Hásel: el rapero antisistema y el canciller metiche

Se autodefine como «militante de un mundo mejor». Es, entre otras cosas, el defensor más entusiasta de Álex Saab, el empresario colombiano que de pronto -al caer preso en Cabo Verde- se convirtió en venezolano y en agente muy especial del gobierno de Nicolás Maduro. Es Jorge Arreaza, Ministro de Relaciones Exteriores, siempre bien dispuesto para anotarse -al menos desde tuiter- en causas que conecten con la posición política que lo tiene donde está: así que no podía dejar pasar el caso del rapero catalán Pablo Hásel, aunque quizás no haya calibrado bien su incursión en este terreno.

Que Hásel haya ido a parar, finalmente, a prisión es un hecho que ha provocado una encendida discusión en España. En las últimas 24 horas ha habido protestas en la calle, con el usual cóctel de razonamientos lógicos en torno a la amenaza contra la libertad de expresión, las solidaridades y cuestionamientos dependiendo de la acera ideológica y la irracional dosis de vandalismo y violencia callejera y policial.

Nada que no hayamos visto antes. Nada que no abunde en todos estos países infectados de polarización.

A Jorge Arreaza le indigna que un hombre vaya a prisión por escribir cosas en tuiter contra la policía y la corona española, por apoyar abiertamente a algunos grupos que ejecutaron en el pasado o ejecutan acciones en el presente que para algunos son políticas y para otros -incluidas varias naciones europeas- califican como terrorismo, y por rapear unas cuantas acusaciones subidas de tono contra el rey Juan Carlos. «Un caso incomprensible», dice el canciller de un gobierno que una y otra vez ha llevado a la cárcel -sin juicio- a personas por expresar su descontento con la situación venezolana en la misma red social.

Debe ser que olvidó el caso «incomprensible» de Karen Palacios, una joven clarinetista de la Orquesta Filarmónica Nacional, que el 1 de junio del 2019 escribió un tuit que decía: «Sea feliz y deje de joderle la vida a los demás». Ese fue el último mensaje que puso antes de que una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Sebin se la llevara detenida.

Palacios también había publicado -el 26 de mayo- un hilo en el que contaba que fue despedida de la orquesta por ser opositora al gobierno de Maduro, cosa que la llevó a dar declaraciones a algunos medios.

Ya estaba en la mira. Porque antes de eso, en su cuenta -que tenía menos de 500 seguidores- escribió una descarga emocional que luego borró. Pero los tuits fueron encontrados posteriormente por un sitio web oficialista que les dio difusión. Su caso aparece en el informe de la comisión de las Naciones Unidas: «La Sra. Palacios había twitteado (s.i.c.): ‘[…] Porque de verdad espero leer, en una noche de insomnio, que Maduro huyó, que lo mataron, que lo apresaron, o cualquier vaina que me haga feliz’. Continuó: ‘Esta vaina será hasta el día que nos arrechemos y entre 100 matemos a unos 10 guardias, colectivos o cualquier mierda de esas que se atraviese’».

El 1 de junio de 2019 se aparecieron a buscarla y esto fue lo que contó su madre: «Nos dijeron que eran profesores del Sistema Nacional de Orquestas y que querían hacerle una entrevista a Karen. Yo todo el tiempo sostuve que ellos no eran profesores, mi hija lleva desde los 11 años y yo los conozco. Ellos nos dijeron que nos iban a llevar al Palacio de Miraflores a una oficina de Atención a las Víctimas, pero no era así. Nos montamos en una camioneta (4×4) toda negra y ellos se pusieron los chalecos y el armamento y nos dimos cuentas que eran funcionarios. Nos llevaron a la Dgcim».

A Palacios la dejaron detenida y el 3 de junio la presentaron ante un tribunal y la acusaron de instigación pública. Sin embargo, el juez no dictó privación de su libertad. Al contrario, debía ser liberada al día siguiente. Pero los de Contrainteligencia Militar no atendieron la decisión del juzgado. El 8 de julio fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Y, finalmente, fue excarcelada el 16 de julio.

El informe de la ONU describe las condiciones de detención por las que pasó Karen Palacios en la sede militar y concluye que hay evidencias de que «fue objeto de detención arbitraria y de tratos crueles, inhumanos o degradantes». Fue, incluso, amenazada de muerte.

Hay más casos, por supuesto, pero el de esta joven clarinetista resulta emblemático de las cosas que ocurren en Venezuela y que quizás al canciller no le resultan tan «incomprensibles».

El rapero contumaz

Pablo Rivadulla Duró es el verdadero nombre del cantante nacido en Lleida, en 1988. Hásel sabía que irían por él. En realidad llevaba algún tiempo esquivando la cárcel, porque tuvo -ha tenido- la oportunidad de defenderse en tribunales, como debe ser en el marco del respeto al estado de Derecho, nos guste o no el resultado final.

Lo cierto es que el rapero tenía varias cuentas pendientes. La que lo condujo a prisión fue una decisión de mayo del 2020 reafirmada por el Tribunal Supremo: 9 meses y un día por «enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona».

La acusación de «enaltecimiento del terrorismo» -aunque es una categoría muy amplia y que permite interpretaciones, algo parecido a la «instigación» que le aplican a los opositores en Venezuela- apunta en concreto a mensajes tuiteados celebrando o apoyando acciones de grupos -activos o no- considerados formalmente como terroristas dentro y fuera de España, como ETA, los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre -Grapo-,Terra Lliure y AlQaeda.

Las injurias contra la Corona se concentran en una canción titulada «Juan Carlos el Bobón», en la que lo califica de «heredero de Franco», derrochador, aficionado a las prostitutas y lo tilda de asesino, entre otras muchas cosas a ritmo de hiphop.

