Trabajador de General Motors: "El 18 de abril de 2017 nos agarró por sorpresa"

Comenzaba a anochecer el 21 de abril de 2017 y Harry Ospina estaba en una cola esperando su turno en la farmacia para comprar medicamentos cuando recibió un mensaje de texto, desde un teléfono desconocido, en el que le informaban que General Motors Venezolana (GMV) había cancelado parte de sus prestaciones sociales.

Trabajador de General Motors: "El 18 de abril de 2017 nos agarró por sorpresa"

Así finalizaba la relación laboral con la automotriz en la que laboró más de 13 años de su vida. En el primer pago le depositaron en su cuenta un millón de bolívares, luego hubo un segundo aporte por 200.000 bolívares y un tercero por 86.000 bolívares. En total recibió 1.286.000 bolívares, pero no le reconocieron lo que mantenía en la caja de ahorros.
“La noticia la vi en Internet pero pensaba que era mentira. Eso me cayó muy mal, me impresionó” dijo Ospina que trabajaba en la instalación de tableros del área de Tapicería, en la planta de GMV ubicada en la zona Industrial de Valencia.
La información sobre el cierre de operaciones  se propagó como pólvora. Coincidió con los días de fuertes protestas callejeras contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La principal automotriz asentada en el estado Carabobo había sido embargada por el grupo Centro Mercantil Automotriz Latino, ubicado en el Zulia, cuyo propietario es Kaled Kansao, venezolano de origen árabe.
En el primer momento, el 18 de abril de 2017, reinó la confusión entre trabajadores, algunos de los cuales llevaban ya más de cinco meses sin ser convocados a la planta por falta de materiales para ensamblar vehículos. Cobraban salario básico, pero mantenían sus beneficios.
No desconocían la crisis en la que estaba la empresa por falta de divisas por el control de cambio que mantiene el gobierno venezolano, y que les imposibilitaba adquirir los CKD para armar las unidades o repatriar las ganancias a la multinacional.
“Para mí fue catastrófico y repentino. Contábamos con esa estabilidad. Nos daban cesta tickets, seguro de hospitalización, fideicomiso mensual y de repente todo eso cambió. Yo no tenía otro tipo de entrada. Me cayó malísimo”, agregó Ospina que tiene tres hijos pequeños – de 2, 3 y 11 años-, y el mayor enfrenta una discapacidad auditiva.
Ya ha transcurrido un año desde aquel día y aún hay trabajadores que no pierden la esperanza de recuperar sus puestos en la fábrica que estaba próxima a cumplir 70 años en el país. Otros han decidido buscar nuevos rumbos, especialmente hacia países de Suramérica.
José Puerta, ex secretario de Organización del sindicato de GMV, recuerda esos días con tristeza. En este tiempo sin trabajo ha tenido que ingeniárselas para conseguir su sustento. Ahora se dedica al comercio informal.
“Cuando saben que uno fue sindicalista le cierran las puertas en otras empresas. Este ha sido el año más largo (…) El 18 de abril de 2017 nos agarró por sorpresa y desde allí comenzó una lucha. Ahora muchos de nuestros compañeros de la planta están en una situación bastante crítica y precaria”, afirmó Puerta.
– La estocada final –
La empresa General Motors Venezolana cesó sus operaciones el 20 de abril de 2017  y a través de un comunicado, señaló que su planta fue tomada “ilegalmente por autoridades venezolanas”. La situación impidió que las labores continuaran con normalidad en la planta que se instaló en el país en 1948.
«La toma fue concedida y ejecutada en total desprecio del derecho a un debido proceso de GMV, causando un daño irreparable a la compañía, sus 2,678 trabajadores, sus 79 distribuidores (la mayor red de distribuidores en el país con más de 3,900 trabajadores) y sus proveedores (que representan más de 55% de la industria de autopartes en Venezuela)», indicó en un comunicado.
También señaló la trasnacional que el embargo fue dictado en total desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso.
En el mismo comunicado la compañía aseguró que honraría las obligaciones legales asociadas a la finalización de la relación laboral con sus trabajadores “en la medida en que las autoridades lo permitan” y anunció que ejercería acciones legales dentro y fuera de Venezuela.
