La demanda presentada el martes por tenedores de bonos de obligación general busca invalidar una ley de moratoria de la deuda aprobada en abril, con la isla agobiada por una deuda pública de 70.000 millones de dólares.
Se prevé que Puerto Rico entre en impago de un abono de casi 2.000 millones de dólares el 1° de julio. Esa cifra incluye más de 700 millones de dólares en bonos de obligación general que se supone estén garantizados por la constitución de la isla.
Funcionarios anunciaron el martes que suspendieron conversaciones con tenedores de bonos luego de varias propuestas y contrapropuestas fallidas en relación con pagos de la deuda.