Grecia prosiguió el martes las conversaciones para conseguir un nuevo rescate financiero, pero su gobierno fue censurado por versiones de que tenía un plan de contingencia para el posible retiro del euro que involucraba el acceso a los datos impositivos personales de los ciudadanos.
Los emisarios de los acreedores internacionales mantuvieron un segundo día de conversaciones preparatorias con funcionarios griegos previas a las negociaciones de alto nivel de esta semana.
Las gestiones en Atenas pretenden completar los términos del acuerdo —unos 85.000 millones de euros (94.000 millones de dólares) por tres años— antes del 20 de agosto, fecha en que debe abonar un pago que no podría efectuar sin nuevos préstamos.
Será el tercer rescate financiero de la nación en más de un lustro. Hasta ahora, Grecia ha recibido unos 240.000 millones de euros de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
A cambio, se ve obligada a implementar cortes de gastos, aumentos de impuestos y reformas de mercado. La austeridad profundizó una intensa recesión y catapultó el desempleo a un récord en tiempos de paz.
Las conversaciones de esta semana incluirán varias cuestiones como pensiones y reformas laborales. Al gobierno se le ha pedido que aumente la edad de retiro, agilice el sistema de pensiones y reduzca las protecciones a los trabajadores en casos de despidos masivos.
El primer ministro Alexis Tsipras ha aceptado a regañadientes las reformas en principio —aun diciendo que no está de acuerdo-, abandonando las políticas de oposición a la austeridad que llevaron al poder a su partido Syriza hace seis meses. El cambio de actitud fue necesario después que las conversaciones sobre el rescate estuvieron a punto de naufragar y Grecia se vio amenazada de retirarse de la divisa común.
El Parlamento aprobó dos series de reformas, pero una cuarta parte de los legisladores del partido de Tsipras se negaron a respaldarlas.
Simultáneamente, el exministro de finanzas de Tsipras, Yanis Varoufakis, sostuvo que tenía un plan contingente que consistía en establecer un sistema bancario paralelo que permitiera continuar las transacciones —en euros, pero con la conversión inmediata a otra divisa— en el caso de que cerraran los bancos.
El principal partido de oposición, Nueva Democracia, solicitó el martes que un comité parlamentario investigue a Varoufakis para determinar si Tsipras tenía conocimiento del supuesto plan.
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