Amnistía Internacional

Amnistía Internacional evalúa entregar denuncias contra Maduro en La Haya

A Maduro lo van a denunciar este martes ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violación sistemática de derechos humanos en el país. Los denunciantes, cinco países de la región latinoamericana, no vacilaron en echar sus cartas al aire y ya de por sí, el hecho se convirtió en un hito histórico no solo por quiénes denuncian sino también porque el acusado se mantiene en el poder. Organizaciones en defensa de los derechos humanos están dispuestas a entregar informaciones que ayuden a las investigaciones contra el mandatario

Amnistía Internacional advierte de "violencia armada endémica" en Venezuela

Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy de que existe una "violencia armada endémica" en Venezuela que ha provocado un aumento de las ejecuciones extrajudiciales practicadas por el Estado y que está especialmente dirigida hacia los jóvenes en situación de vulnerabilidad"Las políticas y acciones del Gobierno criminalizan y matan a los hombres jóvenes en situación de pobreza, en un contexto creciente de inseguridad en el país y desesperación de la población", denunció el director de la organización en España, Esteban Beltrán, en una conferencia de prensa en Buenos Aires.

Allí presentó el informe "Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela", que denuncia las violaciones de derechos humanos y la represión ejercidas por el Estado de ese país contra la población más vulnerable.

Según dijo, aproximadamente el 55 % de los 21.752 homicidios cometidos en 2016 fueron contra personas de entre 15 y 30 años, una tendencia que lleva varios años manteniéndose.

"Los que mueren son jóvenes en zonas deprimidas y pobres" que son vistos como "enemigos a erradicar, delincuentes," y lo hacen en un contexto de inseguridad "enorme", ya que, solo en 2016, entre 65.000 y 87.000 venezolanos fueron víctimas de la violencia armada en el país.

La organización apuntó que, desde 2016, 11 de los 19 ministros de seguridad ciudadana en el país caribeño han sido integrantes de las fuerzas armadas, una "lógica militar" que, para Beltrán, ha ocasionado "detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas".

Esto se une al "fracaso" de las políticas públicas de seguridad, ya que, en los últimos 20 años, se han articulado 17 planes en ese sentido pero, de ellos, las únicas medidas que se han implementado son las "represivas" y "nunca las de carácter preventivo y de largo plazo", señaló el referente de la organización en España.

A su juicio, "de esta política de corto plazo, de violencia responde a la violencia" es lo que ha generado "una violencia armada endémica".

"Todo este contexto podría avanzar hacia delante si hubiera responsables llevados ante la Justicia: no es el caso de Venezuela", aseguró al contar que la impunidad de los homicidios es del 90 % y en el caso de violaciones de derechos humanos asciende al 92 %.

Para él, esto perpetúa un círculo vicioso "en el que se actúa, se mata y se olvida a la víctima y se sigue adelante con una nueva ejecución extrajudicial".

Al presentar el informe, tanto Beltrán como la directora de Política y Justicia Internacional de AI en Argentina, Mariana Fontoura Marques, hicieron hincapié en las dificultades que tuvo la organización para acceder a datos oficiales fiables y recientes.

Por ese motivo, además de en informes y publicaciones, agencias estatales y manuales de procedimientos policiales, la investigación estuvo basada en datos de organizaciones civiles e internacionales, consultas a expertos y entrevistas con 17 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Fontoura Marqués afirmó que el resultado es un documento que muestra la "alarmante regresión en materia de derechos humanos" y la crisis humanitaria que sufre Venezuela, donde el 87 % de la población se encuentra en situación de pobreza y hay un "desabastecimiento generalizado" de medicamentos, alimentos y tratamientos médicos.

Asimismo, denunció que todo ello ha generado "una de las crisis de magnitudes más grandes en materia de la problemática de migración forzada" en América Latina, ya que, según datos de Naciones Unidas, ya hay 2,3 millones de venezolanos fuera de su país.

Fontoura Marques hizo hincapié en la "obligación" que tienen los Estados de dar acceso a estas personas al sistema internacional de protección y pidió que se "remueva cualquier tipo de obstáculo y de barrera" para que puedan acceder a servicios públicos fundamentales como la sanidad.

