Familiares buscan a unos 90 venezolanos desaparecidos en el Caribe

Familiares de unas 90 personas desaparecidas mientras intentaban salir por mar desde Venezuela rumbo a Curazao, Trinidad y Tobago, Aruba y Bonaire, protestan en el centro de Caracas para demandar atención de las autoridades. Hasta ahora solo han obtenido el silencio como respuesta.

Uno de los desaparecidos se llama Leonardo Mora, tiene 50 años. Era profesor de Educación Física en la Universidad Francisco de Miranda, en el estado Falcón. Es casado y tiene tres hijos, dos de ellos estudiantes universitarios. El menor ya culmina el bachillerato.

Su esposa, Glenys de Mora, señala que durante los últimos años la crisis económica en Venezuela afectó notablemente a la familia. “El salario que mi esposo ganaba como profesor no alcanzaba para mantener los gastos de las casa, para hacer un buen mercado, pagar servicios y, lo más importante para nosotros, mantener los gastos de los estudios de nuestros tres hijos”, dice en medio de la protesta de este jueves 20 de febrero.

Leonardo Mora recibió información que lo cautivó: viajando a la vecina isla de Curazao, frente a los costas de Falcón, podría conseguir un empleo en donde ganaría un mejor salario para mantener a toda su familia en Venezuela. Decidió tomar una embarcación, con otro grupo de personas, en busca de un futuro mejor fuera de las fronteras de Venezuela, un país petrolero hundido en la miseria.

“El 7 de junio del año 2019, es decir hace 8 meses, fue la última vez que vimos a Leonardo. Abordó la embarcación en las costas del estado Falcón, el bote desapareció y comenzó nuestra angustia. Hemos acudido a distintos organismos en busca de ayuda para encontrar a mi esposo y las demás personas que viajaban junto a él, pero no hemos obtenido respuesta. Nos pelotean (evaden), nos engañan y no hay día que en casa no nos preguntemos cuál fue su destino, en dónde se encuentra”, señaló Glanys de Mora.

Con una foto de su esposo, las copias de las denuncias que ha presentado en los distintos organismos de seguridad, Glanys Mora, junto a otros familiares de personas desaparecidas acudió ante la sede del Ministerio Público, en Caracas, a exigir a Tarek William Saab, el fiscal general designado por el chavismo, que responda sobre las investigaciones de este y otros casos de personas desaparecidas en altamar.

Desesperación y desesperanza

Junto a Glanys, se encontraba el señor Isidro Villegas. Sostenía una pancarta con una foto del rostro de su hijo Andry Gregorio Villegas, de 32 años de edad. El joven laboraba en la petrolera estatal PDVSA y que también decidió irse del país en busca de un futuro mejor para su esposa e hijo.

“Mi hijo decidió irse del país, su destino era Trinidad y Tobago,  pues lo que ganaba no le alcanzaba para mantener su familia. Aquí todo el mundo sabe la crisis en que vivimos, en donde todos estamos afectados, todos los alimentos tienen altos precios, al igual que las medicinas. Andry estaba desesperado y desesperanzado. En esa embarcación en donde él viajaba también estaba una joven embarazada y dos niños, de los cuales tampoco se sabe de su paradero. Estos casos no han salido a la luz pública, para ser investigados”, señaló Isidro Villegas.

El angustiado padre presume que las embarcaciones pudieron ser atacadas por los llamados “piratas de mar”.

“Otras versiones señalan que se presentó un naufragio, pero no aparecen los cuerpos. En estos casos de nuestros familiares desaparecidos hay muchas irregularidades, no tenemos acceso a los expedientes, no toman en cuenta nuestras denuncias y las autoridades no nos quieren dar la cara. Pedimos justicia”, dice.

Los familiares indicaron que para poder embarcar en los respectivos botes sus desaparecidos tuvieron que cancelar entre 300 y 400 dólares cada uno, para ser trasladados hasta las distintas islas del Caribe. A pesar de las tragedias este servicio informal se sigue prestando en diferentes partes del oriente del país.

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Carmen Blanco y Miriam Blanco, son la madre y la abuela respectivamente de Winder Blanco, un joven de 29 años habitante de la parroquia San Juan en Caracas. Trabajaba como motorizado y tenía bajo su responsabilidad la crianza de sus cuatro hijos menores.

“Para pagar los gastos del viaje, mi hijo vendió la moto. Se juntó  con otros amigos y decidieron viajar a Trinidad y Tobago. Se montaron en la embarcación el jueves 16 de mayo. La última vez que supe de mi hijo fue a través de una llamada que a su celular, me dijo que ya se encontraban al altamar. Pero nunca llegaron a su destino. Desde ese día en mi familia no hay un día en donde haya paz, todos los días son terribles, pensando qué le habrá pasado, en dónde estará Winder”, señaló Carmen Blanco.

Jhonny Romero, con la voz entrecortada, reclamó justicia para su hijo Jhonny de Jesús Romero, quien también decidió irse del país huyendo de la tragedia económica y social. “Pedimos al Fiscal su apoyo, necesitamos saber el paradero de nuestros familiares. Esto es muy difícil, un muerto usted lo entierra, un enfermo usted lo atiende, un preso usted lo visita, pero por un familiar  desaparecido no puede hacer nada,  solo llorar y  rogar que se encuentre bien. Aquí las autoridades saben que la gente se va del país por el hambre, no por la política, sino por hambre”, señaló.

Buscan justicia

Inti Rodríguez, pertenece al equipo de investigación del Programa Venezolana de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, organización que ofrece  acompañamiento legal a los familiares de las personas desaparecidas en altamar.

“Provea acompañó a los familiares de las victimas hasta la sede del ministerio Público, en donde esperan ser recibidos por las autoridades a las cuales les quieren entregar un documento, para exigir se agilicen las investigaciones de las desapariciones forzadas en altamar, que hasta ahora suman unos 90 ciudadanos, que abordaron por lo menos tres embarcaciones con rumbo a Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago y Aruba, hace más de un año, sin saberse hasta el momento de su paradero”, señaló Rodríguez.

Indicó que en el documento que se entregó a la Fiscalía este jueves solicitan una investigación, pues los familiares desconocen las causas de las desapariciones, el paradero de las víctimas y las condiciones en las cuales se encuentran.

“En este mismo proceso denunciamos la falta de justicia para las víctimas y familiares,  que no han tenido acceso a un sistema de administración de justicia que se encuentra secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro, que lejos de ponerse al lado  de las víctimas  se ha puesto del lado de los que cometen los abusos contra estas personas desaparecidas que intentaron salir del país huyéndole al hambre, a la crisis, e intentaron llegar a otros países en busca de un mejor porvenir, para ellos y sus familiares”, señaló Rodríguez.

Indicó el representante de Provea, que no se descarta que las personas desaparecidas sean víctimas de distintos delitos, como el tráfico de órganos, prostitución, trata de blancas, entre otras situaciones a las cuales están sometidos muchos de los emigrantes a nivel mundial.

“No descartamos que estas situaciones la padezcan muchos de los venezolanos que se marcharon del país, huyendo de la crisis sin ningún tipo protección, en la medida que no haya justicia, en la medida que los gobierno de América no ofrezcan una ayuda genuina,  se seguirán repitiendo estas acciones en nuestro país”, señaló Rodríguez.