“El Ministerio se niega a otorgarnos ese aumento de 17% que debía otorgarse este 1° de octubre porque, según interpretan ellos, ese aumento está subsumido en el alza de salario de 50% otorgada por decreto presidencial”, afirmó Falime Hernández, presidente de Fetrasinep (Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación), quien agregó que las alzas correspondientes al 2017 tampoco son reconocidas.
“Rechazamos esta situación porque desconoce un derecho adquirido y un acuerdo que debe ser ley para ambas partes”, dijo Hernández.
En marzo pasado, el Gobierno y los gremios de la educación firmaron una convención colectiva única que, entre otros avances, contempla un aumento de sueldo cercano a 200% para los más de 850.000 trabajadores del sector (administrativos, obreros, educadores, pensionados y jubilados), acuerdo que además es extensivo a los gremios de educación estadal y municipal.
Hernández destacó que de mantenerse este apreciación, el contrato colectivo estaría “muerto” en la medida que el Ejecutivo siga otorgando aumentos salariales por decreto, lo cual consideró muy peligroso pues podría extenderse a otros sectores. “Además, los recursos ya fueron presupuestados”, añadió el dirigente.
Por tal motivo, el próximo jueves 20 de octubre, todos los afectados realizarán una jornada de protesta nacional, la cual contempla las acciones que cada comando intergremial regional decida, pues se dio total libertad de acción en virtud de la autonomía de la que gozan los sindicatos que hacen vida en la siete federaciones que firmaron la contratación.
Aclaró Hernández que no obstante no habrá paralización de clases. “Somos contrarios a una paralización”, dijo, pero agregó que pudieran darse asambleas generales de trabajadores, educadores, alumnos y representantes para dar a conocer la situación, así como otro tipo de manifestaciones. Señaló igualmente que ese día el gremio en pleno decidirá las acciones a seguir en los próximos días, que bien pudiera ser la convocatoria a paro de actividades.
A nombre de los trabajadores, el dirigente exigió una inmediata rectificación por parte del Ministerio de Educación a la situación planteada, reiterando que el contrato colectivo consagra derechos inviolables.
También exigió que a los trabajadores y docentes jubilados y pensionados sean beneficiarios de una ayuda social similar a la otorgada a través del cesta ticket socialista; es decir, Bs. 42.000, tomando en cuenta que una vez que los trabajadores salen de nómina se les exime del pago de este bono y solo reciben una ayuda compensatoria de Bs. 4.200.
Por su parte, José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), subrayó que esa organización apoyará la lucha de los gremios de la educación, pues considera que es una violación abierta a derechos adquiridos por los trabajadores y de estricto cumplimientos por parte de las autoridades.
“Hacemos un llamado a todos los gremios para que apoyen la jornada de protesta del próximo 20 de octubre para que se respete la convención colectiva”, dijo.
Torres también anunció que en 15 estados del país se iniciará la semana que viene una serie de actividades en apoyo a la recolección de 20% de voluntades para la activación del referendo revocatorio.
Destacó que las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellas la aprobación del presupuesto de la República por decreto presidencial, es una abierta violación a la Constitución que “pone en vilo la democracia, y en un país sin democracia no hay ni contratación colectiva ni derechos”, acotó.
“Es una burla que el TSJ decida restar competencias a la Asamblea Nacional, que es el ente llamado a corregir los entuertos del presupuesto y legislar en esa materia. Esta es una de las situaciones más graves que están ocurriendo”, puntualizó.
