Opinión | La privatización que vendrá

En términos generales y globales, los procesos de privatización han solido ser producto de escenarios forzados ante problemas fiscales que han obligado a buscar alternativas de financiamiento para acometer las inversiones requeridas para la sostener la provisión de servicios públicos

Nuestro país requiere enormes esfuerzos para su rescate, entre muchos otros especialmente el referido a pensar, racionalizar y contextualizar el alcance que debe poseer el Estado en la propiedad y la provisión de bienes y servicios.

En términos generales y globales, los procesos de privatización han solido ser producto de escenarios forzados ante problemas fiscales que han obligado a buscar alternativas de financiamiento para acometer las inversiones requeridas para la sostener la provisión de servicios públicos.

En la medida que mayor resulte el alcance de la propiedad pública sobre la provisión de servicios e incluso de bienes, puede producirse un problema de búsqueda de captura de los ingresos fiscales como mecanismo de financiamiento de último recurso de los déficits en el desarrollo de actividades económicas y en la prestación de servicios, por ejemplo, aquellos públicos de red.

El valor de los activos dedicados a la provisión de servicios o la producción de bienes que se encuentran en manos públicas, pudiendo depender de su capacidad de generar flujo de caja se encuentran verdaderamente comprometido dada la depauperación del poder de compra de la demanda agregada interna.

En este sentido, dicho valor, pensando en procesos de privatización, dependerá de los potenciales flujos de caja esperados a futuro y dicho flujo dependerá no sólo de las expectativas respecto a la corrección de los desequilibrios macroeconómicos y del poder de compra de la demanda, sino asimismo del marco institucional que suele incidir sobre la forma de determinación de las tarifas, su nivel y los márgenes.

Así las cosas, respecto al marco institucional, constituirá un enorme reto y un requisito previo a cualquier acometida o entrada, la reconstitución de la credibilidad y el respeto a los derechos de propiedad y a las inversiones, especialmente en un país cuya poca credibilidad en las gestiones públicas recientes, la debilidad institucional y los compromisos políticos de corto plazo, más la necesidad de atender el drama de la pobreza, dificultarán dicha tarea.

Las eventuales privatizaciones no pueden ser concebidas exclusivamente como una fuente urgente o de último recurso de financiamiento público, especialmente por el riesgo que ello implica; sino que deben formar parte del modelo de sector que se diseñe, donde los mecanismos de licitaciones y de competencia por el mercado para hacerse con los operadores constituyen una tarea importante (así como lo es el diseño del modelo de sector –lo que puede pasar por un diseño de un esquema regulatorio eficiente, basado en incentivos que permita resguardar el acceso y la eficiencia dinámica de este tipo de sectores–).

Por ejemplo, la definición que se tiene sobre las privatizaciones no tiene por qué implicar únicamente el cambio de propiedad en manos públicas hacia privadas, sino igualmente puede comprender el diseño de mecanismos de concesiones y procurements.

Estas tareas exigen un equipo especializado que participe no sólo o exclusivamente en las labores de regulación una vez la privatización haya ocurrido, sino que deberán formar parte del proceso de diseño del modelo de sector que se requiera para el país.

Una característica ideal de las agencias regulatorias que podría requerir ciertos sectores económicos en los que se instrumenten privatizaciones, por ejemplo, por su propia naturaleza de eventual existencia de subaditividad en la estructura de cotos de los operadores; constituye la independencia de interferencias políticas sin menoscabo del control de la legalidad de las acciones regulatorias de dichas agencias.

Dicha independencia, más allá de la robustez del propio diseño institucional de la agencia regulatoria, depende crucialmente de la existencia de un personal cualificado que coadyuve a evitar dos fallas de gobierno como sería en un extremo la captura del regulador en favor de los operadores, así como acciones regulatorias que se erijan como expropiaciones parciales producto de la lesión de las expectativas e inversiones realizadas por los operadores (por ejemplo, producto de la imposición de condiciones regulatorias ex post que violenten la restricción de participación de los oferentes).

Este tema no resulta para nada menor, y definitivamente incide en las expectativas por parte de los potenciales inversionistas en considerar participar en eventuales políticas y esquemas de privatización y licitación de concesiones.

Indefectiblemente si los agentes económicos inversores no poseen credibilidad respecto a la gestión pública y los reguladores, exigirán mayores tasas de rentabilidad ante la exposición a mayores riesgos regulatorios, o irremediablemente disminuirán sus inversiones al extremo de abstenerse de participar en los procesos de licitaciones.

Publicaciones especializadas, como las del Banco Mundial sobre la privatización y la regulación de infraestructuras de transporte (2003) editadas por prestigiosos especialistas como Ginés de Rus, llaman la atención que una de las mayores falencias en los países que se enfrentan a retos como los expuestos en el presente artículo, son justamente la carencia del personal formado técnicamente en áreas de regulación económica, economía industrial y política de competencia.

El país debe iniciar las labores de análisis y de valoración de las alternativas de política, no puede constituir excusa la necesidad de un cambio político en el país, no porque no resulte fundamental, sino porque son muchas las tareas que deberían encontrarse listas para el día cero.

Texto de opinión por Enrique González.