La justicia de paz en Colombia evalúa retirar los beneficios jurídicos a un tercer ex comandante de la disuelta guerrilla FARC por presuntos incumplimientos del acuerdo que acabó con medio siglo de conflicto armado.
En un comunicado divulgado este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una investigación contra Henry Castellanos Garzón, ex jefe de la extinta guerrilla conocido como «Romaña» y cuyo paradero se desconoce desde hace meses.
El auto de la JEP indica que Castellanos incumplió una citación del tribunal y postergó otra sin aportar pruebas que justifiquen su desacato a los compromisos que suscribió la otrora organización armada.
Es el tercer proceso abierto contra un ex líder rebelde.
Los jueces también analizan los incumplimientos de Iván Márquez, ex jefe negociador de paz, y de Hernán Velásquez (El Paisa), sobre quien ya pesa una orden de captura.
Castellanos es conocido por organizar secuestros masivos o pescas milagrosas, en las que fueron retenidas cientos de personas que iban en vehículo por las carreteras y por cuya liberación la guerrilla recibió millonarias recompensas.
La JEP es la responsable de investigar los peores crímenes cometidos durante el enfrentamiento armado y tiene la potestad de retirar los beneficios jurídicos, políticos y económicos derivados del acuerdo suscrito en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC.
El pacto que dio origen a la JEP, y condujo al desarme de unos 7.000 rebeldes, prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, indemnicen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, ya sean guerrilleros, militares o civiles.
Los ex comandantes investigados se enfrentan a su expulsión del proceso de paz y podrían enfrentar largas penas de prisión en el marco de la justicia ordinaria.
El ahora partido de izquierda FARC denunció incumplimientos a lo convenido en Cuba, especialmente en garantías de seguridad y de reincorporación para sus ex combatientes.
Desde la firma de la paz han sido asesinados 128 ex combatientes, en ataques que involucran a disidencias de la guerrilla y otros grupos armados implicados en el narcotráfico, según la fiscalía.
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