La Cámara Nacional de Comercio de Autopartes reportó a finales de mayo que la falta de divisas y la aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos ha obligado al cierre de 30% de los 10.000 puntos de venta de repuestos que había en 2014. Por otra parte, los 14 millones de dólares asignados al sector para importar autopartes resultan insuficientes para satisfacer la demanda del parque automotor nacional, que supera los 4 millones de vehículos.
La administración pública enfrenta una traba adicional. “La Ley de Contrataciones Públicas es muy exigente y termina siendo una camisa de fuerza institucional. El tema con los repuestos es que no se consiguen y que no se los podemos comprar a cualquiera. El proveedor debe estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas y pasar por un proceso de licitación”, explicó Santiago Rosas, director de Gestión Administrativa de la Policía de El Hatillo. Al pasar por una licitación, las alcaldías deben llamar a concurso y los proveedores están obligados a presentar un presupuesto que se debe mantener durante todo el tiempo que dure el proceso, que se puede demorar hasta un mes. “Es muy difícil conseguir a un proveedor que esté dispuesto a mantener un precio fijo por tantos días, por eso muchas veces los llamados a concurso terminan desiertos”, agregó Rosas. Patrullas en reparación
Las radiopatrullas circulan 24 horas al día, los 365 días del año. Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, indicó que en ese municipio los vehículos policiales están sometidos a un “uso intensivo” y precisó como uno de los problemas de la flota su antigüedad: En Chacao las patrullas rondan los 10 años de uso. Las unidades más nuevas son las tres que entregó el MIJP hace alrededor de dos años. Una para cada cuadrante de la entidad. Para atender todo el municipio se necesitan de 20 a 25 patrullas. El alcalde precisó que las tienen, aunque no todas están operativas, solo la mitad. El resto necesita reparaciones. “La inflación también es un problema. El dinero que teníamos presupuestado para comprar 10 cauchos, ahora solo alcanza para 1 o 2; eso hace necesario aprobar recursos adicionales. Nosotros somos más lentos que el sector privado. En nuestro caso todo proceso tiene unos lapsos”, dijo Muchacho.
Para lograr los recursos adicionales, Chacao hizo el trámite para desincorporar vehículos que tenían fuera de uso (ambulancias, patrullas, motobarredoras) del inventario de bienes municipales y los enajenaron como chatarra. De la venta obtuvieron 40 millones de bolívares que serán utilizados para la compra de repuestos. En el municipio Sucre también están haciendo las gestiones que les permitan obtener los recursos para reparar las patrullas.
El comisario Manuel Furelos, director general de Polisucre, afirmó que para eso se prevé que la Cámara Municipal apruebe un crédito adicional de 150 millones de bolívares. Al igual que en Chacao, las patrullas más nuevas con las que cuenta Sucre fueron las que entregó el Ministerio de Interior para cumplir con el patrullaje inteligente. A Sucre le entregaron 20 patrullas y algunas ya están paradas. Furelos refiere que el municipio Sucre cuenta con una flota representativa. Tienen 113 patrullas, de las cuales 63 están operativas. El resto amerita reparaciones. “Somos la policía con la mayor flota operativa de toda Miranda, incluyendo la policía estatal. Además de las patrullas tenemos 84 motos en funcionamiento”.
La escasez de repuestos ha ocasionado que una reparación menor, en el caso de Baruta, que antes demoraba 2 o 3 días ahora amerite semanas; mientras que trabajos de mayor alcance –como el motor– pueden necesitar meses. “La reparación del daño es mucho más lenta por lo que siempre hay unidades paradas y merma la operatividad”, dijo Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana en Baruta. La última asignación de unidades que se hizo en ese municipio fue hace más de un año, cuando el MIJP entregó 23 radiopatrullas y 26 motos, que se sumaron a las 60 patrullas con las que contaba la jurisdicción. Tangir indicó que en este momento en Baruta hay 50 unidades en el taller y calculó que en el municipio sería pertinente contar con 20 patrullas adicionales. “Se puede atender la seguridad porque antes teníamos patrullas de sobra”.
¿Y comprar?
Los recursos adicionales son necesarios porque las alcaldías calcularon sus presupuestos en octubre de 2014; pero no todas cuentan con los excedentes para solicitarlos. “Las reservas del tesoro municipal no son infinitas. En El Hatillo se han logrado mantener las unidades con un buen plan de mantenimiento preventivo y la articulación con la comunidad que ayuda con donaciones”, aseveró Rosas. Comprar unidades nuevas también es un proceso complicado para las alcaldías. Muchacho explicó que no pueden comprar carros usados, los concesionarios deben tener los papeles en regla para venderle al Estado y además deben hacerlo a precio de lista. Agregó que de haberlo podido hacer, este año habría comprado 12 patrullas.
Está previsto que este año el Estado entregué 3.000 vehículos, como parte de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, el Plan Patria Segura y los cuadrantes del patrullaje inteligente; para lo cual hizo una inversión que ronda los 90 millones de dólares que permitieron adquirir 1.600 rústicos, 1.000 motos y 400 patrullas. “El Ministerio de Interior adquirió algunas unidades, pero la dotación empezó por el interior del país”, dijo Furelos. Muchacho aseveró que la consecuencia de esta falta de unidades por déficit de repuestos es que hay menos funcionarios en la calle o los que están son menos eficientes: “No rinden igual. Sobre todo si los malandros están mejor armados, están equipados con granadas o con camionetas o carros de último modelo. Sin embargo, cada vez que ocurre un enfrentamiento los funcionarios han resultado superiores. La formación del policía se impone”.
