Opinión

Esa “jurista” del horror contra Luis Pérez

La columnista Carolina Jaimes Branger expresa en su artículo de opinión de esta semana su dolor por el atropello del que es víctima un joven venezolano preso en El Tocuyo por protestar contra el gobierno golpeando cacerolas. Se llama Luis Pérez y sufre síndrome de Down.

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En 2006 fue publicado en español uno de los libros más escalofriantes sobre los jueces de Hitler. En una reseña comentó José Tomás Angola: “El libro se llama «Los juristas  del horror» y fue escrito por Ingo Müller. La traducción es del conocido abogado venezolano y profesor universitario Carlos Armando Figueredo. El libro es un crudo y descarnado acto de mea culpa que hace un profesional del Derecho sobre la justicia alemana en los años del nazismo. Y sorprende la enorme sinceridad y honradez ética con la que el profesor Müller, nacido en 1942, desnuda las intrigas y los manejos de los que se valió el régimen de Hitler para perpetrar sus crímenes. Con cada página leída uno no puede sino generar un paralelismo aterrador con la forma cómo la putrefacta ‘justicia revolucionaria’ está haciendo las cosas en Venezuela”…

Esta semana nos tocó conocer a una de esas “juristas del horror” venezolanas. Se llama Ana Tovar y es juez 7ª. de control de El Tocuyo, en el estado Lara. La susodicha conoció de las causas de ocho personas que estaban caceroleando en El Tocuyo, en protesta por la falta de electricidad, que ya llevaba varios días. Uno de los detenidos se llama Luis Pérez y si no tiene síndrome de Down, tiene algo muy parecido. Su retardo mental es obvio.

Hoy escribo como mamá de una niña especial. Y como tal, con una profunda ira. Con dolor desgarrador. No conozco a Luis Pérez, pero mi corazón está con él y con su familia. Hay condiciones especiales, como la de los autistas Asperger, que a simple vista pueden parecer personas “normales”. Pero alguien que tiene Down o una condición similar es reconocible a leguas. Es un hecho evidente que no requiere pruebas.

Sin piedad

Y, sin embargo, la “juez” (que ha debido obtener su título por lealtades a la revolución o, en el mejor caso, lo encontró en una caja de detergente) decidió meterlo en prisión, en total contradicción con las normas de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo y, en específico, la obligación de aplicar los “ajustes necesarios” tal y como se definen en el artículo 2 de la mencionada convención, incurriendo en violación clara del artículo 13, numeral 1.

El diputado Alfonso Marquina, quien ha seguido el caso con detenimiento y preocupación, informó que la juez, sin embargo, tuvo la “piedad” de otorgarle la libertad a otro de los detenidos, Humberto Carreño Pérez, que sufre de una gravísima escoliosis de la columna, donde tiene una barra y veinte tornillos, además de ser operado de la cadera. Pero Luis Pérez sigue detenido.

¿Estará consciente la señora Tovar del daño que le hizo a ese joven con Down o un retardo similar? Caramba, hay que tener mucha mala sangre para mandar detenido a un antro, como es una cárcel venezolana, a una persona con esa condición. Pero tal vez ni siquiera sea mala la sangre que corre por sus venas. Debe ser excremento. Porque cuando se pidió la libertad bajo fianza, la señora la negó.

En la página web de la Presidencia encargada y de la Asamblea Nacional ,leemos en las declaraciones de la diputada María Beatriz Martínez lo siguiente: “La juez Ana Tovar decidió otorgar libertad bajo fianza a los siete venezolanos. Sin embargo, después de recibir una llamada y dos horas después de haber emitido el veredicto, regresó diciendo que, por instrucciones, tuvo que cambiar la decisión y condenar a los ciudadanos”. No es la función de un juez de control condenar a nadie.

¿Instrucciones de quién? ¿Cambiar la decisión por qué? ¿No se llenan la boca diciendo que aquí los jueces son independientes? ¡Cada día demuestran lo dependientes, arrastrados y sigüíes que son! Como los juristas que le dieron marco a las atrocidades de Hitler. Siempre hay alguien dispuesto a hacerlo y, en este caso, la dispuesta fue la señora Ana Tovar. Le dieron “instrucciones” y ella las cumplió al pie de la letra. Sin empacho. Sin duda. Sin remordimientos.

La sed como delito

Cuando los abogados de Luis Pérez solicitaron un recurso de reconsideración para ponerlo en libertad por sus condiciones físicas, “quienes lo mantienen detenido dijeron que necesitaban un informe médico que certificara que Luis Pérez padece de síndrome de Down o como se llame lo que padezca”.

Hasta el momento en que escribo este artículo, Luis Pérez permanece detenido. Un joven con discapacidad intelectual grave, cuyo delito fue cacerolear  (intuyo que su delito fue irse con el grupo, para no quedarse solo).

Me dicen que varios jueces han llamado a la jurista del horror Ana Tovar para exigirle que lo libere. Hasta ahora ha sido inútil. Pero todo en la vida es un búmeran. Algún día le tocará de cerca algo que le dolerá (si es que llega a recuperar su condición humana).

Mucho gamelote han hablado acerca de las personas con discapacidad. De lo importantes que son para la revolución. Que jamás nadie se había ocupado de ellas. Mejor las hubieran dejado así. Por lo menos, Luis Pérez no hubiera sido detenido. Y no es el primero. Ya varios han sido detenidos y hasta torturados.

¿De dónde salió gente así como esta “juez”? ¡No reconozco a esta Venezuela! Pero cuando pienso en eso, pienso también que quien la hace, la paga. Recuerdo el caso –que me tocó bien de cerca– de un abogado –un gángster– que después de haber saboreado las mieles del dinero y el poder, terminó muerto de peritonitis en el suelo de un hospital de Cúcuta. Y entonces me entra un fresquito…

 

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