Este lunes son los trabajadores de las empresas básicas y los universitarios. El jueves pasado fueron los de la Cancillería y los del ministerio de Tierras. El miércoles le tocó al turno a empleados de la eléctrica estatal Corpoelec y de la telefónica Cantv. Las enfermeras y los médicos llevan dos meses de huelga. Las fechas ya no parecen importar: las protestas de los trabajadores crecen como una bola de nieve y, por lo visto, no hay forma en cómo detenerlas.
El gobierno, completamente arruinado tras la debacle de su industria petrolera, que genera el 97% de sus ingresos, no está en la capacidad de asumir los compromisos adquiridos con un sector que se encargó de duplicar en casi 20 años, coinciden sindicatos y gremios de distintas tendencias.
Hay más de 2,5 millones de trabajadores públicos que tienen más incertidumbres que certezas, después de que el gobierno divulgara las nuevas tablas salariales que elimina los beneficios y achica los escalafones entre los rangos profesionales.
Las protestas, obviamente, están a la orden del día.
«Es que esto se veía venir», dijo a El Estímulo, Froilán Barrios, dirigente del Movimiento Laborista al referirse al descontento visibles entre los trabajadores público, algo impensable en época de bonanza económica, con un barril de petróleo de más de $100, que servía de «pegamento» a las líneas laborables dictadas por el fallecido Hugo Chávez.
De acuerdo con el veterano dirigente sindical, “en este momento se está produciendo una profunda reflexión” por parte de los trabajadores en Venezuela, pues “se viene un cambio radical en cuanto a salario”, aseguró Barrios.
Y ese cambio, apuntó el también economista, parte de la eliminación de las primas y otros beneficios contractuales impulsadas por el gobierno dentro de un «paquetazo» económico, que devaluó la moneda en casi 100%, congeló los precios y promulgó un drástico aumento salarial (60 veces por encima del que regía desde junio) que ha desatado los demonios de la hiperinflación en Venezuela, que este mes cumple un año postrada en la economía.
Las medidas, antes de dar confianza, generan un malestar profundo entre la abultada nómina del Estado, utilizada como punta de lanza en movilizaciones del chavismo cuando se presenta una coyuntura política, añadió Barrios. Los principales voceros sindicales -afectos al gobierno- están presionados entre sus compañeros por el gobierno eliminó en la práctica las brechas sindicales entre obreros y profesionales.
“Tanto es así, que los mismo dirigentes sindicales chavistas se han visto obligados a reclamar”, recordó.
«Lo que se está produciendo es una rebelión que viene del mismo chavismo», agregó el dirigente sindical.
Barrios aseguró alrededor de 500 contratos colectivos, que inciden sobre dos millones de trabajadores, están amenazados por las nuevas políticas oficiales. Ellas responden a una vieja aspiración marxista de desconocer los méritos de los empleados y ubicarlos en un mismo plano, agregó.
El chavismo niega la muerte de los contratos colectivos. Wills Rangel, presidente de la Federación unitaria de trabajadores del petróleo (Futpv) y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), dijo que el gobierno estudia implantar un instructivo sobre las tablas salariales en un plazo de 90 días.
“Estamos discutiendo unas tablas, no se están eliminando ni las tablas, ni la progresividad, ni las utilidades, ni la retroactividad de las prestaciones que la rescató la revolución con el presidente Chávez”, aseguró Rangel en declaraciones a Unión Radio.
Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana de Trabajadores, ratificó que el Estado se encuentra aplicando un proceso de ajustes y revisión para resolver las “incongruencias y deficiencias” de las tablas a inicios de 2019.
De acuerdo con el constituyente, hay “un cambio trascendental de paradigmas en cuanto a la construcción de los salarios”, refiriéndose a la entrada del bolívar soberano como nuevo cono monetario. “Ese cambio genera una reingeniería de las tablas salariales”, afirmó López a El Estímulo.
“Todas las convenciones colectivas deben adaptarse a las nuevas condiciones y eso es un proceso”, aseveró.
-Nómina costosa-
Engordada durante dos décadas con la estatización de empresas, expropiaciones, mayor burocracia y regularización de los tercerizados como política de igualdad social, el chavismo duplicó la nómina del Estado en 15 años, que suponen millonarios compromisos para el Estado e insignificantes aportes para el producto interno bruto, dice un informe de ODH Consultores.
Solo el último convenio con los trabajadores petroleros, el Estado debe erogar 4.000 millones de dólares, apuntó a El Estímulo, Iván Freites, coordinador general del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular y dirigente sindical petrolero.
Los convenios colectivos venían sumando “logros” desde 1946, recordó Freites. Advirtió que la aspiración del gobierno en “establecer en Venezuela un salario único e igualitario hacia abajo violenta y elimina todas esas conquistas” sindicales.
Acusó al Ejecutivo de eliminar el salario bajo una supuesta política antiinflacionaria. “Al eliminar el salario se acaban las vacaciones, las utilidades, las prestaciones sociales y las cajas de ahorros, entre otros”.
Recordó que la convención colectiva no pasa por la Asamblea Nacional (el único poder no controlado por el chavismo), como todas las leyes aplicadas en el país, “porque es un acuerdo tácito entre trabajadores, patrono y Estado”.
Al intentar acabar con los contratos, se atenta contra acuerdos universales amparados por las leyes, representa una violación a los derechos humanos, así como un irrespeto a la Constitución, apuntó Freites,
Pero Wills Rangel recordó que las convenciones laborales tienen carácter constitucional desde la era Chávez. Subrayó que no serán derogados. “Aquí no estamos reformando la Constitución ni las leyes. Aquí el debate es político y económico», aseguró.
Barrios, por su parte, apuntó que “la única posibilidad que tiene Maduro de salirse del tema es respetar la escala”.
“Si él toma otro camino, habrá conflicto social”, advirtió.
