La petrolera estadounidense Conoco Phillips dijo que las operaciones de Pdvsa son parte de un esfuerzo para evitar que la americana cobre las compensaciones concedidas en una disputa vinculada a la nacionalización en 2007 de sus tenencias en Venezuela.
La petrolera estadounidense Conoco Phillips dijo que las operaciones de Pdvsa son parte de un esfuerzo para evitar que la norteamericana cobre las compensaciones concedidas en una disputa vinculada a la nacionalización en 2007 de sus tenencias en Venezuela.
Las dos partes notificaron a la corte de apelaciones que lograron un acuerdo y el caso se declaró cerrado. El organismo emisor exigía a la página web que dejara de publicar el valor no oficial del dólar.
Expertos aseguran que aunque en la práctica el Estado actúa como propietario, las empresas siguen perteneciendo a sus dueños pues nunca se dio la confiscación, por lo que pueden acudir a naciones con tratados de doble tributación y protección de inversiones para solicitar una justa indemnización.
Petropar reconoce una deuda con Pdvsa, aunque por un monto algo menor al reclamado, y apuntó que la principal discrepancia son los plazos estipulados para el pago.
El grupo estadounidense de complementos alimentarios y productos adelgazantes Herbalife, investigado por fraude piramidal, pagará 200 millones de dólares pero podrá continuar sus actividades, decidió este viernes la Comisión Federal de la Competencia (FTC).
La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) introdujo una demanda colectiva contra la junta administradora de la empresa y la Vicepresidencia de la República, en un intento para que se restituyan los derechos de los afectados por la estafa del concesionario La Venezolana, luego de más de dos años sin recibir respuesta alguna de las autoridades que se comprometieron a resarcir los daños.
Luego de casi 6 años los propietarios del conglomerado agrícola, Agroinsumos Iberoamericanos S. L. acudieron al Ciadi para solicitar un arbitraje internacional y reclamar indeminización por la expropiación de sus empresas en Venezuela ocurrida en octubre de 2010.
La OCDE y la FAO consideran que está por finalizar el período de los altos precios de los productos agrícolas, según informaron en un comunicado conjunto divulgado este lunes en Roma por las dos entidades especializadas.
Código Penal,Capítulo VIII: De los ultrajes y otros delitos contra las personas investidas de autoridad pública Artículo 222: El que de palabra u obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de un miembro de la Asamblea Nacional, o de algún funcionario público, será castigado del modo que sigue, si el hecho ha tenido lugar en su presencia y con motivo de sus funciones.
La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el martes evaluar el pedido de Venezuela de bloquear una demanda presentada por Helmerich & Payne sobre la incautación ilegal de 11 plataformas de perforación hace seis años.
Con un alza promedio de 4,48%, los títulos de la República y Pdvsa mostraron este jueves un comportamiento contrario a las actuales expectativas sobre la economía venezolana.
Con un alza promedio de 4,48%, los títulos de la República y Pdvsa mostraron este jueves un comportamiento contrario a las actuales expectativas sobre la economía venezolana.
Un grupo de tenedores de bonos demandó al gobierno de Puerto Rico en momentos en que se desmoronan negociaciones sobre la deuda a menos de dos semanas de lo que sería el mayor impago en la historia de la isla.
Durante más de un año, un bufete estadounidense contratado por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) ocultó el desembolso de más de $22,8 millones, provenientes de la liquidación de Lehman Brothers, que debían ser transferidos a la institución venezolana.
El jefe de la fracción opositora de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, denunció esta mañana al general Fabio Zavarce por agresiones contra diputados la semana pasada ante la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, acudió este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para demandar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por el uso de 605 mil 315 firmas “fraudulentas” usadas para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.