ENTREVISTA | AI: “El Estado deja a los venezolanos en una total desprotección”

La organización Amnistía Internacional (AI) publicó su último informe sobre las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela, en la que se responsabiliza al Estado del 22% de los homicidios registrados en 2016, además de torturas y represión. El Estímulo conversó con una directiva de esta organización sobre este estudio que coloca al país como uno de los países más peligrosos del mundo, en la que abundan las armas y se disparan los asesinatos.

ENTREVISTA | AI: “El Estado deja a los venezolanos en una total desprotección”

Carolina Jiménez es Directora Adjunta de Investigación para las Américas dentro de la organización y en conversación en exclusiva con El Estímulo ahondó en los resultados de un trabajo que confirma la criminalización social a la pobreza dentro del país y concluye con una aseveración que puede erizar la piel a cualquiera que la lea: “el Estado venezolano es responsable de la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de cientos de víctimas”

-¿Cuáles son los patrones de violencia que encontraron en el desarrollo del informe?

Cuando se trata de los operativos de seguridad y las muertes que ocurren dentro de ellos se encuentras patrones. El primero es la narrativa oficial porque en casi todos los casos, con pocas excepciones, el gobierno te dice que las personas que mueren en estos operativos son víctimas de un enfrentamiento y mueren porque están armadas enfrentando a la policía y luego, cuando miras las cifras de los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), la oficial de personas muertas es de 505 pero ninguno es miembro de las fuerzas de seguridad.

Entonces yo quiero que el gobierno nos explique cómo si son supuestos enfrentamiento, jamás muere uno de los lados. Eso es estadísticamente imposible. Que tú tengas enfrentamientos y solo muera un lado.

Lo segundo que observamos es que los disparos se dan en lo que uno denomina ´zonas de mayor letalidad´: el tórax, la cabeza. Un disparo en estas zonas es uno a matar. Las investigaciones y acceso a información de estos casos es súper difícil de obtener, las familias la consiguen después de mucha pelea, de expedientes, son maltratados por el Ministerio Público cuando la buscan, muchas veces son amenazados y se les pide que dejen de averiguar.

Cuando pones todo esto en contexto, primero la narrativa que no tiene ninguna congruencia con la realidad, la manera en que efectivamente muere la persona y la forma en que se amenaza y se niega acceso a la información y justicia a las víctimas, tienes un patrón de negación de potenciales ejecuciones extrajudiciales.

-¿Cómo accedieron a ese tipo de informaciones?

Nosotros, como hacemos en todos los países en los que trabajamos, intentamos recoger información oficial y tener un mínimo de interlocución con el Estado, enviamos cartas a la Fiscalía, al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, a los cuerpos policiales y no lo hicimos una vez sino varias y todavía estamos esperando que nos respondan. La política del Estado en cuanto a información pública es una de opacidad y lamentablemente pareciera ser que a mayor intensificación de la crisis, mayor opacidad por parte del gobierno.

El último informe del Ministerio Público sobre homicidios son los datos del 2016 y ya en 2017 y 2018 dejó de emitir información sobre esos casos. La única que emitieron, y lo hizo el Ministro de Relaciones Interiores sobre el 2017, es una vergüenza porque es un tuit en donde el ministro pone un slide de Power Point con ciertas cifras. Eso es un irrespeto para las víctimas porque ellas son más que números, tienen una historia, una ubicación geográfica, tienen género. ¿Cómo es posible que esa información no se le esté dando a la sociedad?

Pero por suerte, teníamos los datos hasta el 2016 y eso nos permitió hacer una radiografía con muchísimo trabajo de investigación junto a las organizaciones internacionales y nacionales que se especializan en la materia de violencia en Venezuela. También hicimos muchísimo trabajo con las víctimas y tenemos casos en el informe de familias que son principalmente víctimas de las OLP, ellos mismos nos pasaron la información que lograron recabar sobre sus casos.

Creamos la radiografía con todas las fuentes existentes, teniendo como guía los estándares internacionales en materia de derechos humanos frente a estos contextos y eso nos permitió hacer un examen general tanto de la violencia delincuencial propiamente tanto de cómo el homicidio es uno de los indicadores más extremos de violencia porque es la muerte de un individuo por otro.

Uno de los mayores hallazgos que tuvo ese informe es precisamente que el Estado combate la violencia con aún mayor violencia en un marco total de impunidad, todo pasa sin que haya ningún tipo de responsabilidades.

– ¿Qué se puede esperar para Venezuela?

Venezuela tiene en su haber una Ley de Desarme y en el 2011 se creó una Comisión para el Desarme, en el 2013 se creó una ley sobre experiencias relativamente exitosas en términos de consulta e involucramiento de diferentes actores sociales, académicos, organizaciones de la sociedad civil y el propio gobierno. Ellos se sentaron a discutir la problemática y salió una ley que tiene recomendaciones. El problema es que a pesar de que se han dado esfuerzos importantes como cuando se creó la Universidad de la Seguridad y se intentó educar a una nueva policía en materia de derechos humanos, ese tipo de iniciativas se ponen de lado para dar apertura a unas de corte más militar y más bélico para tratar el tema de la seguridad pública.

A pesar de que ha habido iniciativas y esfuerzos importantes que hubiesen podido dar buenos resultados si se hubiesen implementado, lo que vemos es que la militarización en políticas de seguridad ciudadana termina generando un contexto más violento que la violencia que quieren contener.