Entre las pruebas en su contra hay 64 tuits publicados entre los años 2014 y 2016. Esto explica una nota de El País: «En uno de los mensajes, escribió junto a una fotografía de la miembro del grupo terrorista Grapo Victoria Gómez: “Las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes, apoyemos a quienes han ido más allá”. En su red social, el rapero contaba entonces con 54.000 seguidores (actualmente son más de 100.000). También imputó al rey emérito y a Felipe VI la comisión de múltiples delitos. “Los amigos del reino español bombardeando hospitales, mientras Juan Carlos se va de putas con ellos”, escribió en enero de 2016».

La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo, pero ninguna fuerza policial recibió órdenes de buscarlo como si se tratara de un peligroso criminal, a diferencia de lo ocurrido con Karen Palacios. A Hásel le dieron 10 días hábiles para que se presentara voluntariamente a cumplir. Pero en lugar de eso se atrincheró en la Universidad de Lleida con un grupo de seguidores. Vencido el plazo, el 16 de febrero la policía catalana se presentó en el lugar y el rapero se entregó sin oponer resistencia aunque asegurando cobertura mediática.

Ya Hásel había sido sentenciado en 2015 por hechos similares. En concreto, por el discurso de odio contenido en algunas de las letras de sus temas: «en febrero de 2015 vio cómo el alto tribunal confirmaba la pena de dos años de prisión que le impuso la Audiencia Nacional por una serie de canciones con frases como “ojalá vuelvan los Grapo y te pongan de rodillas” o “pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen”. El alto tribunal estableció en aquella sentencia que el “discurso del odio” no está protegido por la libertad de expresión ideológica», se lee en un texto de El País sobre casos relacionados y publicado en 2016.

Allí se explica un poco sobre la discusión acerca de lo que algunos especialistas consideraban ya entonces penas desproporcionadas en relación a las faltas cometidas, en algunos casos parecidos al de Hásel y en otros donde, por ejemplo, se celebraba atentados de grupos como ETA o se humillaba a sus víctimas. Para el momento, lo común era que los acusados admitieran la falla y aceptaran hacer alguna reparación de acuerdo con el tribunal y así se evitaban la pena de cárcel.

Esa sentencia de 2015 quedó en suspenso, se podría decir que un beneficio para él por ser su primera vez. Pero hay más.

Existen otras dos decisiones por otros delitos en juzgados de Lleida que están recurridas y no son firmes. Y otra: «Además, el rapero está imputado en una quinta causa por los sucesos acaecidos en 2018 ante la Subdelegación del Gobierno de esta ciudad catalana tras conocer la detención en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont».

En junio de 2020 un tribunal de Lleida lo condenó a 6 meses de prisión y no por sus palabras: fue acusado de lesiones tras agredir, en 2016, a un periodista de TV3 durante la cobertura de eventos sucedidos en la Universidad de Lleida. Y, luego, a los pocos días, otro juzgado local le impuso dos años y medio de prisión (más una multa) por agredir a un hombre que fue testigo en un juicio en el que resultó absuelto un Guardia acusado de agredir a un menor amigo de Hásel. Estas son las dos sentencias recurridas y que siguen su curso.

Pero además el rapero es investigado -explica El País– «por su presunta participación en el intento de asalto a la subdelegación del Gobierno de Lleida del 25 de marzo de 2018, en protesta por el arresto de Puigdemont en Alemania».

Que no haya mordazas

El enaltecimiento al terrorismo es definido como la defensa o apología a organizaciones criminales o a sus actividades. En este caso, se asume que quien hace esta defensa o apología se alinea con las acciones. Es un delito tipificado en el artículo 578 del Código Penal de España y acarrea penas de prisión de 1 a 3 años, multas, y la legislación contempla otras penas accesorias a criterio del juzgado.

Se considera como un subtipo agravado de enaltecimiento del terrorismo cuando los mensajes son difundidos a través de medios de comunicación y cualquier servicio de transmisión electrónica o vía internet o a través de cualquier tecnología de información.

El 9 de febrero pasado el gobierno español anunció que estudia una reforma del Código Penal para eliminar los considerados «delitos de expresión», entre los que se cuentan el de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el delito de odio, injurias a la Corona y a otras instituciones y los delitos contra los sentimientos religiosos.

Claramente, se busca corregir una situación que ha devenido en excesos y con juzgados demasiado atareados en estos casos. Pero además hay una intención específica de desligar la tipificación en cuanto a las expresiones artísticas, culturales e intelectuales: los «excesos verbales» cometidos en estos contextos quedarían al margen del Código Penal.

El Ministerio de Justicia hizo otra precisión: se trata de que en «los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión» solo se castiguen conductas «que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad».

Tras el anuncio del 9 de febrero, la coalición de izquierda Unidas Podemos anunció que presentará una propuesta de reforma más radical que elimine los delitos de injurias a la Corona, injurias a las instituciones del Estado, enaltecimiento del terrorismo y los delitos contra sentimientos religiosos. Todos entran dentro de la categoría de «delitos de expresión», algo que el Derecho moderno busca, precisamente, eliminar por su potencial de aplicación autoritaria y amordazan. ¿Suena familiar?

Esto, seguramente, también le parecerá «incomprensible» al canciller venezolano: que el Código Penal y las leyes en general dejen de utilizarse como mordaza y hasta los adversarios más procaces tengan libertad de expresarse. Como Hásel, a quien seguramente veremos muy pronto -más rápido de lo imaginado- fuera de prisión. ¿Apoyará Arreaza que ocurra algo similar aquí? Esa sí sería una verdadera sorpresa.