Fiscal general pide transparencia en detenciones durante manifestaciones

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, informó que 26 personas han muerto durante las protestas de abril de 2017, 437 resultaron lesionadas. Además indicó que durante este mes 65 personas han sido privadas de libertad, 267 serán presentadas hoy ante los tribunales y 1.289 fueron aprehendidas en manifestaciones. Solo entre 24 y 25 de abril se produjeron 4 muertes.

Los datos de la Fiscalía discrepan con los que manejan en el Foro Penal Venezolano, donde tienen registrados 1.540 arrestos hasta las 12:00 am del 24 de abril, según indicó Gonzalo Himiob, coordinador de la ONG.

Ortega Díaz pidió a los órganos de seguridad que mantengan la transparencia en la información relacionada con las detenciones durante protestas. «Me refiero específicamente al caso de 38 personas que fueron aprehendidas en Nueva Esparta el 19 de abril por la Guardia Nacional Bolivariana. Nos encontramos con una situación anómala. El CICPC, quien trasladó a los aprehendidos, no conocía el origen del hecho por el que fueron detenidos», dijo la Fiscal en declaraciones desde la sede del Ministerio Público en Caracas.

Explicó que no existen las actas policiales que narren la circunstancia, el tiempo y el modo en el que se competió el supuesto delito.

«De pronto sí hay un delito. Pero insisto en la elaboración de las actas policiales, para que no haya impunidad. Es probable que estas personas hayan cometido el delito, pero no hay nada que lo sustente», aseveró.

Ortega Díaz recordó que incluso en los estados de excepción, el debido proceso es uno de los pocos derechos que no se supende.

«El país necesita seguridad jurídica. Debe haber certeza de que si la persona cometió delito será sancionada y que si no lo cometió no recibirá sanción», advirtió.

La Fiscal dijo lamentar el uso de la violencia en la política. Detalló que, entre los 26 fallecidos, se encontraban 4 adolescentes y 22 adultos, y que 8 murieron por electrocución cuando intentaban «entrar» a una panadería de El Valle, en Caracas.

Aseguró que el Ministerio Público desarrolla las investigaciones pertinentes, entre ellas la del asesinato de Paola Ramírez, en el estado Táchira, por el cual está privado de libertad Iván Pernía; y los de Jairo Ortiz, en Miranda, y Daniel Queliz, en Carabobo, homicidios por los que están detenidos un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana y  dos funcionarios de la Policía de Carabobo, respectivamente.

Con respecto a los saqueos y hechos de violencia que se produjeron el 20 de abril en El Valle, la fiscal se abstuvo de usar los términos «terrorismo» y «ni derecha golpista», como han hecho altos mandos del gobierno nacional. «Por estos hechos se encuentran privadas de libertad 10 personas. Evaluamos testimonios de vecinos. Al parecer grupos delictivos del sector participaron en los hechos de violencia aprovechando la crispación generada por las protestas políticas de los vecinos que caceroleaban», dijo.

Además, respondió a quienes han pedido al Ministerio Pública que intervenga en las manifestaciones opositoras: «El Ministerio Público no es órgano de seguridad ciudadana, sino titular de la acción penal. Corresponde a los órganos de seguridad ciudadana atender las obstrucciones de las vías publicas».

Reconoció que la mayoría de los opositores que manifiestan lo hacen de forma pacífica, pero advirtió al «grupo minoritario de violentos» que «nadie puede estar de acuerdo con acciones vandálicas ni delictivas».

Pidió a los dirigentes políticos que «bajen el tono» de las declaraciones y que se retome el diálogo entre las partes como medio de encontrar acuerdos democráticos que permitan superar la crisis socioeconómica que atraviesa el país. Urgió a «curar la sociedad».