Tecnología

Hacker venezolano acusado de fraude en EEUU podría quedar en libertad

El miércoles 24 de junio, Yoandy Pérez Llanes fue acusado formalmente en la Corte Federal de Pittsburgh, Pensilvania, EEUU.

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La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la Cancillería notificar a Estados Unidos para que presente la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria para tal procedimiento, en el caso del supuesto hacker Yoandy Pérez Llanes.

De no ser presentada dicha documentación, en los sesenta días continuos después de ser notificados, el venezolano quedará en libertad plena. El presunto estafador fue detenido en Venezuela el pasado 15 de mayo de 2015 por el Cicpc, a raíz de que Pérez Llanes presentara notificación de alerta roja emitida por Interpol Estados Unidos.

El miércoles 24 de junio, Pérez Llanes fue acusado formalmente en la Corte Federal de Pittsburgh, Pensilvania, EEUU, con al menos 21 cargos por supuestamente haber cometido fraude al servicio de Rentas Internas y al Tesoro de esa nación norteamericana.

El venezolano habría usurpado la identidad de trabajadores de la University of Pittsbugh Medical Center, con el fin de presentar falsas declaraciones de impuestos federales y de esta manera obtener el rembolso correspondiente.

Con estos rembolsos, Pérez Llanes en complicidad con otras personas, habría comprado tarjetas de Amazon y luego canjeado por mercancía que fue enviada a suelo venezolano, específicamente a Maracay, estado Aragua, y Maracaibo, estado Zulia.

Este hecho delictivo, ocurrió los cuatro primeros meses de 2014. Yoandy Pérez fue acusado de conspirar para defraudara Estados Unidos, fraude electrónico, robo agravado de identidad y legitimación de capitales.

Según la información fiscal, los presuntos hackers intentaron un rembolso de dos millones doscientos mil dólares, sin embargo, sólo obtuvieron un millón quinientos mil dólares.

Con esto, compraron teléfonos celulares Sansung Galaxy IV, iPhone, laptops HP, tablas portátiles, Play Station, entre otros equipos electrónicos. La demanda podría acarrear cárcel para los supuestos conspiradores o el pago de una multa de hasta cinco millones quinientos mil dólares.

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