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ENFOQUE|Maduro abre negociaciones para privatizar industrias quebradas

El régimen chavista de Nicolás Maduro emprende un viraje económico a través de la llamada "Ley Antibloqueo", que en el papel supone la apertura de sectores completos de la economía. También, la privatización de empresas mixtas, o de firmas que fueron confiscadas a sus legítimos dueños.

ENFOQUE|Maduro abre negociaciones para privatizar industrias quebradas

Pese al cuestionamiento que se ha hecho contra la llamada “Ley Antibloqueo” representantes del gobierno de Nicolás Maduro ya adelantan conversaciones para negociar las acciones de importantes empresas del Estado a cambio de inversión. Ese es el precio a pagar por mantener a flote el actual régimen político ante la abrumadora falta de sustento económico. Según la vice presidenta Delcy Rodríguez, en los siete años del mandato del heredero de Chávez Venezuela ha perdido el 99% de sus ingresos.

La destrucción del aparato productivo del país es el motivo central del viraje que el gobierno de Maduro pretende hacer con la llamada «Ley Antibloqueo», la cual se propone crear empresas mixtas con mayoría accionaria en manos de las empresas privadas aliadas del chavismo.

De acuerdo a diversas fuentes oficiales conocidas por El Estímulo, estas negociaciones ya comenzaron. Asdrúbal Chávez, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ya inició conversaciones con inversionistas privados.

Hasta ahora no están claros los alcances de este proceso que supone un giro respecto a los dogmas de la llamada revolución chavista. Pero independientemente de si es factible ese proceso, dadas las sanciones que pesan sobre empresas que se asocien a PDVSA u otras industrias venezolanas controladas por el gobierno chavista, en el fondo de esta decisión radica la necesidad de reactivar la producción y recuperar los ingresos del país.

Pero la ley recién aprobada vino con fallas de legalidad.

Para el chavismo es la única fórmula para contrarrestar el hecho de que las empresas mixtas que se crearon y operaron en los últimos 20 años han estado controladas con mayoría gubernamental, lo cual significó alta corrupción, politización y deficiente manejo gerencial, en manos de políticos y militares.

Ello explica los miles de millones de dólares que se fugaron del país a manos de “empresarios” socios del chavismo y de ex funcionarios, algunos de los cuales ahora viven en el exilio rodeados de lujos y otros sometidos a procesos judiciales por lavado de dinero. También hay quienes permanecen en el país y han invertido en infraestructura, mansiones, fincas y siguen operando detrás de figuras del alto gobierno.

Igualmente se utilizaron importantes fondos, sin control institucional para apuntalar la geopolítica del modelo chavista en su afán de lograr alianzas internacionales, socios en sus negocios y votos en los organismos internacionales. Un ejemplo fue el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) que manejó 140.000 millones de dólares sin control de la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República, estableciendo un presupuesto paralelo.

Las cifras y hechos muestran que el derrumbe de la economía y merma del aparato productivo venezolano comenzó muchos años antes de que se aplicaran las sanciones estadounidenses a las empresas del Estado que comenzaron a partir de 2019; sin embargo éstas se agregaron a las múltiples causas del deterioro industrial.

Sin ingresos

En entrevista con Ernesto Villegas en VTV, Delcy Rodríguez, designada como nueva ministra de Economía y Finanzas y vicepresidenta ejecutiva, el periodista y ministro de Cultura le preguntó: “¿cómo garantizar que esos nuevos ingresos que tenga el país no terminen como los anteriores fugándose también?”.

A lo que la nueva conductora de las finanzas respondió que Nicolás Maduro mostró unos números recientemente que indican que entre 2013 y 2020, Venezuela ha perdido el 99% de sus ingresos. Es decir, aunque no lo destacó, la debacle comenzó justo desde el momento en que Maduro asumió el poder y cinco años antes de que Estados Unidos y la comunidad internacional comenzaran a sancionar a funcionarios y a empresas del país, por atentados contra los derechos humanos, contra la democracia, por corrupción y hasta por supuesto narcotráfico.

