Por la falta de garantías jurídicas para alquilar y por el desplome de los precios de venta, la gran mayoría de los propietarios decidió dejar vacías sus residencias.
Pero por estos días en Venezuela crece la paranoia por una serie de mensajes difundidos en redes sociales, según los cuales militantes del chavismo, a través de sus consejos comunales, se estarían preparando para invadir los inmuebles, con el apoyo oficial.
El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que se trata de una campaña de miedo sembrada por la oposición.
En un comunicado, este martes la Cámara Inmobiliaria de Venezuela exhorta al gobierno a que aclare si forman parte de alguna política oficial «las visitas que pudieran estar realizando, en conjuntos residenciales de propiedad privada, personas supuestamente vinculadas a consejos comunales, con el objeto de censar viviendas desocupadas».
Según Carlos Alberto González Contreras, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, “no hay ninguna certeza de la identidad de las personas u organizaciones que presuntamente están realizando esta actividad ilegal, a la cual le han dado el nombre de plan ‘ubica tu casa’. Estos rumores pueden desembocar en una acción delictiva por parte de sujetos inmorales que se aprovechan de la situación de precariedad de muchos conciudadanos. Por tanto, es necesario que el gobierno se pronuncie al respecto”.
“Ninguna persona natural o jurídica puede confiar en un país donde, de la noche a la mañana, llega cualquier persona a tomar una propiedad ajena. Las ideas del plan ‘ubica tu casa’ son inmorales porque estimulan el robo y, además, son inmensamente perjudiciales para todos los venezolanos porque destruyen todavía más la confianza en nuestro Estado de Derecho, en las leyes y en el futuro de la sociedad”, aseveró el líder gremial.
Detrás del miedo y la paranoia creciente hay antecedentes de acciones arbitrarias del gobierno contra propiedades comerciales e industriales. Pero no hay hasta ahora registros de un plan oficial masivo contra inmuebles particulares.
Mientras, para la mayoría de los propietarios que se fueron vender no es una opción ahora mismo porque equivale a regalar su patrimonio. Los precios han caído más de la mitad desde el último año, según agentes inmobiliarios.
Pero además, en Venezuela ni siquiera hay un mercado de crédito hipotecario con el cual se pueda financiar una compra venta de inmuebles. Una banca estrangulada por la hiperinflación no está en condiciones de financiar masivamente en bolívares, mientras que los ingresos formales de la vasta mayoría de personas no alcanzan para calificar a un crédito de este tipo.
Por eso, no hay hoy un mercado de compra venta ni alquiler de viviendas, y ante el miedo a perderlas, los propietarios acuden el último recurso de la ayuda de familiares y amigos a quienes dejarles las llaves.
Más que regar las matas
Hace meses, la familia de Jesús Hernández emigró para Argentina. Una decisión que para muchos es arriesgada, pero necesaria para encontrar una mejor calidad de vida. Más allá de dejar las amistades y seres queridos, la madre de Hernández se topó con la gran interrogante de qué hacer con su apartamento. Venderlo sería la opción más apropiada, pero el proceso no sería tan sencillo. Alquilarlo era una alternativa repleta de terror.
Tener extraños en su hogar nunca fue una opción, pero sí sintieron que lo ideal era dejar a una persona de confianza permanente. Como un intercambio de mutuo beneficio, uno de sus primos se fue a vivir al apartamento mientras tanto. Él los ayuda a pagar el condominio o los gastos varios, así como mantener el domicilio en buen estado.
Esta es una de las opciones más viables según Ana María Carrasquero, investigadora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), debido a que en el país «no existe un estado de derecho que garantice la propiedad privada», aunque advierte que «no pueden dejar la casa cerrada porque se te podría reventar un tubo, por ejemplo. Lo más recomendable es dejarle la casa a una persona de confianza», afirmó.
El Observatorio De Propiedad de Cedice ha monitoreado 125.246 actuaciones contrarias a los derechos de propiedad desde 2005 hasta 2017, año en el cual se contabilizaron al menos 11.852 ataques, lo que lo convirtió en uno de los años con más violaciones a la propiedad privada de la última década.
«La propiedad privada es un derecho de las personas que está contemplado por los Derechos Humanos y la Constitución. En un país normal, está garantizado este derecho. Este tipo de cosas suceden porque existen políticas que han incentivado esto», dice Carrasquero, a pesar de que el derecho a la propiedad está consagrado en la Carta Magna.
Entretanto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos González, refiere que la ocupación de las viviendas no es un fenómeno nuevo.