Si Venezuela puede dar ese giro a volver a implementar y a pensar estrategias de seguridad ciudadana desde la visión de los derechos humanos y con civiles a cargo del diseño de estas políticas en consulta con los expertos, probablemente podamos evitar una situación de mayor escalada de violencia en ese país.

– ¿Es posible que esta situación de violencia mejore sin que exista un cambio de gobierno en el país?

Creemos que el gobierno debería ser el primer interesado en solucionar la crisis que hay en Venezuela. Las muertes ocurren casi siempre a jóvenes, hombres, pobres. La violencia ocurre en los barrios de Caracas, de Barquisimeto, de Valencia, de Maracaibo, es decir, en las zonas rurales en donde hay más pobreza. Este es un gobierno que se caracteriza por tener una narrativa internacional de ser un gobierno para y por los pobres, entonces es una contradicción, una incongruencia tremenda porque al mismo tiempo es uno que criminaliza a la pobreza llevando a cabo estos operativos de seguridad dedicados al final a tratar con mucha crueldad a la gente pobre.

Si en algún momento existiera un mínimo de autorreflexión en este gobierno y se intentara, por lo menos en acciones, llevar a cabo esa narrativa que ellos tienen tan fuerte a nivel internacional de que son un gobierno para la gente pobre, veríamos un cambio.

– Dentro del informe se afirma que la realidad venezolana es solo superada por Siria, una nación que ya tiene 7 años en un conflicto armado, ¿qué hace falta para que la realidad del país petrolero se aleje a la de Siria?

Una de las cosas que más preocupa en Venezuela es que tiene un índice especial de violencia letal casi parecido a los de países que han vivido conflictos armados o que están inmersos en conflictos bélicos. Venezuela no es un país que tenga una historia de conflicto armado desde hace años y tampoco técnicamente un país en guerra, entonces cuando uno ve esos índices de homicidio y de violencia letal, nos parece alarmante que en un contexto de paz, aunque no sea de paz social, claro está sino en el sentido de ausencia de conflicto armado, se puedan tener esos índices. Nuestro llamado en el informe es a que se adopten una serie de recomendaciones para evitar que estos números aumenten.

Si no se toman medidas integrales y efectivas para combatir tanto la violencia que viene de los particulares como la que viene del Estado, lo que va a continuar sucediendo es que el país siga inmerso en una violencia generalizada. Una violencia del Estado cuando trata de controlarla pero a través de métodos que violan los derechos humanos y terminan potencializando la violencia que intentan disminuir.

El Salvador, dependiendo también del año, logra superar las cifras de Venezuela pero es un país que salió de un conflicto hace relativamente poco tiempo, por eso es que el caso venezolano sorprende tanto, porque no tiene ninguna de esas condiciones. Pero yo creo que hay que intentar mirar a los estados que han logrado reducir sus índices de criminalidad y crear procesos de justicia para víctimas de violencia y violaciones de derechos humanos.

– En el informe también afirman que para 2017 habían 5 millones 900 mil armas cortas. ¿Se puede pensar en un desarme dentro de un contexto tan violento?

Esa cifra la dio una organización europea que se especializa en el conteo de armas en diferentes países del mundo, pero podría ser más alta. Justamente por la falta de acceso a la información se hace muy difícil saber la cantidad exacta, pero creo que un desarme tendría que pasar por dos situaciones: en primer lugar, deberían dejar de entrar armas al país o si entran, que estén perfectamente reguladas por el Estado y lo segundo, hay que desarmar a la población que tenga armas y no estén registradas de forma regular.

El gran problema que vemos con la implementación del plan de desarme es justamente que los datos están disfrazados. Por una parte, hay ministros que nos dicen que hay 600 mil armas destruidas pero hay ONGs que trabajan con el tema y nos dicen que muchas veces son solo piezas de armas las que se destruyen, por ejemplo. Eso no es la destrucción un arma porque pueden simplemente reemplazar la pieza.

Cuando ves las deficiencias que marcan un plan de desarme, lo que terminas teniendo es una población que sigue armada de manera irregular en un país en donde hay una crisis muy grave y desgraciadamente los conflictos terminan en violencia letal.

– De ser aplicados de forma correcta, ¿los planes ya existentes sí aliviarían la situación de violencia o habría que hacer planes totalmente nuevos?

Se podrían retomar de algunos planes los componentes de prevención de violencia. El problema es que cuando los ves, son 17 planes en 17 años y lo que te queda es que son a corto plazo e improvisados. Lo que más nos preocupa es que cada vez que se hace un plan de seguridad que se supone tiene un tema de prevención, lo que realmente aplica el Estado es el aspecto represivo del plan. Esto sucede porque hay una visión militarizada de la seguridad ciudadana que no ve al individuo como un sujeto de derechos sino como un criminal que es un enemigo. Es una lógica bélica en donde debería existir una lógica civil basada en una perspectiva de derechos humanos.

Si el Estado no ha podido garantizar el derecho a la vida, ¿los venezolanos están a la intemperie?

Creemos que este es un Estado que ha dejado a su población en una total desprotección e indefensión. Si frente a la violencia entre particulares, no se pueden adaptar políticas públicas con una visión de derechos humanos que permitan reducir la violencia y luego el estado en vez de solucionar el problema, lo potencia, lo agudiza con sus propias prácticas violentas hacia la población más violenta del país, definitivamente estás ante un estado que deja a su población en un estado de desprotección.

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