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Guerrilleros extienden su control en zonas productivas de Venezuela, denuncian ONG

Mientras el Alto mando Militar y la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro se muestran como adalides de la Defensa del Esequibo y la soberanía nacional, por varios costados del país los grupos armados provenientes de Colombia toman cada vez más control del territorio. Las denuncias provienen de los propios pobladores, comunidades indígenas y productores agropecuarios que están siendo desplazados y recogidas por medios informativos y ONG de defensa de Derechos Humanos.

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Las renovadas denuncias sobre la presunta presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela y la pérdida de control del Estado sobre vastas áreas hoy en poder de bandas organizadas, coinciden con la efervescencia nacionalista de militares y civiles del chavismo, que afirman defender la soberanía en el Esequibo.

El pasado 24 de febrero el vicepresidente sectorial de «Soberanía Política, Seguridad y Paz» y ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, declaraba que “Venezuela no perderá ni un milímetro más de territorio”. Se dirigió a los medios oficiales  y las redes sociales luego de “una ardua reunión” de la Comisión para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial.

En esos días en los medios y portales independientes colombianos circulaban videos y gráficas de los altos jefes guerrilleros de las FARC disidentes y el ELN, en supuestos campamentos ubicados presuntamente en Venezuela.

Guerrilleros, palabras y videos

Uno de los videos más sonados fue el de Seuxis Paucias Hernández, conocido como “Jesús Santrich”, miembro de la disidencia armada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este cabecilla guerrillero reapareció en un video en el que amenazó de muerte al presidente de Colombia, Iván Duque.

“Memento mori”, expresó en latín el guerrillero. La frase significa “recuerda que morirás», Duque.

«A todo Procusto le llega su Teseo. Es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos”, dijo Santrich en una breve grabación revelada por el canal NTN24.

Según fuentes colombianas de Inteligencia citadas por el medio, el material audiovisual habría sido producido en territorio venezolano el pasado 13 de febrero.

Supuestas evidencias

Presuntamente grabado en territorio venezolano, el video se agregó a la polémica revelación que hiciera la Revista Semana de Colombia el pasado 6 de febrero, en la que muestra fotografías de varios guerrilleros jefes disidentes de las extintas FARC. Entre ellos se identifica al ex jefe negociador de paz de esta guerrilla, vestido con ropa militar y armas en zonas identificadas -siempre según la publicación- como parte del territorio nacional de Venezuela.

Denuncias similares se han repetido varias veces, e incluso son respaldadas por el gobierno de Estados Unidos.

Las imágenes muestran a varios guerrilleros, como Luciano Marín, alias «Iván Márquez», quien fue jefe negociador de las FARC para el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016. También están Hernán Darío Velásquez, alias «El Paisa»; Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich»; y Henry Castellanos Garzón, alias «Romaña».

Ilustración  de la revista Semana, con imágenes que circulan en las redes sociales. La publicación y otros medios colombianos sostienen que los guerrilleros colombianos están en Venezuela.

Semana reveló que Estados Unidos colabora con las investigaciones sobre el paradero de los guerrilleros disidentes (en Colombia y Venezuela).

Afirma que los guerrilleros han conformado 36 grupos con 4.927 hombres armados, según las cuentas de inteligencia hasta junio de 2020. Sus acciones armadas se han registrado en territorio de ambas naciones.

Siempre según estas versiones de prensa, los tres frentes de guerrilleros que comanda Iván Márquez contarían con 861 integrantes. Mientras, Miguel Botache Santillana, alias «Gentil Duarte», al parecer controla el resto de las unidades disidentes, que “se dedican al narcotráfico, la minería ilegal y el robo de ganado en Colombia para venderlo en Venezuela”, dice Semana.

“En los últimos meses, fuentes venezolanas decidieron colaborar de manera secreta con las autoridades colombianas y han cruzado la frontera para entregar las evidencias”, detalló la revista.

