Familiares de asesinados en 2017 exigen justicia en el Día de los DDHH

Familiares y Víctimas de las protestas de 2017 en contra del gobierno de Nicolás Maduro entregaron un documento al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo donde demuestran con pruebas que se les viola el derecho a la justicia

Desde la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas, la Alianza de Familiares y Víctimas 2017 entregaron un documento en el que denuncian las violaciones de los derechos humanos y exigen justicia para sus seres queridos.

Carmen Elena Bracho, madre de Miguel Castillo, joven de 26 años de edad asesinado en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en 2017, denunció que no ha tenido justicia por la muerte de su hijo.

«No hemos sido atendidos en la justicia. Han sido violados nuestros derechos humanos constantemente. No nos responden los organismos del Estado a los que les corresponde hacerlo», denunció Bracho.

De los 135 casos que hubo en 2017, solo 4 están en etapa de juicio, entre ellos David Vallenilla, enfermero e hijo de David Vallenilla, quien fue jefe de Nicolás Maduro cuando trabajaba en el Metro de Caracas.

Asimismo, el caso de Fabián Urbina, joven manifestante asesinado en Altamira el 19 de junio, y Leonardo González están en etapa de juicio. Sin embargo, los demás casos continúan están en proceso.

«Estamos parados desde octubre de 2017 cuando hubo el cambio de Fiscal General de la República (Luisa Ortega Díaz). Desde ese momento se paralizaron todas las investigaciones», dijo.

Exigen justicia

En el documento que entregaron al PNUD plasmaron la situación de la cual han sido víctimas los padres y familiares.

«Expresamos cómo hemos sido constantemente revictimizados. Explicamos que nuestras audiencias las posponen a los que están en etapa de investigación, que los cuerpos de seguridad del Estado implicados en la muerte de nuestros hijos no entregan la información que se les solicita al Ministerio Público y que el Ministerio Público no termina de actuar con la firmeza que debería actuar», sentenció Bracho.

Le solicitó a los cuerpos de seguridad que asesinaron a sus familiares que entreguen los documentos que les están pidiendo.

«Hay formas de que entreguen los documentos», subrayó.

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Luto permanente

Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad, asesinado el 26 de abril de 2017, señaló que estos dos años que han transcurrido sin justicia y con luto permanente: «A parte del dolor que llevamos nos tenemos que enfrentar a un sistema de justicia viciado que juega a cansarnos, a agotarnos. Nos ponen muchas trabas en el proceso para que nosotros desistamos. Esta es una lucha diaria que llevamos todos nosotros y por eso estamos aquí».

«Queremos que sepan que vamos a seguir (luchando). No vamos a permitir que nos cansen», agregó.

De acuerdo con las madres de los jóvenes asesinados durante las protestas de 2017, han tenido comunicación con la Organización de Naciones Unidas desde marzo del 2018:

«Hemos alimentado sistemas internacionales. Toda la información que se requiere para evidenciar que nuestros hijos fueron ejecutados.  Fue una ejecución extrajudicial y nosotros tenemos las pruebas y los elementos y las hemos presentado. Desde el año pasado hemos estado presentándolas. No solo hemos presentado las pruebas sino cómo nosotros hemos sido tratado en Venezuela buscando justicia», dijo Pernalete.

Víctimas de persecución

Además, de enfrentarse a los malos tratos por parte de la justicia venezolana, los familiares de las víctimas de las protestas de 2017 son víctimas de persecución, amedrentamiento, intimidación y sobornos.

«Cuando le hacemos algún evento a nuestros hijos están unas camionetas paradas, desde allí nos graban. También, nos llama un supuesto comité para darnos ayudas económicas que no les estamos pidiendo», aseguró Pernalete, quien agregó que lo que demandan es justicia y reparación.

Dexy González, madre de Rubén Darío González asesinado el 10 de julio del 2017 por un Guardia Nacional en el estado Carabobo aseguró que ha reribido ofertas: «Me han ofrecido casa, dinero porque es algo que ‘me compete’, pero les dije a ellos que no podía aceptar eso porque mi hijo no tenía precio. Y cuando a uno lo van a indemnizar es porque ya hay culpable y el Estado es culpable y responsable».