Carmen Osorio, madre de Chistian Charris, un joven de 25 años de edad que murió durante el procedimiento el pasado mes de septiembre, le aseguró a la funcionaria el calvario de las víctimas por los sucesos que se han denunciado desde la creación de este cuerpo de exterminio.
«Para cada uno de los familiares fue muy fuerte recordar los sucesos violentos a través del cual esos funcionarios les quitaron la vida a nuestros seres queridos. Lloramos, pero también contamos que hemos vivido en busca de justicia, en mi caso considero que la señora Bachelet es una señora sencilla, muy humana que nos escuchó y se comprometió a darnos apoyo”, señaló Osorio.
Indicó que en la reunión que fue coordinada por el Comité de los Familiares de las Víctimas (Cofavic), donde estuvieron presentes los familiares de los fallecidos en procedimientos como en la Torre Viasa, en noviembre de 2018, los asesinadas en Macarao el pasado 19 de Enero, “y otro muchacho proveniente del estado Lara, que vino a exponer el asesinato de su hermano por parte de la policía, pero la tristeza la invadió, comenzó a llorar y la señora Bachelet, se levantó de su puesto para abrázalo, fue un momento muy emotivo”.
Durante el encuentro los familiares de las víctimas pidieron que se elimine el FAES y que no sea creado otro organismo que tenga como objetivo asesinar a las personas en las barriadas populares.
“También solicitamos se instale una oficina especial de la ONU en Venezuela para que puedan realizar el seguimiento de cada uno de los casos denunciados, así como poder investigar otros casos que han sucedido y evitar que se continúen generando las violaciones en todos los niveles”, informó Osorio.
Otras peticiones
Durante el encuentro los representantes de Cofavic, manifestaron su preocupación ante Michelle Bachelet por la progresiva reducción de la tutela judicial a las víctimas en Venezuela desde la reforma del Código Orgánico Procesal Penal en 2012, donde las ONG fueron limitadas a acompañar los procesos judiciales.
Igualmente solicitaron que se exhorte al Estado a que cumpla con las recomendaciones de los distintos órganos convencionales y extraconvencionales de protección de DDHH y que permita al país el ingreso, sin restricción, a los distintos procedimientos especiales de la ONU.