Denuncias delicadas

Los guerrilleros de la disidencia cuentan con armas, camionetas y campamentos en suelo venezolano. “Circulan libremente en el vecino país y se camuflan entre los civiles en zonas rurales e incluso en áreas urbanas, como la ciudad de Elorza, a tres horas de (el departamento colombiano de) Arauca. Allí Márquez vive en un condominio protegido por el régimen de Nicolás Maduro”, asegura la revista colombiana.

Maduro y las más prominentes figuras del régimen chavista niegan rotundamente estas afirmaciones. Afirman que se trata de acusaciones infundadas que pretenden abonar el terreno para una intervención de Estados Unidos y de Colombia en Venezuela.

Otro medio colombiano, Noticias Caracol publicó videos y documentos en los que refiere sobre decenas de correos electrónicos de jefes del ELN y las disidencias de las FARC en Venezuela. “Son documentos hasta ahora secretos que ponen en evidencia las alianzas con políticos, militares, negocios para la compra de misiles, narcotráfico y hasta una guerra entre esos grupos armados en el vecino país”, señala Caracol.

De inmediato, las denuncias fueron dadas por ciertas por la oposición política que enfrenta al gobierno de Nicolás Maduro.

Fiesta en Elorza

Según la denuncia, a 200 kilómetros de la frontera colombiana, en territorio venezolano, las disidencias de las FARC imparten instrucción política a grupos de campesinos. En Elorza, estado Apure, alias “Julián Chollo”, el segundo comandante del frente Acacio Medina, se dirige a una comunidad. El video fue grabado en mayo de 2020.

“Un hermanado y revolucionario saludo de parte de quienes estamos aquí. El saludo de las instancias superiores de la dirección del Frente Acacio Medina, quienes hacemos presencia en este sector de esta querida tierra venezolana, esta hermana tierra venezolana”, comienza el discurso de un hombre que estuvo más de 20 años en la extinta guerrilla de las FARC, refiere Caracol.

“Chollo” es la mano derecha de alias “John 40”. Ambos dirigen una de las estructuras más poderosas de las disidencias lideradas por Gentil Duarte. El grupo tiene su zona de influencia en Vichada y Guainía. Del lado vecino, en los estados de Amazonas y en los límites de Apure.

¿Gentil apoyo?

“Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro, para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando dirigiendo este barco”, señala el enviado de las disidencias. En su discurso expone los intereses y las supuestas alianzas de la estructura con fuerzas políticas del chavismo.

En cuanto a la simpatía por los llamados disidentes de las FARC, es de recordar que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, afirmó durante la clausura del XXV Foro de Sao Paulo, que los ex guerrilleros de las Farc, Iván Márquez y Jesús Santrich, son bienvenidos en Venezuela.

“Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, y Timochenko y Catatumbo y la Farc es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir porque son líderes de paz”, expresó Maduro en ese  momento.

«Dijeron que venían Iván Márquez y Jesús Santrich. Me quedé esperando», ironizó Maduro.

Maduro respondía así al ex presidente Álvaro Uribe quien aseguraba que estos dos disidentes asistirían al Foro de Sao Paulo que se instalaba en Venezuela en julio de 2019.

Disputan territorio

La ONG FundaRedes viene denunciando cómo en la frontera a lo largo de 2.219 kilómetros que comparten Colombia y Venezuela es, desde hace años, escenario de constantes combates por el control de territorio.

Esta guerra sorda se libra entre grupos guerrilleros de origen colombiano (FARC; Ejército de Liberación Nacional, ELN y Ejército Popular de Liberación, EPL). También contra las bandas de origen venezolano (Fuerzas Bolivarianas de Liberación, FBL), bandas delincuenciales con armas de alto calibre, contrabandistas, narcotraficantes y los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, afirma esta ONG.

Así refieren cómo el sábado 19 de septiembre de 2020 ocurrió uno de los enfrentamientos más cruentos que dejan en evidencia esta situación.

Reporte oficial

Tras varios días de combates armados entre el ELN y la disidencia de las FARC en el estado Apure (Venezuela) se produjo un choque con el Ejército venezolano que dejó cuatro militares muertos.