«Hace aproximadamente dos años se presentó una situación similar, pero sin la difusión que esta oleada ha tenido. Al principio fueron simples rumores exacerbados por lo delicado del tema y por la lógica preocupación que este tipo de noticias genera en un sector de la población que ni siquiera se encuentra en el país para defender sus propiedades», resalta.
Sin embargo, la angustia de la población -tanto fuera como dentro del país- se acelera casi al mismo tiempo que la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 20 de mayo, cuando un pequeño panfleto comenzó a correr por las redes sociales con el título «Plan ubica tu casa», en el que supuestamente se alerta que consejos comunales en todo el país irían de casa en casa a preguntar cuáles son los apartamentos vacíos en cada edificio para posteriormente presentarse con un fiscal, tumbar la puerta, y apropiarse del bien, refrendado por un acta.
Respecto a este fenómeno, González manifiesta que aunque no se conoce de ningún caso específico de ocupación basado en esa práctica, esta proliferación de rumores ha traído como consecuencia dos escenarios.
«El primero de ellos es la práctica delictiva de grupos hamponiles que ven como una oportunidad la existencia de viviendas vacías para tratar de ocuparlas en detrimento de sus legítimos propietarios y el otro escenario está formado por personas que realmente pueden necesitar vivienda y les llama la atención esa posibilidad de resolver su carencia haciendo miserables a otras personas. Al final del camino no deja también de ser un acto delictivo», alertó.
La diáspora venezolana genera un limbo en el mercado inmobiliario en tanto los propietarios decidan no arrendar o vender sus viviendas. Carrasquero agregó que La Candelaria es una de las zonas más afectadas por las invasiones. «Lo lógico es que las personas que se van del país dejaran su apartamento arrendado, pero esa opción la mataron las políticas gubernamentales. La situación es complicada», señala.
En ese sentido, una vecina en La Candelaria contó a El Estímulo que en la noche del viernes 18 de mayo se escuchaban gritos en la zona, específicamente en el Hotel Simón.
Entre hombres, mujeres con niños entraron al lugar a la fuerza y colocaron una foto de Nicolás Maduro en una de las habitaciones del hotel. Los vecinos se alarmaron ante la situación. Uno de los aspectos más preocupantes -relata la mujer que prefirió declarar bajo la condición de anonimato- fue que en el lugar solo habían dos guardias, a pesar de que el hotel se encuentra cerca del Colegio La Salle, que era centro electoral a propósito de las elecciones presidenciales.
Esto motivó a que los vecinos a que se reunieran para tomar medidas por su cuenta debido a los rumores de que algunos consejos comunales se están apoderaron de los inmuebles que están desocupados para tomarlos y entregarlos a otras personas. Incluso, un audio que circuló también por las redes, hacía referencia que en La Urbina habían pasado dos personas preguntando cuántos apartamentos habían vacíos en determinado edificio.
De acuerdo a los datos revelados este año por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi), 8% de los hogares venezolanos reporta al menos una persona emigrante en los últimos cinco años, lo que representa un promedio de 1,3 millones de ciudadanos fuera del país, entre 2012 y 2017. Estos casos ocurrieron en su mayoría en la Gran Caracas y ciudades más importantes como Valencia, Maracay, Maracaibo y San Cristóbal, con 60%.
Ana Carrasquero también argumentó que la cifra por estos casos es incierta, por lo que sugiere denunciar cualquier tipo de ataque o violación a la propiedad privada. Sin embargo, reconoce que la mayoría de los ciudadanos no lo hacen porque “el gobierno maneja la mayoría de las instituciones, entonces ese mismo organismo que te hace daño te defiende, o sea, te cobra y se da el vuelto”.
En tal sentido, la mamá de Jesús Hernández -quien dejó su apartamento al cuidado de un primo mientras vive en Argentina- exhortó al gobierno a que explique si esas actividades son parte de una política oficial. «Llamamos a las juntas de condominio y administradores es a hacer valer la Constitución. Ninguna persona investida o no de autoridad puede solicitar información si no media un requerimiento judicial debidamente sustentado», expresó.
Por otra parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos González, explica que la hiperinflación combinada con los niveles de pobreza superiores ha motivado una muy escasa demanda y una elevada oferta de inmuebles para la venta.
«Esto ha hecho que los precios se depriman de manera importante, sobretodo en los sectores populares y clase media», indica.
Subraya que la venta de viviendas nuevas en el mercado primario está prácticamente paralizada.»El mercado se está sosteniendo con la venta de viviendas “usadas” que ha caído en número de operaciones y lo más determinante el valor promedio transado ha caído en los últimos dos años en más de 60%», finaliza.]]>
