Una junta administradora Ad-Hoc, al frente de la cual está el ministro de Agricultura y Tierras Yván Gil, ejercerá la administración, posesión y uso de los bienes, inmuebles y bienhechurías pertenecientes al Grupo Agroisleña, sucesora del Grupo Enrique Fraga Alfonso.
A Gil lo acompañarán en esta tarea Saverio Celis Pérez, José Amundaray Martínez, Maryory Delgado Vásquez y Jonathan Rengifo Bello, de acuerdo con la resolución N° 160/2015 del Ministerio de Agricultura y Tierras, publicada en la Gaceta Oficial 40.17 de fecha 27 de julio, que circula este martes.
Los bienes sobre los cuales actuará la junta administradora pertenecen a Provefa, Insecticidas Internacionales, Venezolana de Riego y Semillas Híbridas de Venezuela.
La disposición establece que los nuevos administradores tendrán también potestad sobre sucursales, agencias, puestos de recepción, acondicionamiento, almacenaje, distribución, comercialización, industrialización, acciones, cuotas de participación, derechos y marcas comerciales.
Agroisleña, empresa que abastecía el mercado de fertilizantes, prestaba asesoría y financiamiento a agricultores, fue adquirida forzosamente en octubre de 2010 por el gobierno de Hugo Chávez bajo la figura de expropiación, sin que hasta ahora sus dueños hayan sido indemnizados.
Desde entonces, Agroisleña pasó a llamarse Agropatria.
Las empresas demandantes, englobadas como Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos, comenzaron la demanda contra Venezuela en 2016 y finalmente el 23 de marzo el Ciadi falló a favor de la demanda
Perú exporta gas natural licuado extraído del yacimiento de Camisea a México, China, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa. El nuevo gobierno del izquierdista Pedro Castillo amenaza con expropiar las instalaciones si el consorcio internacional que lo opera no accede a negociar el contrato vigente.
El Juez Leonard P. Stark de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, en Delaware, decidió este viernes que CITGO debe ser liquidada para pagar una demanda a la minera canadiense Crystallex por la expropiación decretada por Hugo Chávez de una mina en Guayana. El fallo sigue a uno de la Corte Suprema, que el lunes pasado confirmó una sentencia anterior de Stark autorizando la liquidación de la filial de Pdvsa para pagar las demandas contra la República de Venezuela.