La apuesta del gobierno madurista de la entrega del control accionario a empresas aliadas es un incentivo para que accedan a invertir importantes capitales en las industrias que están prácticamente inactivas o trabajando por debajo de 20% de su capacidad. Algo que difícilmente estarían dispuestas a hacer dadas las acciones aplicadas en los 20 años en las que se actuó por encima de las leyes internacionales. De allí que la oferta intenta asegurarle a los inversionistas que -esta vez sí- se respetarán los acuerdos entre las partes.

En su respuesta la ministra Rodríguez asegura que esta vez los nuevos ingresos se destinarán a compensar el salario de los trabajadores, a los programas sociales, a recuperar los servicios públicos y la deteriorada infraestructura del país. En otras palabras, “no se pulverizarán” los recursos como en efecto ocurrió en los años señalados.

¿Ese camino acabará con el proyecto original implantado por Hugo Chávez del “Estado empresario”, vendido en la propaganda como “modelo productivo socialista’? Esa política se tradujo en el proceso de expropiaciones, o más bien confiscaciones sin pagos de compensaciones a los legítimos propietarios, que alcanzó casi todas las áreas de la economía.

De concretarse este nuevo rumbo, el gobierno de Maduro intentará revertir lo aplicado en 20 años por designios de Chávez.

Comienza la privatización

Un trabajo publicado en el portal especializado en energía y petróleo, Petroguia.com, da cuenta de que este proceso de negociaciones ya comenzó a ser implantado y señala que en PDVSA se tiene la expectativa de que con la Ley Antibloqueo se pueda dar el marco legal para hacer modificaciones en la constitución y composición de 13 empresas mixtas, con el fin de que un socio extranjero pueda quedarse con la mayoría accionaria.

Como ejemplo señala Petroguía -en nota de Andrés Rojas-  que en Petroindependencia, donde PDVSA tiene 60%, se tiene la pretensión que Chevron aumente su participación de 34% a más de 50,1%; pero se está consciente de que el régimen de sanciones del gobierno de Estados Unidos impide plantearse una negociación en estos momentos.

Agrega Petroguía que en Petrocarabobo han tenido conversaciones informales con la española Repsol para que pase de 11% a más de la mitad de la composición accionaria; e igual situación se le habría planteado al empresario venezolano Oswaldo Cisneros para Petrodelta. En Petrocedeño habrían conversado con la empresa francesa Total y  la noruega Equinor, antigua Statoil, para que adquieran al menos 11%, lo que les daría 51% de las acciones. En la lista de negociaciones también estarían Petrovictoria, Petro San Félix, Petrourica, Petromacareo, Petromiranda, Petrojunín y Petrolera Indovenezolana; así como la búsqueda de un socio mayoritario para las compañías mixtas con los cubanos: Vencupet y Petrolera Venango Cupet.

La caída de PDVSA

El derrumbe de la estatal petrolera, que fuera una de las más importantes empresas a nivel internacional, -con el cuarto lugar de acuerdo al índice compuesto de indicadores de desempeño- comenzó desde el momento en que Hugo Chávez implantó su modelo estatista, en el cual los objetivos políticos se impusieron sobre la eficiencia y razón de ser de una corporación energética.

El informe de Transparencia Venezuela (2019) sobre empresas del Estado refiere cómo Chávez hizo uso de PDVSA como instrumento político en la región. Fue así que promovió una multinacional energética: Petroamérica considerada un habilitador geopolítico compuesta por Petrocaribe con 18 países de Centroamérica y el Caribe; Petroandina (4 países); Petrosur (4 países) con proyectos financiados desde Venezuela y subsidio a la venta de crudo.

A través de esos convenios se anunciaron enormes inversiones para la supuesta construcción de refinerías en países de la región, peor nadie supo nunca qué pasó con esas propuestas ni con el dinero a desembolsar.

Una de esas refinerías fue la planificada en el estado de Pernambuco Brasil con Petrobras en 2005, a un costo de 18.000 millones de dólares, la cual quedó en manos de la brasilera porque Pdvsa nunca puso la parte del dinero prometido. La idea fue vendida con bombos y platillos como una supuesta evidencia de la integración energética latinoamericana impulsada por Hugo Chávez y su colega Luis Inácio Lula da Silva. 

Otro caso recordado por Transparencia Venezuela es la de Ecuador con una inversión de 12.000 millones de dólares que tampoco se concretó,  mucho menos se tradujo en beneficios.

