<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-K8BB9HX&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

La enorme deuda del gobierno con la publicación de datos económicos

El cuadro se agrava con el paso de los días, la radicalización del gobierno y la inacción en la toma de decisiones para cambiar el rumbo de la política económica. Pero este panorama se oscurece más con la falta de cifras oficiales que permitan conocer el comportamiento real de la economía, lo que impide a particulares planificar inversiones y hacer proyecciones.

La enorme deuda del gobierno con la publicación de datos económicos

El economista y diputado por la oposición a la Asamblea Nacional, José Guerra, presentó un informe titulado «La caja negra de la información económica» para referirse a la opacidad con la que el gobierno ha manejado los principales indicadores económicos y sociales en los últimos años y con mayor énfasis en los tres más recientes.

En el siguiente cuadro, la fracción parlamentaria de Primero Justicia, a la que representa Guerra, se hace un repaso de las cifras pendientes por publicar y desde cuándo por parte del Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Finanzas y el Instituto Nacional de Estadística:

Estadísticas retrasadas

La mayor deuda que mantiene el gobierno con el país en materia de estadísticas se da en la industria manufacturera. No se dan a conocer desde 2004, es decir, 11 años completos sin que se publique el comportamiento del sector. La encuesta industrial cualitativa, de periodicidad trimestral, tiene 35 meses sin que se dé a conocer. La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) ha señalado que sus afiliados trabajan en promedio a 30% y que la actividad está prácticamente paralizada.

Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República, la economía entró en un acelerado proceso de deterioro, por lo que cifras como la inflación comenzaron a darse con retraso o a ocultarlas. Pero no solo dejaron de difundirse, sino que a mediados de 2014, el gobierno modificó la metodología para el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor para restarle peso al grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que reportaba los valores más altos dentro de la canasta de bienes medidos por el BCV.

Cuando faltan horas para que culmine 2016, las autoridades no han dado a conocer cifras de inflación de ningún período del año. En el presupuesto de la nación para el ejercicio fiscal 2016, el gobierno estimó una variación de precios de 60%. Consultoras privadas proyectan 500% para el cierre del año.

Tampoco han dado detalles sobre otro dato importante para conocer cómo está la salud de la economía: el Producto Interno Bruto (PIB) no se conoce desde el cuarto trimestre de 2015.

Los informes del BCV han dejado de ser técnicos y sus argumentaciones están plagadas de comentarios políticos que apoyan el discurso oficial de una supuesta guerra económica que sería la causante de las distorsiones presentes.

Pero aún dando a conocer con todo el retraso posible la data de la inflación, la misma se suministra de manera incompleta. El Indice de Precios al Mayor y el núcleo inflacionario dejaron de publicarse hace 35 meses.

El último índice de escasez se dio a conocer hace 34 meses, cuando ya era evidente en los anaqueles y en las colas que se formaban en las afueras de los establecimientos comerciales, que el abastecimiento comenzaba a no ser el óptimo.

El índice de remuneraciones salariales, que discriminaba los sueldos del sector público y privado, ya tiene 11 trimestres sin que se conozca.

El 14 de julio de 2015, la ONG Transparencia Venezuela interpuso ante la Sala Político Administrativa, un primer recurso de abstención contra el presidente del BCV, Nelson Merentes por el incumplimiento de su obligación de presentar informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país, establecido en el artículo 319 de la Constitución. El 4 de agosto, la instancia declaró el recurso inadmisible.

Tras perder la mayoría en las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015, el gobierno apeló a la Ley Habilitante para restarle atribuciones a la Asamblea Nacional en la aprobación de algunas materias y reformó la Ley de BCV para entre otros puntos, legalizar la no publicación de indicadores económicos.

“Cuando sea requerido por el Ejecutivo Nacional, el directorio del Banco Central de Venezuela podrá hacer uso de estas facultades para suspender transitoriamente la publicación de información por el período durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la Seguridad Nacional y a la estabilidad económica de la Nación”, señala el texto de la reforma.

Además de los indicadores económicos que dejaron de divulgarse, el gobierno, que aprobó bajo subterfugios inconstitucionales el presupuesto de la nación para 2017, tampoco publicó en Gaceta Oficial -por lo menos hasta este 28 de diciembre- la estimación de ingresos y gastos del año entrante.

La consecuencia directa del manejo opaco de las cifras de la economía es que el país en general no tiene acceso a una medida confiable para la planificación de las operaciones.

El informe del diputado Guerra concluye que con la falta de transparencia en los indicadores:

Se fomenta la utilización de mecanismos alternativos, como DolarToday, para la actualización de los precios de los bienes muebles e inmuebles. Por ejemplo este es el caso del mercado de la construcción que desde hace bastante tiempo rige sus precios por la cotización del dólar en el mercado negro.

Las personas no tienen ninguna forma de actualizar confiablemente deudas, alquileres, contratos laborales y otros contratos legales; efecto de esto, es que la población tiene que aproximar los cálculos según el dólar paralelo u otros indicadores.

Se dificulta aún más el proceso de producción nacional porque las empresas (públicas y privadas) no pueden estimar correctamente presupuestos e inversiones.