Por violar los derechos laborales establecidos en la LOT, la Constitución y convenios con la Organización Internacional del Trabajo, el diputado opositor Miguel Pizarro, solicita al gobierno a eliminar la resolución 9.855 que da potestad al gobierno a disponer de cualquier empleado para que cumpla con labores en el sector agroalimentario.
El presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, exhortó además a los trabajadores a desconocer la resolución, a no acatarla, porque la medida «abre la compuerta al trabajo forzado, a una visión esclavista de las relaciones laborales», dijo.
Hizo un llamado a Oswaldo Vera, ministro del Trabajo y quien hasta enero fue diputado a la Asamblea Nacional, a que rectifique y «eche para atrás la medida que supone una visión maoísta, una visión rumana, de cortina de hierro, de creer que los humanos somos objetos y que las relaciones laborales son asunto del Estado y no decisiones individuales de cada trabajador».
La decisión del gobierno viola autonomía de los trabajadores de escoger su entidad de trabajo y coloca al trabajador a su disposición «como si fueran unos esclavos, que subordina las relaciones laborales a intereses de militares o instituciones del Estado. Lejos de reformar el modelo, siguen profundizando el modelo de estatización, de centralización y control férreo del gobierno, que no funciona».
Rafael Ramírez, también diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, sostuvo que la resolución 9.855 carece de toda validez porque viola el artículo de la Constitución, el artículo 30 de la Ley Orgánica del Trabajo y todos los convenios con la OIT.
«Esa resolución que se acaba de inventar (el gobierno) es para creer que de esa manera van a reactivar el aparato productivo, sin entender que se reactiva con incentivos y no con obligaciones y sanciones. Ello constituye una violación a la ley, a la norma y a las libertades individuales que tiene cada uno de los trabajadores».
«Vemos con preocupación cómo en lugar de que se devuelven las empresas expropiadas y que se cree un conjunto de incentivos para que trabajadores quieran ir a esas empresas como un contrato colectivo digno u otro beneficios, lo que hacen es imponer una obligación de ir a prestar un servicio por 60 días que seguro será prorrogable para hacer lo que no ellos no han podido hacer que es reactivar el aparato productivo».
Ramírez aseguró que apoyarán a los trabvajadores en cualquier lucha institucional ante el Ministerio del Trabajo u otro organismo para que esta norma no sea aplicada.
Con información de Anna Carolina Maier
Actualmente, el salario mínimo en Venezuela se mantiene en Bs. 130 mensuales, de acuerdo con el último decreto anunciado en marzo de 2022. Esto equivale a 6,4 dólares de acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV)
Nueva prórroga de OFAC para la entrada en vigencia de una licencia que permite a los acreedores de Pdvsa ejecutar el embargo sobre Citgo dura solo tres meses. Expertos ven riesgo claro de que Venezuela pierda la mayor joya de su corona.
Hasta 20% de impuesto tendrá que pagar una persona en Venezuela que quiera o esté obligada a hacer una compra con dólares o criptomonedas. Los especialistas encienden las alarmas y señalan que esto es solo "la punta del iceberg" sobre las reformas que impulsa Maduro para recibir una tajada de las divisas que circulan en un país que lucha por dejar atrás la peor depresión económica de su historia.
