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Fiscalía imputa al director del Sebin, González López, por violación de los DDHH

El Ministerio Público imputó a Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por la presunta comisión de "graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos". 

Fiscalía imputa al director del Sebin, González López, por violación de los DDHH

La Fiscalía anunció este viernes en un comunicado de prensa que la cabeza de la policía política venezolana deberá acudir a una citación el próximo martes 04 de julio a las 10:00 am.
El Ministerio Público investiga la relación de González López en casos de «allanamientos arbitrarios, privaciones ilegítimas de libertad, causas de personas que permanecen detenidas a pesar de que los respectivos tribunales del país han emitido legítimamente las correspondientes boletas de excarcelación».
Durante su estadía al frente del Sebin, el organismo de inteligencia irrumpió ilegalmente en el edificio Los Verdes, de El Paraíso, luego de que algunos de sus residentes participaran en protestas opositoras, y allanó las casas de los asesores de la MUD Arístides Moreno y Roberto Picón, a quienes se llevaron detenidos.
El funcionario ha pasado por varios cargos dentro del gobierno chavista. Fue Ministro de Interior y Justicia, presidente del Metro de Caracas y director de Protección Civil.
Además, en marzo de 2015 fue incluido en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos.
El jueves, también fue imputado el general Antonio Benavides Torres, ex comandante de la Guardia Nacional, los cargos de «graves y sistemáticas violaciones de derechos fundamentales».
La Fiscalía indicó que se adelantan 450 investigaciones, en los cuales se registraron 23 personas asesinadas y 853 lesionadas por funcionarios policiales o militares. 
«Se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones», indicó el organismo investigador.

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