Energía y Petróleo

Pdvsa sí fue estafada a través de contratos con sobreprecio

La nota 32 de los Estados Financieros Consolidados de Pdvsa, publicados este martes por la estatal petrolera, revela algunos detalles sobre la investigación por corrupción en los procesos de procura internacional que desarrolla un equipo interno de la empresa, con ayuda de expertos externos, aunque no da a conocer el monto del fraude.

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Tras las acusaciones presentadas por la fiscalía para el Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos, contra representantes de contratistas y proveedores de Pdvsa por lavado de dinero a través de contratos fraudulentos adquiridos con la petrolera, la estatal venezolana instruyó a su Comité de Investigación y Control a realizar sus propias averiguaciones.

En sus Estados Financieros Pdvsa admite, además, que “ciertos extrabajadores de una filial extranjera de Pdvsa fueron acusados por los mismos hechos”, luego de publicar en marzo de este año un comunicado  en el que afirmaba que la acusación de estos funcionarios formaba parte de una campaña de desprestigio en contra de la empresa.

De acuerdo con la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, actualmente 62 funcionarios de la petrolera están siendo procesados en los Estados Unidos y Europa.

Entre las imputaciones conocidas, también destacan los casos de Roberto Rincón y Abraham Shiera-Bastidas, propietarios de una contratista que tenía negocios con Pdvsa desde 2009. Entre esa fecha y 2014, lograron estafar a la estatal por $1.000 millones, a través sobornos y contratos fraudulentos.

“El Comité de Investigación y Control inició una revisión sobre estos hechos a través de las instancias de control de la compañía y, adicionalmente, contrató especialistas externos en fraude, contabilidad y leyes, con reconocimiento internacional, para realizar una investigación independiente para el período comprendido entre los años 2009 y 2015”, indica el reporte.

Aunque la investigación sigue en curso, permitió confirmar que Pdvsa “ha sido víctima de fraude en su proceso de procura internacional de bienes y servicios conexos”. También identificó las modalidades en las que se cometieron los ilícitos y “la vulneración de los controles internos que permitió que esta situación ocurriera”.

Además, se determinaron las transacciones que fueron objeto de operaciones fraudulentas, aislándolas del resto. “Esto ha ofrecido elementos para considerar que, a la fecha y en este estado de la investigación, estos hechos irregulares no están generalizados en todas las transacciones del proceso de procura internacional de bienes y servicios conexos que se realiza a través de una de las filiales de la compañía”, señala el texto.

En ningún momento, la empresa menciona el nombre de la filial ni muestra la cuantía de los pagos afectados.  De hecho, argumenta que debido a la “impracticabilidad” para determinar los períodos y los montos de posibles sobreprecios producto del fraude, Pdvsa desarrolló una metodología para estimar el impacto de estas operaciones sobre sus estados financieros correspondientes a 2015.

La empresa asegura que no hubo “ningún efecto material” sobre los estados financieros, partiendo de la información recabada por la investigación hasta los momentos.

Según esta metodología, la empresa identificó a los contratistas y proveedores presuntamente involucrados en las irregularidades, así como las personas asociadas a estas compañías. También se determinaron cuáles fueron los contratos firmados con estas entidades y los pagos relacionados con ellos.

“Se determinó un porcentaje promedio de sobreprecio, con base en la información de la acusación de diciembre de 2015 y lo identificado hasta la fecha a través de la investigación, sobre el valor total de contratos afectados. Este porcentaje fue utilizado para estimar los posibles impactos sobre el monto total de los contratos identificados”, detalla el reporte.

Pdvsa no divulgó a través del informe el porcentaje promedio de sobreprecio en las transacciones fraudulentas. La compañía promete que la investigación continuará para precisar los efectos patrimoniales y “ejercer futuras acciones legales”.

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