Opinión | La farsa del salario mínimo integral

De nuevo recurre el régimen madurista a sus prácticas autoritarias al decidir unilateralmente el nuevo salario mínimo nacional, sin haber consultado a empleadores privados ni a trabajadores representados en centrales sindicales o federaciones nacionales su opinión en la materia.

Con su actitud, este gobierno bandolero no escatima esfuerzos en demostrarlo, a nivel interno y ante la comunidad internacional, al desestimar que este año 2019, específicamente en julio, vino una Comisión de Encuesta de la OIT a propósito de la queja introducida por Fedecámaras en torno a la urgencia de la consulta tripartita establecida en el convenio 26 de los estatutos del organismo.

Pues bien, la actitud contumaz de la tiranía se agrava luego del informe final de esta misión internacional, emitido el pasado 30 de septiembre, donde se conmina al gobierno su obligación de sentarse en la mesa tripartita con empleadores y trabajadores a fin de decidir sobre salarios específicamente. Adicionalmente, le indica la liberación inmediata de Rubén González y Rodney Álvarez, sindicalistas de la empresa básica Ferrominera, entre otras decisiones del organismo internacional.

De esta manera, a tan solo 14 días del pronunciamiento de este órgano de la OIT, el régimen impone un nuevo salario mínimo que en nada resuelve el tema del poder adquisitivo tan resaltado en el Informe de la Comisión de DDHH de la ONU dado a conocer por la Comisionada Michelle Bachelet este mismo año.

El nuevo aumento, que alcanza la cantidad de 300.000 bs., según la nota gubernamental emitida por redes sociales, es presentado en forma fraudulenta como salario integral, cuando en realidad es solo salario la cantidad de 150.000 bs, utilizable para el cálculo de utilidades, prestaciones sociales, vacaciones, horas extras, etc. El resto es solo un bono sin ninguna incidencia salarial.

En realidad, este nuevo aumento tendrá el mismo destino de los otros, y es demostrar su incapacidad de restaurar el poder adquisitivo, ante una canasta alimentaria según el CENDAS-FVM cercana a los 5.000.000 de bs. y una canasta básica de bienes y servicios próxima a los 8.000.000 de bs., lo que significaría adquirir un 6% de la primera y un 3.75% de la segunda.

Esta realidad no la reconoce un vocero de marras oficialista, diputado de la fraudulenta asamblea constituyente, al informar que si es suficiente el aumento al poder adquirir con esa cantidad todos los productos de la caja CLAP. Argumento risible, pues ese mecanismo de distribución alcanza un 30% de la población y sus productos son de pésima calidad, en muchos casos descompuestos.

Lo que es evidente es la manipulación de un régimen tirano y farsante, que ofertó en agosto de 2018 un salario mensual equivalente a 30 $ mensuales para que hoy, luego de 14 meses con indicadores de inflación de 7 cifras, implante un ingreso mensual cercano a los 15 $. Datos que nos colocan en el inframundo de la pobreza extrema, al indicar la OIT y el BM que el salario de pobreza extrema es de 1,9 $ diarios, entre tanto el nuevo ingreso mínimo alcanza solo 0.5 $ diarios, como resultado de la política económica mas brutal y exterminadora en contra de un pueblo.

Situación que se complica más con la actual distribución de la población en Venezuela, donde los adultos mayores, pensionados y jubilados, quienes representan hoy la data de 4.500.000 personas, son obligados a sobrevivir con la pensión o jubilación de 150.000 bs., y condenados al infortunio luego de haber aportado tras décadas de labor su trabajo y esfuerzo a la prosperidad del país.