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Entra en vigor ley antiinmigrante en Florida

Florida, el tercer estado con más migrantes no autorizados de Estados Unidos, tiene desde este lunes una de las leyes antiinmigrantes más estrictas, muchos activistas la consideran inconstitucional.

Entra en vigor ley antiinmigrante en Florida

La ley SB 168 prohíbe las llamadas ciudades «santuario», esto implica que las urbes rechazan colaborar activamente con las autoridades federales migratorias en su proceso de deportar migrantes no autorizados, aunque no hay ninguna jurisdicción que se haya declarado como tal en este estado con 20 % de población inmigrante.

En Florida, vivían hasta 2015 unos 248.000 venezolanos, esto fue previo a la crisis humanitaria en Venezuela y la gran diáspora que aún no ha sido contabilizada en Estados Unidos y que llevó a los ciudadanos de Venezuela a ser la segunda nación con más solicitudes de asilo en Washington, solo superada por Siria.

La población venezolana en el país creció 388% desde 1990 y no es la situación más auspiciosa pues no se les ha otorgado un permiso temporal, como en ocasiones se ha solicitado, y con la política de deportación del presidente Donald Trump podría llegar a ser peligrosa para los que no tienen autorización para estar dentro del territorio.

La nueva norma exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía hacer cumplir la ley federal de inmigración y también a trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para detener y deportar a los inmigrantes.

En esa colaboración se incluyen los polémicos «detainers» o pedidos del Servicio de Inmigración para que se mantenga en las cárceles para deportación a las personas detenidas, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal.

La medida amenaza en especial en este estado predominantemente a cualquier venezolano y latino que no tenga toda la documentación en regla o que estén a la espera de la solicitud de asilo pues su situación no está regularizada ante el gobierno de Estados Unidos.

Aunque entró en vigor este lunes, la ley da tres meses de margen a las autoridades policiales para iniciar esta colaboración activa con ICE antes de comenzar a sancionar a las jurisdicciones que rechacen hacerlo.

Proteger al inmigrante

Mientras se inicia la batalla judicial, grupos de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes continúan con su tarea de informar a los migrantes no autorizados de que, sea cual sea su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales.

Por ello, destacan que ningún policía debe preguntar sobre la situación migratoria de las personas y les recuerdan que pueden permanecer en silencio y no contestar a los agentes, pedir la asistencia de un abogado y negarse abrir la puerta de su casa.

Con todo, reconocen que hay miedo en la comunidad inmigrante en Florida, tanto por la entrada en vigor de esta ley, como las anunciadas redadas contra migrantes no autorizados en todo el país, posteriormente pospuestas durante dos semanas.

Este fin de semana, el presidente Donald Trump dijo que tienen previsto realizar estas redadas en busca de familias indocumentadas y que estas se llevarían a cabo después del festivo del 4 de Julio a menos que suceda algo milagroso en las negociaciones con los demócratas en el Congreso sobre una nueva ley de asilo.

Kennedy lamentó que este ambiente hostil haya llevado a muchos inmigrantes a no querer reportar crímenes de los que son testigos o víctimas, como el caso de una mujer que les explicó que fue violada por un hombre que la amenazó con denunciarla ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas si acudía a las autoridades.

Según un estudio del grupo New American Economy, la economía del estado perderá 3.500 millones de dólares por la entrada en vigor de la ley migratoria por la renuencia de muchos inmigrantes a visitar la región, lo que afectaría uno de los pilares del bienestar de Florida, el turismo.

Kennedy no descartó que puedan «escalar» la alerta de viaje y pedir un boicot económico contra Florida como el que sufrió Arizona después de aprobar en 2010 la ley SB1070, que otorgaba poder a los policías de cuestionar el estatus migratorio de las personas que sospechaban eran indocumentados.

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