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Hacinamiento y riñas acaban con la vida de los presos venezolanos

El maltrato e irrespeto a las condiciones de detención de los presos venezolanos se paga caro. Con cinco muertes contabilizadas este año por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en los centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Agustín y Boleíta, ambos en Caracas, se desnuda la precariedad en el sistema penitenciario nacional.

Hacinamiento y riñas acaban con la vida de los presos venezolanos

Según información revelada por el organismo, un estudio reveló que seis celdas de la sede del oeste de la capital, con capacidad para 10 reos cada una, agrupada a 220 detenidos, situación que representa un 366% de sobrepoblación, problemática que alimenta la crisis del sector.

En la del este, por su parte, el porcentaje del mes de agosto alcanzó un 400%, producto de 1.000 reos en un lugar para 250.

El resultado: bajas por crímenes cometidos por sus propios compañeros de celda y desnutrición; sin embargo, no todas las víctimas tienen todo detallado, al menos así lo explicaron familiares de algunos fallecidos.

Tal es el caso de Carlos Francisco Rangel Novais. El hombre de 27 años y quien permanecía recluido en San Agustín, murió el pasado 16 de julio, según versión de las autoridades, luego de participar en una pelea; no obstante, sus familiares recordaron haberlo visto un día antes del hecho, a quien le notaron marcas en su cuello y muñecas, algo que, de acuerdo con estos, había sido producto de la tortura de los funcionarios.

Mientras, Carlos Suárez Navarro, de 21 años, murió el 15 de octubre luego de 40 días de arresto en el mismo lugar. Ahí denunció a sus familiares que no estaba recibiendo los alimentos que estos le enviaban, presentando graves signos de desnutrición y deshidratación.

Pese a que solicitó a los cuerpos de seguridad su traslado a un centro de salud para que lo atendiera, no contó con este beneficio.

Carlos Enrique Pérez Gómez y Ronald Daniel Subero Alcalá, en Boleíta, y Kenry Joseth Bogado Hernández, en San Agustín, también perdieron la vida en las instalaciones a causa de hechos violentos.

El organismo denunció, a través de su coordinador, Humberto Prado, que la responsabilidad de los hechos recae sobre la figura del Estado, tal y como lo establece la Constitución Nacional.

“El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”, señaló el representante de la OVP.

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