Con ella coincidió Beltrán, quien advirtió de que cuando las violaciones de derechos humanos son "tan comunes", esto hace que la sociedad se "acostumbre", por lo que la comunidad internacional debe prestar "más atención" a lo que está ocurriendo y ejercer "más presión" sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

También señaló que el país caribeño comparte con Siria y El Salvador el "dudoso honor" de tener las cifras de homicidios más altas del mundo, al registrar una tasa de 87 por cada 100.000 habitantes.

Estamos asistiendo a "un desastre de derechos humanos en directo", sentenció. 

Acusan a Curazao de negar protección a venezolanos que huyen de la crisis

Las autoridades de Curazao, territorio perteneciente al Reino de los Países Bajos, deben proteger a las personas que huyen de la crisis de derechos humanos de la vecina Venezuela y poner fin a las "espantosas condiciones" que sufren cuando llegan a la isla caribeña, afirma Amnistía Internacional (AI) en un informe que publica este lunes.

Amnistía Internacional advierte sobre patrones de detenciones arbitrarias en Venezuela

La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) advirtió este viernes sobre la existencia de distintos patrones de detenciones arbitrarias en Venezuela e hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que cesen las políticas de represión A través de una declaración pública, la organización señaló que durante los últimos años han documentado y denunciado las detenciones  arbitrarias por motivos políticos que son cometidas por los agentes estatales del país.

Amnistía Internacional: Estado debe demostrar que Óscar Pérez no fue ejecutado

Con la llamada “Masacre de El Junquito”, se reabrió el debate de las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela y la interrogante de si lo ocurrido con el expiloto del Cicpc, Óscar Pérez fue o no una ejecución extrajudicial sigue en el aire sin aparente respuesta oficial. La ONG merecedora de un Premio Nobel de la Paz, Amnistía Internacional (AI) se ha pronunciado para repudiar las acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro en torno a este tema. Sin embargo, ante lo ocurrido el pasado 15 de enero, su directora adjunta, Michelle Kissenkoetter, no afirma todavía ninguna teoría.

Amnistía Internacional solicitó al Gobierno atención médica para Villca Fernández

Amnistía Internacional (AI) Venezuela solicitó este miércoles a las autoridades del país caribeño permitir que el dirigente opositor Villca Fernández -en la cárcel desde enero de 2016 y considerado un "preso político"- reciba atención médica especializada.En un comunicado, la organización indica que Fernández "ha debido ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada desde junio de 2017" pues ha "sufrido un número de problemas de salud, incluida hipertensión, bronquitis, dolores de espalda, y problemas gastrointestinales".

"Médicos han solicitado su traslado al hospital y la Fiscalía General dictó una orden a tal efecto que aún no ha sido ejecutada. Su traslado fue pospuesto por quinta vez en noviembre mientras su salud continúa empeorando", reza el escrito.

Fernández es un activista y líder estudiantil que participó en decenas de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro sobre todo en 2014, cuando una oleada de manifestaciones antigubernamentales dejó un saldo de 43 fallecidos.

Está recluido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas y, según AI, "es un preso de conciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente" pues fue detenido "ilegal y arbitrariamente".

"Los médicos del Sebin realizaron su examen médico más reciente el 7 de diciembre de 2017 y solicitaron que fuera trasladado a un hospital especializado que pueda evaluar y tratar sus problemas cardíacos", prosigue el comunicado.

Amnistía Internacional dice haber recibido informaciones que señalan que Fernández también ha sufrido "otras violaciones a su derecho al debido proceso y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes".

En este sentido, menciona que el Sebin ha denegado el acceso a familiares "durante largos periodos de tiempo" y ha "restringido a Villca Fernández el acceso a luz natural durante semanas".

"La apertura del juicio está pendiente inexplicablemente tras casi dos años", concluye AI.

Organizaciones proderechos humanos y la oposición venezolana aseguran que en el país existen cerca de 300 "presos políticos".]]>