La firma además informó que no podía pagar la deuda de 476.000 millones de bolívares al demandante, una cifra calculada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
Ese día los trabajadores convocados por varios dirigentes sindicales se reunieron en el salón del Club Deportivo, ubicado a un lado de la planta. Se negaban a aceptar lo que vendría: quedarse sin empleo, tal como ocurrió.
Los días posteriores se produjeron varias reuniones, escucharon opiniones. Con el paso de los meses, decreció el impulso inicial de la dirigencia sindical que los animaba a mantener “la lucha” para recuperar sus puestos.
De esta manera, numerosos obreros continuaron yendo al club deportivo. Allí inclusive instalaron un modesto autolavado para ayudarse y muchos de sus antiguos compañeros de la zona industrial valenciana, iban a colaborar con los ex trabajadores de GMV.
Algunos participaban en las ventas de bebidas y chucherías en medio de eventos deportivos que se desarrollaban en el club.
Otros, simpatizantes de un sindicato alterno, se apostaron por varios meses en una de las puertas de entrada a la planta. Hacían sancochos, proponían ideas, colocaban carteles, mantenían la esperanza.
Una de las dirigentes sindicales de GMV, Eliana Leal, fue electa como integrante de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente por el sector de los trabajadores. Forma parte de comisión de la Juventud en la instancia oficialista.
Leal, que trabajó por 12 años en la planta en el área de Calidad, mantiene la idea de que podrán reactivar las operaciones aunque reconoce que después de tantos meses con los equipos detenidos se requerirá una inversión importante para ponerlos a andar, dijo en conversación con El Estímulo.
También informó que por instrucciones de la juez que lleva el caso de GMV, Mauricia González, titular del juzgado Décimo de Municipio Ordinario, los trabajadores que permanecían en los portones de la planta fueron desalojados en diciembre de 2017.
Por eso ahora todo está cerrado con candados y el monte crece y se seca. Parece un espacio abandonado en el tiempo, habitado por fantasmas.
En mayo de 2017, la firma introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el que solicitó que se suspendiera el embargo que consiguió el Consorcio Latino.
El TSJ produjo una sentencia donde responde a GMV que no es posible detener la medida de embargo y exhorta a que cumpla el compromiso con los trabajadores, retomando sus operaciones y además honre la deuda con los demandantes.
Los trabajadores, basados en esa sentencia, introdujeron un recurso de amparo en junio de 2017 en el que le exigían al tribunal en Carabobo a que alentara a  GMV para que cumpliera las obligaciones con los empleados.
Algunos introdujeron también un amparo administrativo ante la Inspectoría del Trabajo “Pipo Arteaga” en Valencia.
Desde junio hasta noviembre de 2017, avanzó el proceso de embargo, lo que para muchos de los trabajadores no debió ocurrir porque ya existía una sentencia del TSJ que, de cierta forma, detenía el proceso judicial porque no podría afectarse a la masa laboral.
En febrero de 2018, un grupo de ex trabajadores se reunió en las puertas de la planta. Desde allí denunciaron que la juez González, ejecutora de la medida de embargo del consorcio zuliano, continuó con nuevas medidas y les otorgó las instalaciones a los demandantes.
Las denuncias las recibió la constituyente y ex trabajadora de la planta, Eliana Leal quien ha sostenido reuniones en diversas instancias gubernamentales.
– Rondaba el fantasma –
Desde comienzos del año 2017 los rumores sobre el posible cierre de la planta corrían con intensidad. La empresa no se pronunció hasta que ocurrió el embargo del concesionario.
El 13 de febrero de 2017, Fidel Ampueda, secretario de Reclamos y Contrataciones del sindicato de GMV, dijo a El Estímulo que a pesar de que no sabían con exactitud cuándo reactivarían las operaciones en la planta de General Motors, la información que manejaban era que apenas ocurriera, ensamblarían unas 70 unidades al mes.
Ampueda indicó que esta información la suministró a representantes sindicales un directivo de la firma, con lo que desestimó versiones –en ese momento- de que la compañía estaría considerando cambiar la razón social para dedicarse solo a la venta de autopartes e importación de vehículos en Venezuela.
