drogas, Medicamentos y Cosméticos. Solo por inspecciones de instalación y funcionamiento, los establecimientos deben pagar entre Bs 10.500 y Bs 15.000.
Esta disposición también establece el cobro de 5 UT por la consignación de la Relación de Psicotrópicos y Estupefacientes, un balance que deben entregar las farmacias mensualmente por disposición de la Ley Orgánica de Drogas. Anteriormente, el cumplimiento de este requisito no exigía ningún pago. Ahora, las más de 6.000 farmacias afectadas deben pagar Bs 750 solo por un sello de recibido.
Con este nuevo cargo, Fefarven calcula que el SACS recaudará Bs 54 millones anuales.
La providencia administrativa 189-2015, del 09 de septiembre de 2015, establece que para obtener un permiso de instalación y funcionamiento la farmacia, droguería o expendio de medicamentos deben cancelar 120 UT (Bs 18.000). La renovación, después de un lapso de 2 años, acarrerará un gasto de 100 UT (actualmente Bs 15.000).
No obstante, el SACS no tendrá que esperar a que se venzan los permisos que están vigentes para recaudar esta tarifa. Por orden de la Dirección General del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, en las circulares 12-2015 y 13-2015, todos los establecimientos mencionados en la providencia deben renovar obligatoria esta autorización en un plazo de 4 meses después de la publicación de la normativa.
Por este concepto, Fefarven estima que para el 9 de diciembre el SACS habrá levantado Bs 90 millones.
Otra providencia, la 188-2015, establece que desde el 10 de septiembre las farmacias deben obtener un permiso sanitario para la venta de materiales y equipos de uso en el área de salud como inyectadoras, recolectores de heces y orina, termómetros, gasas, guantes, vendas, entre otros. Para poder dispensar de estos productos, los establecimientos deben cancelar 120 UT (Bs 18.000) por la autorización que dura dos años.
Con este nuevo registro el SACS aspira recaudar Bs 108.000.000, «pero difícilmente pueden la mayoría de las farmacias independientes solicitar dicho permiso». Esto, afirma Fefarven, acarreará una mayor escasez en este tipo de artículos.
Como si no fuera suficientemente, la providencia 058-2015 del 19 de junio de 2015, determina una tarifa de 30 UT para las consultas técnicas de los usuarios en el SACS. Es decir, los representantes del sector deberán pagar Bs 4.500 solo para poder hablar con un funcionario del ministerio.
Fefarven acusa de la emisión de las providencias al director del SACS, Mauricio Vega, y cuestiona el conocimiento que pueda tener el Ministerio de Salud sobre las normativas.
El gremio considera que estas disposiciones violan el artículo 316 de la Constitución de la República, que establece la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad del o la contribuyente. Fefarven no descarta ejercer acciones legales al respecto.
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