La búsqueda de lealtades se apuntaló a cambio de petróleo barato. El caso más emblemático fue el del convenio con Cuba suscrito desde el año 2000 en La Habana en el que se comprometieron a suministrar crudo a la isla de gobierno comunista, en un flujo que comenzó con 53 mil barriles diarios y aumentó a 90 mil a partir de 2004. Hasta 2018 se estima se entregaron 11,74 millones de barriles de petróleo. En los dos primeros meses de 2020, a pesar de la crisis de la industria, se habían  entregado 173 mil barriles por día de crudo y gasolina, según información de Refinitiv Eikon y documentos de la estatal.

En este balance, Transparencia Venezuela (2019) refiere que cuando Chávez llegó al poder en 1999 PDVSA era propietaria de 19 refinerías en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suecia, Gran Bretaña, Bélgica y Escocia. En 2020 solo quedan tres en territorio de Estados Unidos a través de Citgo (demandada por deudas) y una participación minoritaria en Nynas AB.

En 2019 PDVSA también cerró operaciones en la refinería ubicada en Curazao luego de 35 años de actividad y en 2010, PDVSA cedió 35% de su participación en la empresa Nynas AB de un paquete de 50% de las acciones. A esto se agrega el estado de paralización en que se encuentran las seis refinerías existentes en territorio venezolano.

En la actualidad los pocos ingresos que entran a Venezuela por petróleo, con una producción mínima de 400 mil barriles por día, se diluyen en los acuerdos con Cuba y en cumplir los compromisos de deuda que se mantienen con Rusia y China.

Entregar áreas de PDVSA

Según análisis de la agencia Bloomberg, especializada en temas de energía, la ley antibloqueo podría permitir una mayor inversión privada o extranjera en PDVSA y el sector petrolero del país, que ha visto caer la producción como resultado de la baja en los precios del petróleo, la mala gestión, la corrupción, los sobornos y las sanciones.

La inversión extranjera en el sector petrolero de la nación se ha limitado al 49% de participación desde 2006.

La legislación presentada por Maduro y aprobada por su Asamblea Constituyente, abre la puerta a una mayor inversión privada en la economía del país, «lo que podría deshacer décadas de intervención estatal”, señala Bloomberg.

Igualmente ha señalado, coincidiendo con otras fuentes que, en efecto, ya el gobierno venezolano ha comenzado a gestionar la participación mayoritaria de empresas privadas asociadas a PDVSA.

Deterioro del país

Hace 50 años, antes de que se desarrollara el sistema de gas directo en Caracas, era común ver llegar a las puertas de las casas el camión del gas, con bombonas marcas Shell o Mobil. Los trabajadores de esa empresa, movilizados en unidades adaptadas para ese tipo de carga, solían estar provistos de guantes, casco e instrumentos adecuados y de seguridad para desplazar e instalar las bombonas en las instalaciones domésticas destinadas para ese fin.

Este sistema de venta de gas de cocina es el predominante en el resto del país. Pero la filial Pdvsa Gas Comunal (engordada con expropiaciones de empresas privadas distribuidoras del combustible) está quebrada y desmantelada, confiaron gerentes y se ha constatado en la red de antiguos clientes y proveedores.

De este modo, millones de familias están hoy condenadas a cocinar con leña, incluso fuera del campo, en ciudades y pueblos del interior del país, lo que acarrea serios y costosos daños a la salud de poblaciones más vulnerables.

Hoy conseguir una bombona de gas doméstico es toda una odisea para cualquier persona y puede costar hasta 25 dólares; un drama para la mayoría de la población, en un país en el que el sueldo mínimo nominal no llega a un dólar por mes y los asalariados formales tienen que apañárselas con dos o tres trabajos más.

Entre 2018 y 2019 la producción de gas para uso doméstico cayó en 40%. Solo 13% de la población tiene acceso a gas directo por tubería. Según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos 93% de la población usa gas para cocinar y 74% depende de la recarga del cilindro individual de propano. Esta escasez de bombonas es la que ha obligado a la población a utilizar la leña como combustible y desde el mismo gobierno se está incitando a utilizar este combustible milenario como sustituto.

El comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) de Los Andes, mayor general Ovidio Delgado Ramírez, se refirió el pasado 22 de octubre al plan de distribución de leña a los habitantes de la región.

