Gran Misión con Destrucción Mayor

La explotación del llamado Arco Minero era un objetivo del gobierno de Chávez. Durante varios años se habló menos que de sus detalles que de otras propuestas, ahora silenciadas, como el Plan Guayana Socialista.

Que el gobierno de Maduro regrese ahora al tema es preocupante, luego de meses de emergencia económica decretada, sin perspectivas de incremento del precio del petróleo, con severa escasez de alimentos y medicinas, elevadas probabilidades de default y la presión de viejos y nuevos opositores por realizar un referéndum revocatorio.

Las reservas minerales de Guayana coexisten con sus reservas de bosques, aguas y biodiversidad. La explotación de las primeras puede significar la destrucción irreversible de las segundas, dependiendo de las tecnologías en uso y de las condiciones impuestas por la legislación venezolana. Y el destino de las divisas obtenidas en el presente no necesariamente compensará las pérdidas a las generaciones futuras.

Ya con la explotación del petróleo tenemos ejemplos pasados y recientes, muy recientes. Los efectos ambientales y sanitarios de la actividad sobre poblados cercanos son poco discutidos a nivel nacional, pero eventos muy visibles, como la montaña de coque frente al mar, los derrames de crudo en ríos y lagos y las explosiones en refinerías suelen ser preocupaciones compartidas.

Las divisas obtenidas durante el último período de precios altos del petróleo se perdieron, entre otras vías, a través del Fonden, el Fondo Chino, Pdvsa y el BCV. A la abundancia el gobierno añadió las deudas de la República y de Pdvsa, que ahora toca pagar sin haberse invertido en nuevas fuentes de ingresos.

Al ser evidentes las consecuencias de la pésima administración de las divisas hecha durante más de una década, el gobierno decidió incrementar, sin un plan conocido y coherente, el precio de la gasolina. De inmediato ordenó sustraer los ingresos generados en bolívares de las cuentas de Pdvsa y no incorporarlos al presupuesto de la nación, dirigiéndolos a un fondo para misiones administrado sin pública rendición de cuentas.

Tras trece años de misiones, presentadas como banderas del gasto social del gobierno del Presidente Chávez y ahora de su “hijo”, tras trece años de controles de precios y de cambios, en Venezuela las colas por alimentos y la desesperación por medicinas no pueden atribuirse a una guerra económica sin reconocer un fracaso descomunal.

Y es ahora, cuando la incapacidad del gobierno para enfrentar las dificultades del pasado y el presente queda en evidencia absoluta, que pretende comprometer los recursos que aun nos quedan en Guayana. Con un poder de negociación muy disminuido por el desastre que ha causado y por sus fracturas internas, el gobierno se apresta a autorizar la devastación de la poderosa naturaleza al sur de Venezuela.

Arrojar el Roraima, por ejemplo, al agujereado fondo de las misiones sería una tragedia y una desgracia más en la abrumadora lista que nos aflige. Y sería de las peores.