La pandemia de coronavirus es otra excusa del chavismo para ofuscar aún más el corrupto y arbitrario sistema de justicia venezolano, denunció el gobierno de Estados Unidos, al arreciar sus críticas a Maduro y sus tribunales títere que violan derechos de los presos políticos.
El gobierno de Estados Unidos expresó este miércoles su condena el incremento de las acciones opacas y caprichosas ejercidas por el sistema de justicia
controlado por el régimen que encabeza Nicolás de Maduro y denunció la situación de centenares de presos políticos y de otras víctimas de procesos judiciales arbitrarios.
En comunicado, la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, se hace eco de una serie de casos en los que a los acusados se les impidió
el acceso a sus abogados para los juicios en las cortes, y se les viola el derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad, derecho contemplado en la ley venezolana.
«Las audiencias programadas para las personas a las que se les ha negado justicia durante casi 3 años no han progresado en la resolución del caso y/ o se cancelaron en el
último minuto, sin una excusa válida. Otros han sido detenidos, mantenidos en condiciones insalubres e inseguras agravadas por la pandemia, y regularmente se les niega sus derechos básicos», agrega el texto.
«El comportamiento de los tribunales títeres de Maduro no es nuevo. El régimen pareciera que trata de usar la covid-19 para ofuscar aún más lo que ellos intentan presentar como “justicia”», agrega en alusión al uso de la cuarentena y la emergencia sanitaria por el coronavirus para estrechar el control que ejerce el chavismo sobre toda la sociedad venezolana.
«Ya es hora de que la comunidad internacional apoye a los cientos de presos políticos que han sido injustamente secuestrados por el régimen, y a otros que enfrentan un sistema judicial corrupto y arbitrario, así como también exigir una verdadera justicia para los venezolanos y para las personas de otras nacionalidades que están en custodia o bajo la autoridad de la justicia penal venezolana», dice.
El comunicado alude a un Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU, publicado en marzo pasado y señaló que muchos de los tribunales títeres de Maduro siguen violando los derechos humanos básicos.
«El informe señaló que la ley venezolana requiere que los detenidos sean informados sin demora sobre los cargos en su contra y que los acusados tienen derecho a consultar con un abogado. Sin embargo, hay casos documentados en los que esto no ha sucedido. El informe señaló además que, según la ley venezolana, a los acusados se les garantiza un juicio rápido y el derecho
a su propia defensa. Los acusados también deben tener derecho a interrogar a los testigos adversos y presentar sus propios testigos. Por ley, los acusados no pueden ser obligados a declarar ni a confesarse culpables. Sin embargo, estos derechos no son respetados por los tribunales venezolanos».
También cita el informe de Michele Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), quien expresó preocupaciones similares con relación a las acciones tomadas por el régimen de Maduro para socavar el acceso a la justicia.
El informe de Bachelet citó la inseguridad en la titularidad de los jueces, la presión política, y el uso de las cortes militares como factores causales que coartan significativamente la independencia
judicial. El ACNUDH también destacó los desafíos que impiden el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, incluyendo la manipulación de evidencia; intimidación, amenazas y represalias de parte de las fuerzas de seguridad del régimen para quienes buscan justicia; y la incapacidad o la falta de voluntad de parte de los funcionarios de justicia para procesar las denuncias de las víctimas.
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