Un grupo multidisciplinario de juristas, políticos y otros profesionales venezolanos y extranjeros lidera una iniciativa en la que se solicita formalmente al gobierno de los EEUU que reabra los expedientes de inmigración de venezolanos vinculados con corrupción y violaciones a los derechos humanos.
«Debe ser posible recuperar los bienes que se han robado en Venezuela. No es posible que sujetos que han robado al país se pavoneen con sus bienes en Estados Unidos», indicó el abogado penalista y experto en antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho.
La solicitud, en la que participan juristas, contadores, administradores, especialistas en lavado de dinero y políticos, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, y que ya fue firmada por más de 2.700 personas, se fundamenta en la presunción de que estos ciudadanos mintieron en sus solicitudes de asilos y visas.
En rueda de prensa, miembros de este equipo multidisciplinario, explicaron que existen suficientes evidencias en contra de un grupo de venezolanos que, según el grupo, han legitimado capitales mal habidos en los EEUU, razón por la cual se solicita la revisión de los expedientes migratorios ya que se debió haber omitido información a las autoridades. El equipo tiene en sus manos más de 12 expedientes de casos de corrupción.
«No vamos a aceptar que estos venezolanos que incurrieron en corrupción se escondan en negociaciones con el gobierno estadounidense o mientan para obtener su condición de asilo o de visado», indicó el diputado Julio Montoya, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y presente en la rueda de prensa.
Reveló que este equipo interdisciplinario, compuesto también por María Trina Burgos, abogada especialista en asilos, y el estadounidense, Eric Padrón, experto en fraude y narcotráfico, irá a la ciudad de Washington a reunirse con las autoridades migratorias y algunos parlamentarios. «No es posible que personas a las que se les descubrieron capitales en Andorra estén refugiados en los EEUU», expresó Montoya.
Aseveró que buscarán los mecanismos necesarios para repatriar los recursos provenientes de la corrupción que se han invertido en territorio estadounidense.
-Las sanciones-
Burgos, radicada en EEUU, explicó que lo importante de los formularios para solicitar la visa americana es que todo lo que se dice en la planilla queda bajo juramento, por lo que mentir en ella es considerado fraude a la nación. En este sentido, no importa el tiempo que tenga la persona en los EEUU, en cualquier momento su expediente puede ser reabierto e investigado en silencio, siempre y cuando algún organismo del Estado presente evidencias de que se suministró información falsa o tergiversada.
Si esto se demuestra, la persona es sometida a un juicio federal, tras el cual el asilo o la ciudadanía pueden ser revocados y el ciudadano deportado a su país. Dependiendo del delito que haya cometido, también podría ser juzgado en los EEUU, añadió.
En contacto a través de Skype, Padrón indicó que Miami es una de las ciudades donde más capitales ilegales se han invertido, tanto en propiedades como en cuentas bancarias.
«Después de los ataques de 2001, los bancos tienen la responsabilidad de verificar el origen de los fondos pero en muchos casos eso depende de la colaboración del país de origen», señaló.
Reconoció que su país ha notado este flujo de capital proveniente de la corrupción en Venezuela y que investiga varios casos. Informó que el Departamento del Tesoro puede poner a las personas vinculadas a estos delitos en la famosa lista Clinton, que impide a los bancos hacer negocios con ellos o abrirles cuentas.
El equipo mantiene la esperanza de que la solicitud sea escuchada por las autoridades migratorias y que las medidas tomadas conlleven a la recuperación de los capitales perdidos. Rebolledo indicó que existe un precedente en Perú, también en Brasil y varios países de África. El problema es que mientras no exista autonomía de las instituciones venezolanas es difícil prestar colaboración a las investigaciones que se realizan en el extranjero.
La petición fue publicada en el portal Change.org, buscando canalizar la opinión de la sociedad civil. Al momento de publicación de esta nota, la solicitud contaba con 2.819 firmas.
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