Obligan a comercios a bajar precios a pesar de demostrar costos con facturas

El gremio señala que la aplicación de la normativa desconoce el estado de derecho, ya que los empresarios «no son atendidos ni respetados al presentar pruebas y facturas que demuestran estar actuando apegados a la ley, mientras los bienes objeto de inspecciones se les fijen precios a capricho por debajo de los costos de compra y se obliga a venderlos de acuerdo a la voluntad de inspectores o fiscales».

Considera que la ley convierte a los empresarios en «supuestos delincuentes sin serlo» y propician «mayor sufrimiento» en los consumidores.

También afirma que las medidas de fiscalización contribuyen con la desaparición de los pequeños comercios y al surgimiento de «mercados negros» donde los productos se venden a «precio de oportunidad».

«Consecomercio insta al Ejecutivo a detener la violencia fiscalizadora que se ha seguido hasta ahora y le exhorta a emplear la misma vehemencia (…) a favor de la urgencia de producir en todo el país con la participación de la empresa privada», destaca el comunicado.

En lo que va de año, la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos ha emprendido 60.000 fiscalizaciones a empresas y comercios, ordenando sanciones de toda índole, desde ventas supervisadas de la mercancía hasta cuantiosas multas.

Hace casi tres semanas, coincidiendo con la creación de los comandos de Precios Justos liderados por el vicepresidente Jorge Arraaza, se aprobó la reforma de la Ley de Precios Justos para aplicar penas y sanciones más severas a los distintos delitos. También se han elevado los causales de infracción.