El parlamento de Maduro designó a la exmagistrada y exembajadora en España al frente de la diplomacia ante la Corte Penal Internacional. Ya fue, entre otras cosas, abogada del Estado durante sus días en la Procuraduría. Y ahora, sancionada por Estados Unidos y Panamá, vuelve a hacer maletas
La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, es la nueva embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) designada por la Asamblea Nacional del chavismo. Y no será su único cargo: Gutiérrez, sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU, también se desempeñará como representante ante otros organismos internacionales con sede en los Países Bajos.
#13Mayo La plenaria del Parlamento aprobó la designación de Gladys Gutiérrez como embajadora de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos internacionales con sede en los Países Bajos. pic.twitter.com/gkbJrzS4Sp
— Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) May 13, 2021
Gladys Gutiérrez fue rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde el 12 de junio hasta el 4 de mayo de 2021. Antes, ejerció como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia entre 2013 y 2017, cuando la sustituyó en el cargo el magistrado Maikel Moreno.
En dos ocasiones el chavismo la postuló para la Gobernación del estado Nueva Esparta, pero no logró ganar las elecciones contra el opositor Morel Rodríguez.
Gutiérrez también fue cónsul y luego embajadora en España hasta el 2005. Al año siguiente, Hugo Chávez la trajo de regreso a Caracas y la designó al frente de la Procuraduría General de la República, de donde pasó -en 2010- a la Sala Constitucional del TSJ.
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En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Gutiérrez por sus fallos emitidos desde la Sala Constitucional bajo la consideración de que usurpó la autoridad de la legislatura democráticamente electa del país. Esto se relaciona específicamente con las sentencias 225 y 612 del año 2016, las cuales impidieron al parlamento revisar designaciones de magistrados hechas por exdiputados; y les quitó la inmunidad parlamentaria.
Igualmente, el gobierno de Panamá la sancionó en 2018 por considerarla -junto a otros funcionarios- como persona de «alto riesgo» en materia blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El nombre de la exmagistrada fue incluido -diciembre de 2019- en una lista de 29 funcionarios venezolanos sujetos a sanciones por los países miembros del Tratado Interamericano de Acuerdo de Reciprocidad (Tiar), entre los cuales estaban Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Delay Rodríguez y hasta el colombiano Alex Saab.
En 2020 la CPI afirmó que había una base sólida para investigar «presuntos» crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro durante y después de las protestas de 2017. Además, a lo largo de este año la institución ha recibido varios informes para intentar «esclarecer» aun más cómo fueron los hechos.
El nombramiento de Gutiérrez se da una semana después de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, dijo a la CPI que está basando su informe preliminar sobre el caso de Venezuela en noticias falsas difundidas a través de Twitter y de cuentas robotizadas.
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No obstante, Rodríguez omitió denuncias graves como el asesinato del joven Juan Pablo Pernalete durante una protesta antigubernamental en Altamira, estado Miranda, a manos de un militar que disparó en su contra una bomba lacrimógena. Esa versión inicialmente la negó el régimen, pero hace semanas el fiscal general chavista, Tarek William Saab, aceptó que sí fue un asesinato.
Durante una rueda de prensa, Saab dijo: «La voluntad de colaboración de la República Bolivariana de Venezuela ha quedado de manifiesto, si bien no podemos dejar pasar la ocasión paradejar constancia de la falta de transparencia del proceso por parte de la Fiscalía de la CPI en la tramitación del examen preliminar en el que nos hallamos».
Con información de EFE
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