“El pre-arranque no sabemos si va a ser a mitad del año, después de que se instalen los dispositivos de pinturas y tuberías –además de otras refacciones-, no tenemos fecha porque depende de las reparaciones que hagan los técnicos de mantenimiento. El presidente de la empresa José Camilleri nos expuso que la producción podía ubicarse en unas 70 unidades mensuales”, agregó en ese momento Ampueda.
Sin embargo, la producción nunca se reanudó y la planta continúa inoperativa, un año después de su cierre.
– Golpe  mortal para la industria –
Las circunstancias económicas y políticas en el país, tuvieron un impacto en esta empresa que durante la segunda mitad del siglo XX fue considerada como líder en la producción de vehículos en el continente suramericano.
En el año 2007, según datos de la Cámara de la Industria Automotriz (Cavenez), el sector produjo 172.000 unidades.
Pero luego de 15 años del control de cambios las ensambladoras de vehículos han visto reducidas las posibilidades de obtener divisas para el financiamiento de sus actividades, así como repatriar ganancias a las casas matrices.
Christian Pereira, secretario del sindicato de FCA de Venezuela –antigua Chrysler- y presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Industria Automotriz, Autopartistas y Conexos (Futaac), dijo que lo ocurrido con GMV es una “estocada mortal” para el sector.
“La planta de General Motors es emblemática, histórica para la zona industrial de Valencia y Venezuela. Una de las empresas más importantes porque era la que más producía vehículos en el país, la más grande, la que más variedad de modelos tenía y la que más ha ensamblado y vendido vehículos en la historia de Venezuela”, mencionó Pereira.
“La obsolescencia de algunos modelos hacía que la GMV por si sola cerrara sus operaciones. De cinco a siete modelos que fabricaba la empresa significaba una inversión inmediata de no menos de 800 millones de dólares y esta empresa no estaba en condiciones de hacerlo, por eso se convierte en una planta obsoleta”, añadió el presidente de la Futaac.
Relató que a los ex trabajadores de GMV los han visto trabajando en cualquier otro oficio, otros preparan su ida hacia alguna nación cercana, especialmente de Suramérica.
En el caso de Harry Ospina, quien es Técnico Superior en Informática y recientemente obtuvo el título de abogado en la Universidad Arturo Michelena en Carabobo, tuvo que “bandearse” haciendo de taxista en este año. Ahora espera sus documentos para emigrar hacia Perú junto a su esposa y sus tres hijos.
“Incluso hemos recibido en la planta de FCA a algunos ex trabajadores de General Motors (…) No solo se trata de la desidia o desinterés que ha presentado el gobierno, es también para nosotros una muestra de ingratitud que ha tenido la industria con el país porque se ve que no les importa todos los años de bondad económica, de impulso y récord”, añadió Pereira.
Mencionó que empresas como Iveco o Mack cerraron sus plantas ubicadas en el estado Aragua, mientras en Carabobo la compañía Encava –que ensambla buses- redujo su nómina a 20%. “La planta de Mitsubishi hace más de cuatro años no produce un vehículo”.
– La debacle empezó en 2015 –
Según las cifras que manejan desde el movimiento sindical y la Futaac, la industria automotriz ha reducido su nómina en más de un 50%, en los últimos años.
Pereira sostiene que el movimiento sindical de la industria automotriz ha quedado “perplejo y congelado”, a la espera de que las instituciones le respondan.
En 2015 comenzó un proceso de reducción de jornadas laborales, las empresas comenzaron a dar salarios básicos, “violaron contratos colectivos” o hicieron planes de reducción de nóminas a través de las llamadas “cajitas felices”.
En algunos casos significó la introducción de laudos arbitrales para disminuir el número de empleados, agregó Pereira quien reiteró que los trabajadores no tienen que pagar la crisis que no han creado.
Ahora el mismo panorama de GMV parece repetirse, de algún modo, en la planta de FCA Venezuela en la zona industrial de Valencia, Carabobo, donde resulta inminente un cierre de operaciones, avizoran sus trabajadores.]]>