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España cesará a consejero que interfirió en caso Carvajal

Carvajal, reclamado por EEUU para ser juzgado por delitos de pertenencia a organización criminal o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas en su modalidad agravada, se encuentra en paradero desconocido

Ascenso y caída de Hugo Carvajal, el exjefe de espionaje del chavismo
EFE
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El Ministerio de Justicia español cesará al consejero jurídico de su Embajada en Washington después de que un juez de la Audiencia Nacional denunció que esa persona interfirió en el proceso de extradición a EEUU del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, en estos momentos huido de la Justicia española.

Fuentes del Ministerio confirmaron la intención de cesar a Jorge Carrera después de que se hiciera público el voto particular del juez José Ricardo de Prada en contra de autorizar la entrega a EEUU de Carvajal, acordada por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia tras haber sido rechazada en una primera instancia.

La Audiencia Nacional divulgó el lunes pasado los motivos por los que rechazó la extradición, y en el documento figuraba el voto particular de De Prada, quien mostró su «perplejidad, profundo malestar y desacuerdo».

Un consejero jurídico de la Embajada de España en Washington habría accedido a «al menos a un magistrado del Pleno, abogando por una determinada solución del caso».

EEUU reclama a Carvajal por delitos de «pertenencia a organización criminal» o «colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas».

Actualmente se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 8 de noviembre.

El exgeneral venezolano, de 59 años, fue jefe de la inteligencia militar de su país con los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Autoridades españolas detuvieron a «El Pollo» Carvajal  en abril tras la solicitud estadounidense de extradición.

En un principio, la Audiencia Nacional denegó en septiembre la extradición por la inconcreción de los cargos que las autoridades estadounidenses le imputaban y al considerar que tras la petición de Estados Unidos había una «motivación política».

Para el pleno de la Sala encargada de estos casos, consideró que está acreditada una conducta continuada y organizada del exgeneral venezolano vinculada al narcotráfico durante 20 años, la venta de armas a las FARC a cambio de drogas y la protección armada a los cargamentos de cocaína.

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