La crisis país que efectivamente nos afecta a todos, asimismo afecta la recaudación y financiamiento de las distintas instancias del estado.
Cualquier actuación descentralizada, motivada por una voracidad fiscal de pechar a los pocos que “pudieran” contribuir, afectaría notablemente los incentivos para continuar desarrollando actividades económicas en el país. En este orden de ideas, la carrera por “apropiarse” de parte de la renta o patrimonio de quienes pudieran continuar “aportando” parece estar desatando un problema de “doble-marginalización” o tragedia de los anticomunes que puede significar la “estocada” final contra cierto número de agentes económicos que aún continúan desarrollando actividad económica en el país manteniendo empleos y creando bienes y servicios en favor de los consumidores domésticos.
Dicho problema de Doble-marginalización implica el cobro de gravámenes sobre gravámenes equivalente a pensar en márgenes sobre márgenes –o alternativamente en porcentajes acumulativos que reducen los excedentes y rentas como incentivos a los inversionistas, oferentes y productores-, situación que termina reduciendo el número de oferta de bienes o de actividad económica, por lo que los intereses parcelados fiscales terminan lesionando a la sociedad en su conjunto –ya no solo a las empresas o unidades productivas-.
Más allá, en la medida que parte de los gravámenes de la estructura impositiva recaiga sobre empresas implicando nuevos costos variables –por la naturaleza de ciertos impuestos -, la curva de costo marginal de las unidades productivas se desplazará hacia arriba –o alternativamente determinará un precio mayor-, constriñendo automáticamente la oferta e igualmente, produciéndose un pass-through hacia el precio que implicará una reducción de la cantidad demandada. Lo anterior crea una situación que encontraría en la eliminación de este tipo de impuestos mejoras paretianas implicando un aumento del bienestar social.
Así las cosas, esta voracidad y carrera por expoliar a los pocos que pueden mantenerse operando, ni siquiera tiene garantía de efectividad redistributiva, producto de esta distorsión que implica destruir automáticamente bienestar que imposibilita mejoras paretianas.
La disciplina de las “Finanzas Públicas” o la “Economía del Sector Público” nos orienta normativamente, a que las intervenciones del estado en la economía deben encontrarse enfocadas bajo un referencial o benchmark de un estado benevolente que busque por un lado resguardar la eficiencia económica que permita reducir las distorsiones para permitir la máxima generación de bienestar social o riqueza. Y por el otro lado, a partir de allí, el eventual pacto de inclusión y equidad que cada sociedad entienda admisible, permitirá efectivas políticas de redistribución de riqueza y no de pobreza.
El sector empresarial ha denunciado de alguna manera esta preocupación llamando la atención sobre la escasa base empresarial que precariamente se sostiene y continúa operando en el país. Se ha señalado que del 20% del parque empresarial que se mantiene operando, éste se encuentra trabajando escasamente al 15% de su capacidad instalada. Podría pensarse que dichas estructuras pensadas para operar en una economía de mayor profundidad, encuentra difícil poder amortizar numerosos ítems de costos, que en la medida que nuevas cargas comprometan la recuperabilidad de los costos incrementales y/o evitables –muchos probablemente de naturaleza conjunta o comunes-, terminan actuando como una “invitación” a dejar el país y las operaciones económicas.
Antes de pensar en continuar expoliando las pocas unidades productivas que se mantienen en el país, la base impositiva podría ser ampliada en la medida que las barreras jurídicas, regulatorias y de controles que el propio gobierno ha erigido puedan ir siendo reducidas, permitiendo la entrada de empresas, la expansión de las que se encuentren operativas y en consecuencia incrementando la posibilidad de un mayor aporte absoluto de dichos agentes económicos generadores de bienestar y riqueza a las arcas públicas.