Los primeros reportes oficiales emanados de la Región de Defensa Integral (REDI) Apure, señalaban que “se realizó una operación militar en la parroquia Urdaneta, municipio Páez, del estado Apure, al mando del general de división Armando Vera Cumare, con la participación del Grupo de Acciones Especiales de Comando (…) Con la finalidad de dar captura a alias ‘Ferley González’, jefe de finanzas del Frente 10 de las FARC”.

Luego, en un reporte sobre el mismo hecho realizado por la REDI Táchira, entidad a la que fueron trasladadas las víctimas junto a otros dos oficiales heridos, se reconoce que hubo un enfrentamiento armado. Se suscitó “entre los diferentes cuerpos castrenses y grupos subversivos que hacen vida en dicho sector”, de acuerdo con el relato de la mayor del Ejército Yohana Cabrejo.

Denuncias de Fundaredes

“Hay evidencia de que los grupos armados irregulares han ido extendiendo sus operaciones hacia zonas cada vez más alejadas del corredor fronterizo para apoderarse del control de nuevos territorios a través de las armas. Por medio de la intimidación y coacción pretenden el control social. Incluso han aplicado castigos a lugareños que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte”, asegura FundaRedes en un informe público.

Investigaciones de esta ONG han identificado 10 frentes del ELN que operan en territorio venezolano. Entre ellos se cuentan: Frente Juan Velasco Porras, Frente de Guerra Nororiental, Frente Luis Enrique León Guerra.

También, el Frente Gustavo Villamizar, Frente Parmenio Cuéllar, Frente Alirio Buitriago, Frente Camilo Cienfuegos, Frente Domingo Lain Sáenz y el Frente Camilo Torres.

Este último es el más grande e importante en este momento, con presencia en 18 estados de Venezuela: Táchira, Apure, Zulia, Mérida, Trujillo, Barinas, Lara, Falcón.

También en Carabobo, Portuguesa, Aragua, Guárico, Bolívar, Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Yaracuy y Distrito Capital.

En el estado central de Yaracuy, muy lejos de la frontera con Colombia, opera un centro de adiestramiento nacional. Desde allí han establecido el control de algunos centros urbanos y de una parte de la actividad ciudadana, siempre según la denuncia de la ONG Fundaredes.

De guerrilleros a terratenientes

Los grupos armados irregulares de origen colombiano y bandas criminales en zonas de frontera entre Venezuela y Colombia ocupan cada vez mayor cantidad de territorios, según denuncias de propietarios de fincas y fundos. A estos productores les han ocupado sus tierras y a muchos los han expulsado bajo amenazas de muerte.

Lugareños y denunciantes han visto cómo amplios predios son usados como pistas clandestinas de aterrizaje o para fomentar plantaciones de coca y marihuana.

En algunos casos estas organizaciones criminales utilizan testaferros para invertir los recursos provenientes del narcotráfico y el contrabando en la adquisición de tierras. De allí, que en los últimos años se han convertido en los grandes terratenientes de Venezuela. Lo han logrado bajo el conocimiento, e incluso algunos casos, complicidad de las autoridades, asegura FundaRedes.

Negocio de tierra y violencia

Según la organización defensora de derechos humanos, hay evidencias de fincas tomadas por los grupos armados irregulares en los estados Zulia, Táchira, Bolívar, Portuguesa, Lara, Mérida y Trujillo.

También en Barinas, Falcón, Carabobo, Aragua, Guárico, Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Caracas, Yaracuy, Amazonas y Apure

El estudio refleja que se obtuvieron testimonios de pobladores de Caño Motilón y Caño del Medio, en el municipio Catatumbo, del estado Zulia. En agosto de 2020 los vecinos denunciaron que varios productores habían sido desalojados por grupos armados irregulares. Alegan que no se trataría de expropiaciones de derecho, sino de hecho, porque los irregulares se meten en las propiedades y sacan a sus dueños.

