Economía

Liberan al banquero Víctor Vargas tras detención por caso Credicard

El empresario y banquero venezolano Víctor Vargas fue interrogado durante algunas horas la noche de este domingo y luego liberado, tras ser arrestado en el aeropuerto de Maiquetía por efectivos de la policía política Sebin que investigan el caso Credicard, confirmaron fuentes privadas a El Estímulo. 

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Vargas, propietario del banco BOD, uno de los más importantes del país, y de otras 50 empresas con ramificaciones internacionales, fue «retenido» cuando regresaba al país en un vuelo privado, en un avión de su propiedad, aparentemente para ser interrogado por el caso Credicard, un reciente colapso de las plataformas digitales de pago.

«Lo acaban de soltar. Fue una injusta detención», dijo una de las fuentes que requirió el anonimato por no estar autorizada a declarar sobre el caso, y mientras se esperaban conocer más detalles.

Vargas fue «entrevistado» por el propio jefe del Sebin, el mayor general Gustavo González López, en la sede de Plaza Venezuela, centro de Caracas, según la información.

El empresario regresó por la rampa privada del aeropuerto de Maiquetía justo cuando ha comenzado hoy una prohibición de tres días de despegues y aterrizajes de aeronaves particulares en todo el país. Pero no ha quedado claro de inmediato si la detención estuvo asociada también a esta restricción oficial.

Recientemente, el general insistió en sus cuentas en las redes sociales en atribuir  a la coalición electoral opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) lo que calificó como «ataques al servicio electrónico bancario».

«Investigamos presunta complicidad de CREDICARD en delitos contra la Patria mediante la inoperatividad de la plataforma», escribió el general en su cuenta poco después de decir que fueron «capturados en flagrancia autores y ejecutores plan de traición económica a la patria».

Credicard es propiedad de un consorcio integrado por el estatal Banco de Venezuela, el BOD y el Banco del Caribe, a partes iguales.

Según el gobierno Nicolás Maduro, cuando el viernes 2 de diciembre colapsaron los puntos de venta del país, fue a causa de lo que calificó como un ataque cibernético, parte de lo que el gobierno atribuye a un «terrorismo financiero» con fines desestabilizadores.

Maduro culpa a la oposición y a grupos económicos de lo sucedido y ha pedido penas de cárcel para los responsables.

Recientemente fueron detenidos al menos seis ejecutivos del consorcio y según fuentes judiciales, están siendo procesado por tribunales militares, acusados de «traición a la patria». Los fiscales  habrían solicitado penas de hasta 30 años de prisión.

Expertos financieros y economistas atribuyen las fallas frecuentes del sistema de pagos a la escasez de puntos, y a la falta general de dinero efectivo, que obliga a realizar transacciones por montos pequeños en cualquier negocio.

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