En una resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), publicada en la Gaceta Oficial 40.846 del 11 de febrero, se acuerda la disolución anticipada del BIV y el cese de operaciones y actividades de intermediaciones financieras.
La medida estipula el inicio de la liquidación administrativa de la entidad con 79 años de operaciones.
En marzo de 2015 la junta directiva de la institución del Estado había solicitado la disolución para su liquidación tanto de las operaciones de las agencias en el país como en Miami, Nueva York y Curazao, «para fortalecer, reorganizar, optimizar el funcionamiento de la banca pública y hacer más eficiente su actuación», señala la resolución.
El Ministerio de Finanzas, en fecha 18 de enero de 2016, notificó que el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional opinó de manera favorable a la disolución anticipada del Banco Industrial de Venezuela, y por tanto se resuelve el inicio del proceso de liquidación administrativa.
Los trabajadores de la entidad solicitaron el 19 de enero al Ministerio de Finanzas que se pronunciara sobre la situación del banco que a esa fecha las cifras aún eran positivas, demostradas en balances y estados financieros.
Como ente regulador del sistema bancario, la Sudeban puede decidir la liquidación de la entidad financiera, pero la desaparición del banco solo puede darse vía Asamblea Nacional, porque el banco fue creado por ley en 1937.
«La desaparición de la entidad solo puede ocurrir por decisión de la AN con la derogación de la ley. No hay otra manera legal», coincidieron juristas consultados por El Estímulo.
«No basta con la decisión de los accionistas de liquidarlo de manera anticipada. No puede suspenderse mediante un acto administrativo. Se estaría violando el principio del paralelismo de la forma jurídica, que es que si lo creo por ley solo lo puedo derogar por ley», dijo uno de los consultados.
Wilmen Ramos Madera, secretario general del Sindicato Nacional Bolivariano del Banco Industrial de Venezuela y abogado de profesión, indicó que una resolución no puede estar por encima de la ley.
El BIV es el único banco además del Banco Central de Venezuela que tiene una ley. Y hasta tiene una notaría interna.
Los más de 2.300 trabajadores activos y 1.024 jubilados saldrán a partir de este lunes a las calles a protestar por el cierre de la entidad que los deja sin trabajo.
La edad promedio de los empleados del BIV es de 20 años y la póliza de seguros de la empresa ampara a unas 12 mil personas, indicó Ramos, quien sostuvo que hace dos semanas el presidente del banco José de Freites Jardim les había informado que el cierre estaba cerca.
El sindicato conoció la decisión a través de la Gaceta Oficial número 40.846 publicada este viernes. Ramos indicó a El Estímulo que los balances de la institución están en azul, por lo que pedirán al gobierno entregar el BIV a los trabajadores para su administración.
A la par solicitan una investigación por parte de la Asamblea Nacional de las causas que llevan al gobierno a liquidar la entidad, cuando no está arrojando pérdidas.
Las comisiones permanentes de Finanzas, Contraloría y Desarrollo Social conocen la situación de los trabajadores, según contó Ramos.
Recuerda el dirigente sindical que el BIV fue creado para el desarrollo de la pequeña y mediana industria, por lo que no entiende cómo cuando el gobierno decreta una emergencia financiera decide eliminar una institución promotora.
«¿Quién nos asegura la estabilidad? Tenemos inamovilidad laboral y este gobierno se dice que es obrerista». Ramos señala que se quedan en la calle en un momento en que la crisis económica no les permitirá cómo mantenerse. Desconocen cómo y cuándo serán liquidados y qué pasará con los jubilados.
El BIV mantenía más de 200 puntos entre agencias bancarias y taquillas.
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