Ante esta situación FundaRedes acudió el pasado 8 de diciembre de 2020 a la Fiscalía del Ministerio Público del estado Táchira y a la Fiscalía General de la República. La ONG denunció formalmente la vulneración del derecho a la propiedad privada consagrado como precepto constitucional.

Indígenas también denuncia

Ante lo que consideran una “flagrante invasión y violación de los derechos originarios a las tierras comunitarias”, habitantes de la comunidad indígena pemón de San Luis de Morichal.

Protestan la ocupación de sus territorios por parte de mineros ilegales en la zona de El Chivao, en el río Chicanán. Esto es a apenas un kilometro de distancia del centro de la comunidad, situada en el municipio Sifontes, del estado Bolívar.

Mediante un comunicado divulgado este lunes 22 de febrero, los habitantes de la comunidad calificaron la ocupación como una amenaza directa a sus territorios, modos y costumbres.

Entre el oro y el miedo

Esta ocupación “ha afectado a los niños y niñas de la comunidad, psicológica y emocionalmente”. La situación conduce incluso a la suspensión de las actividades escolares mientras se mantenga la ocupación, denuncian.

Desde comienzos de febrero, los pemones de San Luis de Morichal, estado Bolívar, denuncian que sus tierras han sido ocupadas por mineros ilegales y actores armados.

La zona ilegalmente ocupada, comprende las minas Chiwao, Mochila, Pistón y Clarita de Uroy, situadas en la cuenca del río Chicanán, afluente del río Cuyuní. Este es un enorme e importante cauce de agua en el que Nicolás Maduro autorizó la minería fluvial en abril pasado.

Durante una asamblea realizada este domingo 21 de febrero, la comunidad acordó ejercer el derecho que le asiste de proteger el hábitat y tierras. Lo hacen “ante la inminente amenaza de los invasores de iniciar las labores de minería en el sitio de El Chivao, tal como un grupo de ellos ya lo está haciendo en algunos puntos”.

Unos de estos grupos identificados es el llamado “Sindicato”, que comparte el control de la zona con frentes del ELN. Estas dos organizaciones controlan el tráfico de oro ilegal y el paso de migrantes hacia Guyana a través del río Cuyuní.

Cooperación entre bandas

El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en su informe de 2020 sostiene que el último año se habría acentuado la interacción y cooperación entre las bandas grandes del crimen organizado y los funcionarios del Estado. Esta convivencia permite el señoreo de estos grupos sobre amplios territorios urbanos y rurales del país.

La presencia de organizaciones de actores armados no-estatales en la zona del Arco Minero y en las fronteras de los estados Zulia, Apure, Táchira y Bolívar, representa unos mecanismos de cohabitación que implican al menos una cesión de la soberanía de la República en esos territorios.

El dominio de esos actores armados en esos territorios no implica necesariamente un incremento de los homicidios. Resulta que existe de parte de ellos un proceso de «administración de la violencia». Este mecanismo puede permitir un mejor control de la población. También sugiere la existencia de acuerdos entre esos grupos y funcionarios del Estado, señala el informe.

Un problema nacional

De acuerdo al informe 2020 del OVV todas las 24 entidades federales del país están en situación de epidemia de violencia. De las 356 unidades sub-estatales que hay en el país, compuestas por los 334 municipios y las 22 parroquias del Distrito Capital, 286, que representan el 80%, se encuentran en situación de “epidemia de violencia”.

Las cinco entidades federales con la mayor tasa de violencia en 2020 se han mantenido casi iguales en los últimos años. De esas cinco, tres corresponden al eje centro norte-costero del país: Miranda (70,7%), Distrito Capital (56,2%) y Aragua (60,5%). Este estado central ha sido el núcleo tradicional de la violencia en el país.

Otros dos se corresponden a los nuevos territorios de la violencia: los estados Bolívar (62%) y Sucre (61,3). Estas dos entidades concentran la actividad del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas, minerales preciosos y personas.

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