Los exguerrilleros de Nicaragua Hugo Torres y Dora María Téllez destacaron hoy el retiro del apoyo de Bolivia y El Salvador al presidente Daniel Ortega, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, para abordar la crisis del país centroamericano.
“Ortega, en el Consejo Permanente de la OEA, no contó con el apoyo fuerte e indudable de sus hermanos de Bolivia y El Salvador ¿Están guardando distancia o curándose en salud?”, comentó Torres, un general en retiro del Ejército de Nicaragua.
Durante la sesión, el Consejo Permanente discutió el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, lo que dio paso a que el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, iniciara el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, debido a la negativa de su Gobierno, de comprometerse con una solución pacífica de la crisis.
En la sesión Bolivia se mostró menos propensa a dar la razón a Ortega y El Salvador esta vez no se mostró en defensa del presidente nicaragüense.
“Bolivia no rechazó informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pidió diálogo, actuar con el país, a pesar de la negativa de Ortega. Régimen de Ortega solo con Venezuela. Nadie más lo acompaña”, expresó, por su parte Téllez, quien fue ministra de Salud bajo el gobierno sandinista en los años 80 del siglo pasado.
Con la aplicación de la Carta Democrática el gobierno de Nicaragua se expone a una suspensión de la OEA, hasta que se restablezca el orden democrático.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica que, según organismos humanitarios, dejaron de 325 a 545 muertos en el marco de protestas contra Ortega, quien reconoce 199.
A eso se agregan unos 674 presos políticos que afirman los organismos, frente a 340 que acepta el gobierno, y que clasifica como terroristas, golpistas y presos comunes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al gobierno de ataques mortales, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega no acepta la responsabilidad y sostiene que venció un intento de golpe de Estado, que la CIDH y la Acnudh han desmentido.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron, el 18 de abril, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones.
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