“Vamos a iniciar una campaña con nuestros compañeros representantes políticos para repartir también leña a las personas”, dijo, despertando una andanada de críticas por el retroceso que implica esta iniciativa justo en el país con las mayores reservas de crudo del mundo y las cuartas de gas natural.

La Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim) advierte que las industrias están en riesgo inminente de paralizar sus actividades si no reciben un volumen suficiente y oportuno de gas licuado de petróleo (GLP), que es utilizado como combustible para vehículos y maquinarias industriales.

Sin luz ni gasolina

Por primera vez en la historia de la industria petrolera venezolana, el gobierno ha tenido que importar combustible. En el primer semestre de 2020 se estima que se importaron 60.000 barriles por día. Esta carencia, además de afectar a la población, ha entorpecido las líneas y circuitos de producción y distribución de alimentos. Esto se agrega a la pérdida de calidad de vida de miles de personas obligadas a permanecer semanas en colas, cerca de estaciones de servicio, en pos de sus cuotas de gasolina racionada.

La crisis humanitaria generalizada de Venezuela ha sido descrita incluso en los informes de la ONU.

Otra de las áreas críticas es la del sistema eléctrico.

Aleixa López, presidente del Comité de Afectados por Apagones, informó que durante el semestre, entre abril y septiembre de 2020, se registraron cerca de 84.000 cortes de luz.

Recientemente Maduro designó nuevamente a un militar, el general Néstor Reverol, al frente de la empresa estatal de electricidad Corpoelec. El funcionario viene del ministerio de Relaciones Interiores, lo cual para López es una pésima señal en la espera de una recuperación del sistema eléctrico del país.

Según los estudios de Transparencia Venezuela sobre las empresas del Estado, de las 576 compañías analizadas, 70% tienen registros de denuncias por corrupción, siendo PDVSA, Corpoelec y las empresas básicas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) las de peor desempeño.

Los militares en el poder

La militarización del país y la conversión de la FANB en un brazo político al servicio de la revolución derivó en que una gran cantidad de empresas del Estado se pusieran en manos de militares así como en la conducción de entes públicos.

En la administración pública, actualmente al menos la tercera parte de los despachos están en manos de militares y manejan siete gobernaciones. PDVSA fue conducida hasta abril de 2020 por el mayor general Manuel Quevedo. Las empresas de la CVG han tenido a siete militares como presidentes, de acuerdo a los datos recogidos por Transparencia Venezuela.

De las 584 empresas del Estado, 22 pertenecen a la FANB. En 84 de ellas están en la junta directiva. Estos negocios abarcan otros ámbitos económicos como banca y finanzas, agroindustria, turismo, minería, productos textiles, construcción, sistemas de comunicaciones y transporte, entra otras.

Es de destacar que la mayoría de los ministerios manejados por militares están relacionados con actividades estratégicas y prioritarias para el desarrollo del país. Muchos de ellos han sido sancionados por EEUU y otros países, por diferentes delitos como violaciones a los DDHH, narcotráfico, lavado de dinero y han sido denunciados por corrupción, señala el informe de Transparencia Venezuela.

Sin militares y funcionarios

De producirse un cambio accionario en la mayoría de las empresas del Estado es factible que tanto los militares que actualmente conducen estas empresas, así como los altos gerentes ligados a la cúpula política, pierdan su condición de presidentes o de miembros de las juntas directivas.

En ese escenario, los altos funcionarios podrían ser sustituidos por los nuevos accionistas. Bajo una nueva realidad donde prive la productividad por encima de lo político, podría producirse igualmente una reducción sustancial de personal, que suele estar sobredimensionado en empresas estatales. Ese sería un nuevo escollo con el que tendrá que lidiar el gobierno de Maduro para producir los cambios y convertir las empresas quebradas en productivas. Ese sería el precio político a pagar para mantener a flote al régimen actual.

José Virtuoso: hay que reagrupar fuerzas, el país tiene que seguir adelante después del 6D

José Virtuoso, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), hace un llamado a las filas de la oposición a unirse ante el monstruo y replantear la lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro, más allá del 6 de diciembre, cuando será impuesta una nueva Asamblea Nacional (Congreso) dominada por el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). "Hay que tener claro el diagnóstico descarnado de este entorno, para que la esperanza sea activa", explica