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¿Privatización del Sector Petrolero?

Es necesario regresar al sector privado numerosas empresas y actividades económicas que no deberían o no tendrían por qué ser desarrolladas por el Estado directamente | Enrique González, Economista UCV

¿Privatización del Sector Petrolero?

En la producción y comercialización de bienes y servicios de consumo privado no existiría justificación para que se produzca una intervención pública, mucho menos se justificaría que la propiedad de los productores, proveedores y oferentes sea pública. Esto en la medida que no existan externalidades significativas, aunque aun así, sólo se requeriría algún tipo de normativa que internalice estos efectos, lo que no implica estatizar la actividad económica.

En el caso de sectores que requieren enormes ingestas de inversiones para su desarrollo o que se encuentran asociadas a la extracción de rentas suele existir igualmente alternativas de modelo para su explotación que no se circunscriben exclusivamente a la propiedad pública.

Respecto al sector petrolero, basta mencionar que existe una acepción amplia de la “privatización” de las actividades económicas que por un lado no implican necesariamente que el Estado deje de ser propietario de los recursos –por ejemplo, por medio de la utilización de modelos de procuras- y segundo, existen mecanismos basados en mercado que le garantizarían a la sociedad extraer ante las mayores rentas de dicho sector.

¿Amenaza de privatización?

Dicho lo anterior, posiblemente exista cierto consenso sobre la importancia y la eficiencia derivada de la participación privada en la explotación y desarrollo de ciertas actividades económicas, entre ellas la petrolera, sin que el Estado ni la sociedad deje de percibir, vía passthrough, parte de dichos beneficios y eficiencias.

Lo anterior no implica que la privatización del sector, una mayor participación accionaria y de capital por parte del sector privado, o simplemente vía procura su administración privada, no requiera una debida discusión y adecuación del marco institucional, pero tampoco el rechazo automático de dicha alternativa de modelo y de política pública que contaría con numerosos defensores.

Sin embargo, siendo que para la actual gestión de gobierno y ante la debilidad institucional en el país, resulta efectiva la amenaza de una “privatización” a los trompicones, un par de advertencias cabe añadir, a las que ya numerosos expertos han ido realizando.

Un análisis de dicha política pública basado en el enfoque de los grupos e interés podría revelar que una cosa es el beneficio que el gobierno obtendría de dicha medida, otra el beneficio de los países y empresas que podrían encontrarse “habilitad@s” en participar en dicha expansión de “terceros” en el sector petrolero venezolano y otra muy distinta cuáles serían los beneficios o perjuicios para la sociedad venezolana.

Dos problemas de la privatización

En este sentido, se presentan entre otros, dos problemas que inciden en los perjuicios que para la sociedad venezolana implicaría dicha “privatización” en las actuales circunstancias, en contraste de ser llevada adelante por otro gobierno con otro marco institucional.

El primero lo constituye un problema de hold-up y el segundo la ausencia de mecanismos de mercado en favor de las transferencias en favor de la sociedad venezolana.

En una primera instancia, uno podría esperar que los capitales privados ya comprometidos en el sector petrolero venezolano en los proyectos de explotación mixta adolecen de un problema de hold-up que podría darle poder de negociación a la sociedad venezolana.

Sin embargo, dado los problemas financieros del estado venezolano y del gobierno en específico; dada la pérdida del capital humano y de la capacidad gerencial por parte del estado venezolano en materia petrolera; dada las restricciones derivadas de la política norteamericana hacia el gobierno venezolano en materia de eventuales nuevos participantes internacionales en el sector y de nuevo capital; cualquier ventaja por el problema de hold-up queda revertido en detrimento de la sociedad venezolana.

Acuerdos opacos

De igual manera, la ausencia de una visión basada en mercados de las políticas públicas, facilitará acuerdos y arreglos opacos, que, aunado al problema descrito anteriormente, atentará contra los beneficios en favor de la sociedad venezolana –puntualmente, en materia de rentas en favor de la sociedad debido a los beneficios potencialmente extraibles por medio de mecanismos de competencia por el mercado-.

El país esperaría “pagar” por dicho financiamiento privado lo que un “mercado medianamente competitivo” pagaría, siendo que concesiones, prebendas y rentas adicionales otorgadas por el actual gobierno, podrían ser interpretadas como una lesión al país más allá del premium por riesgo responsabilidad del propio ejecutivo.

Finalmente, un tema no menor, más en el ámbito político, resulta que, siendo que el actual gobierno resulta ilegítimo de origen y ejercicio; cualquier fuente de financiamiento en detrimento de la sociedad venezolana estaría cuestionada.